El Partido Popular intenta dar una imagen de contundencia ante la corrupción desde ayer. Sus dirigentes quedaron noqueados al destaparse la operación Púnica a primera hora de la mañana y la detención de quien fuera hombre fuerte de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, y seis alcaldes madrileños, junto a dos empresarios conseguidores muy vinculados al PP en Madrid y Valencia.

Por eso, ayer, pasadas las primeras horas de desconcierto, la dirección nacional salió a anunciar la suspensión de militancia de todos los detenidos, un gesto sin precedentes en la calle Génova, así como la obligación de dejar de sus puestos institucionales según se vayan confirmando los hechos de los que se le acusan.

Los indicios son tan graves, explican fuentes conservadoras, que la militancia de los encarcelados era insostenible, además, al confirmarse la intención de lucro personal mediante el cobro de comisiones. 'Una auténtica mafia', subrayaban ayer en el PP.

Por la tarde, el Comité Nacional de Derechos y Garantías, órgano sancionador del PP, se reunió, por un lado, para ejecutar la suspensión de militancia de los implicados en la Púnica; por otro, el partido envió un segundo comunicado (otro gesto inédito en quienes hasta hace días optaban por el silencio o el 'respeto a las decisiones judiciales') en el que confirmaba que Rodrigo Rato, imputado por el uso de tarjetas opacas en la presidencia de Caja Madrid, y otros 12 militantes quedaban fuera del partido al aceptarse su solicitud de baja. Según el PP, sin embargo, no se trata de una expulsión, aunque la presión sobre el exvicepresidente de José María Aznar para que se fuera indique lo contrario.

El PP, sin embargo, tiene su principal obstáculo para mostrarse más contundente en Mariano Rajoy. La dirección lo admite: no se puede estar hablando de cifras macroeconómicas mientras el partido se levanta todos los días con amargas sorpresas en los tribunales.

Para muestra, este último fin de semana el PP celebró una intermunicipal con presencia de alcaldes y presidentes de Diputación; entre ellos, el leonés Marcos Martínez, detenido ayer por la Guardia Civil y que en el foro celebrado en Murcia hace dos días aparece muy sonriente junto a Dolores de Cospedal, número dos de Rajoy.

Rajoy: los corruptos en el PP 'no son 46 millones'

También han generado malestar las palabras del presidente del Gobierno el sábado dando a entender que los corruptos en el PP 'no son 46 millones'. El PP cree que ésa no es la sensación de los ciudadanos, sino la de que todos son corruptos y 'el que no la hace es porque no se le presenta la oportunidad'.

El partido mira pues, hoy, a La Moncloa, aunque con pocas esperanzas. El exsecretario general del PP, Ángel Acebes, está compareciendo esta mañana como imputado ante el juez Pablo Ruz por haber ordenado presuntamente la compra de acciones de Libertad Digital con dinero de la caja B del partido.

Álvaro Lapuerta, el extesorero de entonces (2004-2008), ya ha admitido esa compra en una carta enviada al magistrado de la Audiencia Nacional de la que se ha hecho eco la Cadena Ser. Lapuerta, que hoy también se ha negado a declarar ante Ruz, dice que esa compra no se hizo con dinero del PP.

Lo coherente, admiten los conservadores, sería la suspensión de militancia de Acebes si Ruz le mantiene hoy la imputación. Sin embargo, también señalan que admitir la culpa del exministro del Interior sería admitir la propia responsabilidad de Rajoy, que fue quien le puso al frente del partido.

En cualquier caso, también fue el jefe del Ejecutivo quien puso a Luis Bárcenas al frente de la tesorería y a Rato al frente de Caja Madrid y Bankia. Rajoy estará esta tarde en el Senado, aunque podría volver a esquivar a la prensa saliendo por el garaje.