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PP y Cs recortan en Andalucía un tercio del presupuesto para memoria histórica entre acusaciones de "inacción"

Después de un año y medio de gestión, tanto las asociaciones memorialistas como la oposición –PSOE y Adelante Andalucía– han acusado a la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, de "parálisis" y de "dejadez"

Fotografía de la exhumación en la Puebla de Cazalla.- ARCHIVO DE JUAN MANUEL GUIJO
Fotografía de la exhumación en la Puebla de Cazalla (Sevilla).- ARCHIVO DE JUAN MANUEL GUIJO

raúl bocanegra

Entre las numerosas partidas presupuestarias que el Gobierno de Andalucía, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, ha decidido tocar para habilitar dos fondos millonarios dedicados a paliar los efectos de la pandemia de la covid y el parón económico, está la destinada a las políticas de memoria histórica.

El tajo que ha metido el Ejecutivo que dirige Juanma Moreno (PP) es relevante, de al menos de un tercio. Según consta en dos documentos de transferencia de créditos elevados por el consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP), a Consejo de Gobierno, el recorte, sumadas todas las partidas, asciende como mínimo a 419.000 euros, cuando el presupuesto total –incluidos los salarios– para estas políticas era ligeramente superior a 1,5 millones para todo el año 2020.

Los documentos recogen que "los créditos que causan baja no serán necesarios en el ejercicio actual con la finalidad para la que fueron autorizados inicialmente" y "que sí alteran los objetivos e indicadores de los programas afectados". Es decir, que las modificaciones presupuestarias son definitivas y que como mínimo, habría que esperar al año que viene para recuperar lo perdido.

"Estas transferencias tienen un claro matiz ideológico, eliminando partidas completas que imposibilitan el desarrollo de la ley de memoria atendiendo a las demandas del grupo parlamentario que sustenta el gobierno, Vox", aseguró a Público el diputado del PSOE, Javier Fernández.

El recorte llega en un momento en que se acaba de producir el nombramiento, en plena emergencia sanitaria, de Francisco Javier Arroyo como comisionado para la Concordia, la nomenclatura pactada por PP y Vox y asumida por Ciudadanos, para definir las políticas de memoria histórica y democrática.

Para poder asumir el Gobierno, Moreno cerró con Vox, entre otras cosas, la sustitución de la Ley de Memoria por otra de Concordia. Por el momento, el PP no ha dado detalles sobre si va en serio con este asunto o no. El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, manifestó en su momento que quería un consenso mayor que la anterior, que se aprobó sin votos en contra.

La participación de Vox hace presagiar un fracaso si el Gobierno opta por llevar hasta el final la tesis del consenso manifestada inicialmente por Bendodo. Ciudadanos no participa del acuerdo entre PP y Vox y su voto sería decisivo si el PP se viera forzado por Vox a dar pasos hacia una nueva ley sin contar con la izquierda.

Después de un año y medio de gestión de estos asuntos, tanto las asociaciones memorialistas como la oposición –PSOE y Adelante Andalucía– han acusado a la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, de "inacción", de "parálisis" y de "dejadez". Del presupuesto del año 19 para memoria, Cultura solo ejecutó un 30%, según publicó el periodista Juanmi Baquero esta semana en eldiario.es.

En Andalucía, según el mapa de fosas de la Junta, hay al menos 708 fosas con 45.566 personas represaliadas por el régimen militar. De ellas, se han exhumado hasta ahora 186. 

Pacto con la ultraderecha

Este martes, se produjo en el Parlamento de Andalucía un debate sobre memoria entre la diputada de Adelante Andalucía Ana Naranjo, que quiso saber las razones del nombramiento del comisionado, y la consejera Del Pozo. "En materia de memoria tenemos inacción y dejadez desde que usted llegó aquí. Tenemos cierto estupor por decirlo suavemente. Está desactivada la memoria democrática por su pacto con la ultraderecha", le espetó la diputada.

