"Lo prioritario ha sido salvar el Estado del bienestar en plena crisis. No hemos cerrado ningún centro de salud". Este ha sido el único argumento que ha sostenido la portavoz del grupo parlamentario del PP, Macarena Montesinos, para defender la decisión del Consell presidido por el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, de cerrar Radiotelevisió Valenciana (RTVV) el pasado 29 de noviembre, un paso que no tiene precedentes en España.

La diputada valenciana, conocida por su vehemencia y verbo fácil, ha completado su defensa con ataques personales hacia algunos de los diputados de la oposición, en concreto Ximo Puig, socialista, y Toni Cantó, de UPyD. Su recurso ha generado una gran algarabía en el hemiciclo con intervenciones adicionales, por alusiones, de Puig, visiblemente indignado por las palabras de la portavoz conservadora, y de Cantó.

Toda esta polémica se ha generado a cuento del debate de una proposición no de ley (PNL) suscrita por todos los grupos de la oposición de la Cámara baja (el PNV no la ha firmado, pero la ha apoyado) en la que se insta al Gobierno a que, "en el ámbito de sus competencias", colabore con la Generalitat Valenciana "garantizando el mantenimiento de RTVV". Osea, a que haga posible la reanudación de las emisiones tanto de la televisión como la radio autonómica silenciadas desde finales de noviembre tras unos esperpénticos acontecimientos que dieron la vuelta por todo el mundo.

La iniciativa parlamentaria fue adoptada cuando el cierre de RTVV se había anunciado y, tras una enmienda conjunta, el nuevo texto solicita directamente la intervención del Gobierno central para adoptar "las medidas oportunas para revocar su cierre". Este texto fue calificado por Montesinos en su intervención como una "injerencia" hacia las competencias autonómicas, extremo que afeó expresamente tanto a socialistas como a las formaciones nacionalistas -especialmente ERC- que la apoyaban.

El debate, al que asistieron desde la tribuna de invitados varios miembros del comité de empresa, algunos integrantes del Consejo de administración de la empresa extinguida y trabajadores del ente público llegados desde Valencia, fue encendido desde el primer momento. Puig, que es también secretario general del PSPV-PSOE, aseguró que "ni el Gobierno ni el Congreso pueden ser ajenos a un cierre que es claramente inconstitucional", palabras que apoyó en el hecho de que el Tribunal Constitucional, ayer, y el TSJCV hoy mismo hayan admitido a trámite sendas denuncias presentadas por los socialistas contra la decisión unilateral adoptada por el presidente Fabra.

"El cierre supone una recentralización y una ofensa a la protección de nuestra lengua. Cuesta más cerrarla que tenerla abierta con una buena gestión", ha agregado en tono muy enojado. "Lo que no puede ser es gestionar tan mal hasta crear un déficit de 1.300 millones y manipular la información como lo han hecho ustedes", ha dicho dirigiéndose a la bancada popular. Los diputados Ricardo Sixto, de IU, y Joan Baldovó, de Compromís, ambos valencianos, se han empleado también a fondo en las críticas al PP.

"Cuesta más cerrar RTVV que tenerla abierta con una buena gestión"

"En 1984 la ley de creación de RTVV fue votada por todos -incluso la entonces Alianza Popular- y ahora su cierre solo lo ha votado el PP", ha dicho Sixto. Según Baldoví, "ustedes los del PP se están convirtiendo en los sepultureros de la autonomía", ha dicho al tiempo que ha mostrado una pancarta de un niño dependiente, a cuya familia la administración autonómica le adeuda las prestaciones reconocidas, en una reciente manifestación en la que podía leerse: "Ara tendrá diners per a la dependencia?" ("¿Ahora tendrá dinero para la dependencia?") aludiendo al argumento de Fabra de tener que cerrar RTVV para evitar la clausura de escuelas y centros de salud.

Tanto Tardá (ERC) como Surroca (CiU) han criticado duramente la decisión del cierre, especialmente el primero, concentrando su denuncia en la marginación de la lengua cooficial. "Ustedes tratan al País Valenciano como una colonia", ha sentenciado Tardá. Pero ha sido el diputado de UPyD, Toni Cantó, también valenciano, quien ha generado parte de las iras de la portavoz del PP. Cantó, que ha reconocido una cierta contradicción, ha criticado en términos duros la mala gestión del PP en RTVV, haciendo un alegato a la desaparición de las televisiones autonómicas tal y como están concebida o, en su caso, con una estructura "sostenible", ha dicho.

La conservadora Montesinos, que también es portavoz de su grupo en la comisión de control de la corporación de RTVE, ha llegado a decir que Puig alcanza "la desvergüenza" de criticar la gestión de RTVV "cuando usted siendo jefe de gabinete del presidente Lerma controlaba la escaleta de los informativos y presionó a un trabajador de informativos por la información elaborada". A Cantó le ha afeado que cobrase 130.000 euros en dos temporadas cuando fue contratado por Canal 9 en calidad de actor mientras denunciaba con un misil físico el déficit de RTVV".

Esto ha generado una reacción airada de Puig, por entender que "la señora diputada del PP ha recurrido a las alusiones personales porque no tienen el coraje ni la vergüenza de defender su decisión". A su vez, ésta ha intervenido -llegando a importunar incluso al propio presidente Posada con su actitud mientras era jaleada desde su bancada- para insistir en sus críticas. Finalmente, Posada, visiblemente incómodo, ha zanjado el debate pasando a un nuevo punto del orden del día. Evidentemente, la PNL fue derrotada por la mayoría absoluta del PP en la cámara.