El PP tiene una doble vara de medir. El pasado viernes todo el partido cerró filas para desvincular a su vicesecretaria de Organización, Ana Mato, de la trama de corrupción que afecta a su ex marido y ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, imputado por el juez Garzón en el caso Gürtel. 'Ha pasado ya tiempo desde que las mujeres somos independientes de nuestros maridos. Lo que hace un marido no arrastra a la mujer, gracias a Dios', dijo entonces la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. El líder del PP de Andalucía, Javier Arenas, y también el vicesecretario de comunicación, Esteban González Pons se apresuraron a defenderla.

Pero los conservadores olvidan que su partido recusó a la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas, porque su esposo, el profesor Jesús Leguina Villa, había elaborado por encargo de la Generalitat un dictamen que sirvió de base para redactar el Estatut de Catalunya.

Ocurrió el 2 de noviembre de 2006. El partido de Mariano Rajoy lo hizo para que Casas no interviniera en la decisión que tuviera que adoptar el alto tribunal sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el principal partido de la oposición contra la reforma estatutaria. Para lograr ese objetivo, al PP no le pareció mal destacar el vínculo matrimonial y menos aún hacer responsable a Casas de la actividad de su cónyuge.

Pero no se salió con la suya. El Pleno del TC rechazó por unanimidad la recusación. La decisión fue adoptada por 9 de los 12 magistrados que lo integran, ya que en la deliberación y votación no participaron ni Casas ni los otros dos vocales recusados, Pablo Pérez Tremps y Roberto García Calvo.

En el PP prefieren no entrar a comparar situaciones. Y eso que no es la primera vez que se enfrentan a una contradicción. Como recordó hace unos días este diario, los conservadores también desataron una cacería verbal en junio de 2008 contra la presidenta del TC por una conversación telefónica que ésta mantuvo con una abogada investigada por el asesinato de su marido. Casas, que le dio unos consejos, desconocía esta circunstancia.

El Supremo no vio delito alguno en este asunto. Pero Rajoy exigió explicaciones 'cumplidas e inmediatas' y afirmó que ese capítulo 'afectaba al crédito' de la institución. Aquello contrasta ahora con el silencio que la dirección del PP mantiene sobre los dos encuentros que, según desveló Público, hubo entre el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, (CGPJ), Fernando de Rosa y el presidenete de la Comunidad Valenciana. El asesoramiento en este caso no ha levantado ninguna autocrítica.

Hoy los focos volverán a centrarse sobre Mato porque en la Junta Directiva Nacional del PP será designada coordinadora de la campaña de las europeas. Cuando la semana pasada El Mundo publicó que Francisco Correa regaló un Jaguar valorado en más de 52.000 euros a Sepúlveda, la número tres del partido se vio en un gran apuro. El PSOE reclamó una explicación y Mato se limitó a decir que no tenía constancia de 'nada' sobre el automóvil. Su ahora ex marido lanzó un comunicado para desmentir la información y explicó que en diciembre de 1999 le dio un BMW suyo a Correa y le abonó la diferencia entre ambos vehículos.

Hay varios dirigentes del PP que piensan que a Rajoy le quieren hacer 'daño' atacando a alguien de su equipo y de su absoluta confianza. Y con Mato le buscan las cosquillas. No sólo por su marido. En la época de la que se está hablando ella era la coordinadora de Participación y Acción Sectorial. Y su mano derecha era Francisco Camps.

El PSOE estudia llevar a la Comisión del Estatuto del Diputado, que se reúne este lunes en el Congreso, las actividades laborales del diputado y ex ministro del PP José María Michavila, cuyo bufete asesoró a tres imputados por el ‘caso Gürtel’: el dimitido alcalde de Boadilla, Arturo González Panero; el también dimitido regidor de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, y el empresario José Luis Ulibarri. La Comisión, que vela por la compatibilidad de las actividades de los parlamentarios, no tiene facultad para investigar cómo desarrolla su actividad el despacho de Michavila ni tampoco puede entrar a valorar cuestiones penales. De manera paralela, este órgano seguirá con atención las diligencias abiertas por el Congreso sobre dos letrados de la Cámara vinculados al bufete de Michavila por si afectan al ex ministro. ‘Público’ adelantó el pasado 25 de febrero que dos letrados de las Cortes, Alberto Dorrego y Andrés Jiménez, son socios de bufete del diputado conservador.