Naranjo remachó: "No tiene prisa para las exhumaciones. Con la excepción de Pico Reja [en Sevilla, en la que la Junta colabora con la Diputación y el Ayuntamiento] no hay ninguna otra exhumación abierta. Ha cortado todas las subvenciones en investigación. No ha ejecutado el presupuesto más allá del 30%. Ha amparado la reversión al callejero franquista. Su consejería no se ha coordinado con las asociaciones memorialistas. ¿Para qué va a servir el comisionado de la Concordia? ¿Concordia con quien? ¿Con la equidistancia, con el negacionismo? ¿Es para esa ley que nos van a imponer?"

Del Pozo replicó: "Para mí la concordia fundamentalmente es dar consuelo a las familias que lo requieran. No he puesto a ningún político al frente de la memoria. A la memoria no hay que politizarla. Es un funcionario que tiene que gestionar, y para su nombramiento se ha utilizado un procedimiento con total transparencia. [El comisionado] tiene un currículum brillante y dilatada experiencia".

La consejera añadió: "Lo que no es normal es que durante el confinamiento el gobierno de Sánchez e Iglesias haya nombrado a 96 personas a dedo en solo 5 meses. Eso no es normal. Y usted no pregunta por eso. Esto no le interesa. En plena pandemia. A dedo. Por la puerta de atrás. Y usted no pregunta por eso. Esto no le interesa. En la mayor crisis de la historia, ¿y usted me pregunta por el comisionado de la concordia?".

Día de la memoria

El próximo 14 de junio es el día que la ley andaluza fija como de recuerdo de las víctimas de la dictadura y del golpe militar del 36 que acabó con la II República. La fecha tiene como origen que ese día, de 2003, se realizó el primer intento de exhumación pública de una fosa común del franquismo en la Comunidad, en la localidad granadina de Lecrín.

Cada año, el grupo Recuperando la Memoria Histórica de Andalucía, del sindicato CGT, uno de los primeros que se ocupó de estos asuntos en la Comunidad, elabora un informe sobre el estado de las políticas de memoria. En el último balance, enviado a los medios esta semana, se dice lo siguiente: "Este año se puede caracterizar con una sola palabra: parálisis".

"La inacción en cuanto a la Memoria Histórica ha sido sin duda la característica más notoria de este periodo. Esta inacción lo es a distintos niveles: inacción de una administración autonómica que ni cree en la necesidad de reparar a las víctimas de la dictadura ni va a hacer en esta materia nada sin que se le presione para ello", afirma el grupo.

"Esta parálisis –prosigue CGT– también afecta a la convocatoria de subvenciones, que lleva varios meses de retraso en su resolución. Como otras tantas cosas, tememos que la riada del virus se haya llevado el presupuesto y no se reponga. Así, nos quedaremos con la duda de si un proyecto memorialista de referencia en Andalucía, y en todo el Estado, como es Todos (…) los Nombres se pudiera quedar fuera de dicha convocatoria".

El grupo de trabajo agrega: "La última noticia que hemos tenido de la Administración Autonómica ha sido la del nombramiento para Comisionado para la Concordia de una persona absolutamente desconocida para el movimiento memorialista. Interpelada la Consejera por el perfil escogido, la única razón que ha dado es que se trata de "una persona estupenda", aunque lo único estupendo del asunto es el sueldo aparejado al cargo".

Y remacha: "Sobre la denominación concordia, es hora de decir algo al respecto: para que haya concordia, si es que queremos que la haya, que ese es otro debate, primero ha de haber verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Ese término intenta poner en el mismo plano a víctimas y verdugos,. Entendemos el nombramiento y el cambio de denominación como la punta del iceberg de las intenciones de la Junta: acabar con todo atisbo de política de dignificación con las víctimas del franquismo y la asunción de postulados revisionistas que, aunque desacreditados histórica, social y jurídicamente, son aceptados por la base electoral de la derecha y la extrema derecha parlamentaria".

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