El 11 de julio de 2024, Santiago Abascal anunciaba que Vox abandonaba todos los gobiernos regionales y autonómicos donde formaba coaliciones con el Partido Popular. El motivo, además del pacto entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial, fue la acogida de 347 menores migrantes desde las comunidades autónomas. El PP cumplió la ley y la ultraderecha rompió los pactos. Un año después, Vox está al alza en las encuestas y según el último sondeo del CIS alcanzaría el 18,3% de los votos. 

La cuestión de los menores migrantes se ha convertido en un tema incómodo para Alberto Núñez Feijóo, que ha llevado a su formación hasta un lugar lleno de contradicciones. Mientras los conservadores enmendaban esta semana la gestión migratoria del Gobierno, desde Ceuta, gobernada por el PP, se ignoraban las críticas y se declaraba la contingencia migratoria, una medida contemplada dentro del real decreto recién aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez y que ha sido fuertemente criticado por los de Feijóo. Pese a las voces discordantes en el seno del partido, sus propios dirigentes han tardado unas horas —el martes el Consejo de Ministros aprobaba el decreto para derivar menores migrantes– en acogerse a la norma. 

Ceuta, gobernada por el popular Juan Jesús Vivas, denunció este jueves no dar abasto con su capacidad —asegura tener solo 27 plazas y atiende a 520 menores— y desoía así el discurso oficial que se ha sostenido desde Génova.  "La unidad del mensaje no se ha roto— defendía Carmen Fúnez, vicesecretaria del PP—. En Ceuta tienen circunstancias muy complejas por ser frontera con Marruecos y trasladamos todo nuestro apoyo al presidente", declaraba durante el jueves para restar importancia a la pérdida de influencia de la postura de Feijóo sobre los dirigentes autonómicos.

El Partido Popular de Feijóo ha dado tantas alas a los discursos agresivos de Vox y ha promovido tanta hostilidad contra Sánchez que ahora se encuentra en terreno pantanoso. Llevar hasta el final su negativa a la acogida de estos menores significaría ver a Vox presumir de haber llevado al PP hacia sus postulados, pero tarde y a regañadientes. Y llevar a cabo el reparto sin alzar la voz contra el Gobierno serviría a los ultras para ahondar en la premisa de que el PP es una muleta del actual Gobierno. De esta forma, si se oponen con contundencia, actuarían como Vox, y si no lo hacen, serán tachados de cómplices.

Vox quiso lanzar hace un año un órdago al Partido Popular después de haber recorrido juntos la senda de oposición total al Gobierno de Sánchez. Abascal utilizó entonces los menores migrantes como elemento para distanciarse del PP de Feijóo. Lejos de reconducir la situación, ahora los populares siguen estancados en el mismo dilema, que obliga a las autonomías a cumplir la ley y tener que entenderse con Moncloa, mientras desde Génova se ataca a Sánchez, una discordancia que Vox utiliza para ganar espacio en su discurso ultra y sirve al PSOE para visibilizar las contradicciones del PP. Y todo porque Feijóo se niega a rebajar el tono contra Sánchez, al que en los últimos meses ha elevado como corrupto y mafioso.

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Oposición a la ley y aceptación de la misma

El Gobierno aprobó esta semana en su real decreto una fórmula bajo la cual cada autonomía deberá cubrir 32 plazas por cada 100.000 habitantes. De esta forma, Andalucía deberá atender 2.827 plazas; Catalunya, 2.650; Madrid, con 2.325, Comunitat Valenciana (1.767); Galicia (886), Castilla y León (783), Canarias (737) y País Vasco (731), Castilla-La Mancha (692); Murcia (517); Aragón (441); Balears (406); Extremadura (344); Asturias (331); Navarra (223); Cantabria (194); y La Rioja (107), además de Melilla y Ceuta, con 28 y 27 plazas, respectivamente.

Aunque las más afectadas por la crisis migratoria reconocen con su actitud la necesidad de aplicar el real decreto del Gobierno, comunidades del PP han recurrido ante la Justicia e incluso la Comunidad de Madrid presentó esta semana un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo (el tercero) para intentar paralizar el real decreto. Pero la posición que el Partido Popular intenta mantener en común se fractura desde los lugares fronterizos donde gobierna. Además de Ceuta y Canarias, donde gobierna con Coalición Canaria, Marga Prohens, presidenta de Balears y también del PP, ya ha contemplado públicamente acogerse a la contingencia incluida en el real decreto para que la comunidad quede excluida del reparto.

Desde el Partido Popular intentan cambiar el foco del debate y cargar culpas sobre el Gobierno central. Fuentes del Comité de Dirección de Feijóo aseguran que Sánchez utiliza a los menores migrantes como un "arma política para polarizar" y que si de verdad quisiera llegar a acuerdos se sentaría con las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Sin embargo, la Conferencia Sectorial de Infancia de julio, lugar donde debatir y repartir fondos para la crisis migratoria, no se pudo llevar a cabo porque los gobiernos del PP boicotearon la reunión, no acudieron y dejaron plantado al ministerio de Sira Rego.

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Jose Carmona

En este contexto, el Gobierno de España encuentra así un filón donde puede apretar al PP sin salir mal parado. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democracia, recordó esta semana que, tras la aprobación del real decreto, la comunidad autónoma que incumpla la ley tendrá que vérselas con las autoridades policiales: "En el caso de que la comunidad autónoma de destino se negara a hacerse cargo de la persona menor de edad (...) podrán recabar la ayuda de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad", reza la ley. El Partido Popular solo ha podido salir a condenar las palabras del ministro en RNE, pero no se ha atrevido a tomar ninguna acción más allá de reprochar las palabras al ministro, al que han acusado de "chantaje".