Francisco Espinosa (Villafranca de los Barros, Badajoz, 1954) comenzó a investigar el golpe militar, la represión y la guerra civil en los años ochenta, antes de que surgiera el movimiento memorialista. Los familiares de los desaparecidos le propusieron como asesor en el frustrado sumario abierto por el juez Baltasar Garzón. Sigue reivindicando la historia ante la ocultación. La memoria frente a la impunidad del olvido.

¿Cómo valora la visita del Grupo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU?
Es importante que haya estado en  España. La noticia ha recorrido todos los medios y aunque el Gobierno haya intentado no hablar del asunto, quiera o no, se ha visto tocado por ello. Creo que la representante del Grupo, Jasminska Dzumhur, después de lo que vio y escuchó, y del material que se le proporcionó, se podrá hacer una idea de lo ocurrido. El informe que publicaron tras la visita fue contundente. Ahora lo que queda por ver es la efectividad que puede tener este Grupo en un caso como el español, ya que la normativa de la ONU le impide tratar casos anteriores a su creación en 1945. Lo sabremos el año que viene. 

¿La conciencia social ha sido paralela a la labor de los historiadores?
No. A finales de los setenta, cuando se dieron los primeros pasos para acceder a los archivos, la sociedad no estaba interesada. Sin embargo, cuando se publicaban libros sobre el golpe y la represión, se agotaban, porque versaban sobre un tema que se consideraba prohibido. También influyó el hecho de que, con la llegada del PSOE al poder en el 82, y al contrario de lo que se podía esperar, se produjo una reafirmación de que había que olvidarse del pasado. Ese mensaje se impuso durante años. El cambio de signo coincidió con la salida del PSOE y la llegada del PP. El movimiento memorialista se formó entre 1997 y 2002, y es entonces cuando se gestó cierta colaboración entre la historia y la memoria. Su eclosión alcanzó hasta 2008, cuando el Poder Judicial cortó de raíz la iniciativa de las organizaciones que se involucraron en el auto dictado por el juez Garzón. El movimiento asociativo quedó muy dañado.

Los testigos de aquel periodo son ahora muy mayores
Esta idea de que lo que nos importaba era el futuro evitó que los propios protagonistas dieran abiertamente su testimonio. Recuerdo que tras la publicación de algunos de mis trabajos, antes de la irrupción del movimiento en pro de la memoria, la gente se asombraba de poder ver listados con sus familiares y vecinos asesinados. Allí estaba a la vista el pasado que se había silenciado, y para ellos estos libros tenían un valor parecido al de un acta de defunción. Los historiadores sabemos que la memoria forma parte de la historia. Cuando consultas informes o sumarios de los consejos de guerra, te das cuenta de que aquello era la punta de un iceberg, y sólo a veces logras acceder a la zona oculta. En España, el momento de hablar nunca llegó. Muchos testigos han muerto sin poder contar sus vivencias.

¿Por qué se continúa guardando silencio?
Existen una serie de razones, algunas muy claras. Cuando se produce el final del fascismo en Europa, en España no ocurrió nada, y posteriormente, con la guerra fría, el régimen se perpetuó. Aunque existió una fuerte crítica de la ONU, se permitió que la dictadura prosiguiera, y que al final fueran el propio dictador y la oligarquía beneficiada por el régimen, con la supervisión de la CIA, los que trazaran por dónde iba a ir el futuro. En España no ha habido posibilidades de plantearse las cosas como se hicieron en Europa, donde sí hubo una catarsis y un cierre. Esa situación aquí no se ha dado, ni durante la Transición, ni después de ella. Por eso existe una derecha que nunca ha reconocido el franquismo. Incluso algunos de sus dirigentes han realizado declaraciones en el sentido de que fue un régimen que, a pesar de que no permitía elecciones, tuvo elementos positivos. Desde esta posición, no hay posible evolución, porque no ha habido ruptura. Se trata de una continuidad permanente, y no se plantea la validez y la legalidad de este proceso. Así ha sido hasta ahora, cuando ha empezado a cambiar.

¿Y qué hizo la izquierda?
No hizo nada. Simplemente, se adaptó. Intercambiaron poder por legitimidad. Los que vivimos aquella época sabíamos, evidentemente, que la dictadura era muy potente todavía. Fue un intercambio desigual. La derecha proporcionaba poder, y la  izquierda dilapidó la fuerza y la dignidad acumuladas en la dictadura. Las voces discrepantes fueron neutralizadas.

El número de desaparecidos oscila entre 100.000 y 150.000. ¿Es una cifra fiable?
Moverse con números siempre es fácil, y se requiere bastante esfuerzo para que esa cifra represente algo. En un trabajo que coordiné en 2010 para la editorial Crítica recogí todo lo que se había ido publicando sobre represión en distintas regiones del país, desde los ochenta hasta ahora. Después de extraer toda esta información llegué a 130.199 víctimas. Una cifra que aumentará si se sigue investigando. Sin embargo, los números de la represión que sufrió la derecha van a cambiar poco, porque se conocen. Son 49.000 personas, y existe una amplia documentación que puede confirmar caso por caso, pueblo por pueblo y comunidad por comunidad. Se pueden conocer los nombres de las víctimas, los testimonios de los familiares, y hasta los nombres de los culpables. Sin embargo, el problema es la represión que afectó a los otros. La dictadura intentó que quedara el menor rastro posible y todavía hoy no está claro qué fondos documentales existen, ni dónde se encuentran.

Entonces, ¿es más peligroso el silencio o la ocultación?
Vivimos en un país en el que no sabemos qué hay realmente en los archivos. Por ejemplo, parte de los documentos que tenían los militares en las auditorías de guerra y la información de la que disponía la Policía y la Guardia Civil en sus archivos, aún no han aparecido. Un acuerdo secreto del Consejo de Ministros tomado en tiempos de Zapatero y Moratinos mantiene que no se puede solicitar documentación considerada peligrosa, y remiten a la Ley de Secretos Oficiales de 1968 que, aunque modificada, sigue siendo básicamente la misma. Otro caso fue el de la desclasificación de 10.000 documentos militares, fechados entre 1936 y 1968. Los historiadores nos preguntamos cómo era posible que todavía estuviesen clasificados, cuando eso va contra la Ley de Patrimonio Histórico Español, que marca un plazo de 50 años a partir de su fecha para la consulta. Ese proyecto lo inició la ministra de Defensa Carme Chacón, pero no llegó a pasar por el Congreso y tras la llegada del PP, el nuevo ministro dijo que si su antecesora en el cargo no lo había considerado oportuno, por qué había de hacerlo él. ¿Qué documentos pueden ser éstos, de los años 36, 37, o 38, que atentan contra los intereses del Estado o a la seguridad nacional? Estamos intentando llegar a ellos a través de una abogada especializada en acceso a la información, pero todavía no sabemos el final de este asunto. Diversos partidos han preguntado al Gobierno y lo último que hemos leído es que parece que se está pensando en desclasificarlos. A ver si es cierto.

Ha afirmado que la represión no fue una consecuencia de la guerra, sino que formaba parte del proyecto de la sublevación.
El primer objetivo del golpe fue el terror y la paralización de la población, para que no opusiera resistencia. Pero no lo consiguieron, y el golpe derivó en guerra. Lo que parece claro es que los cinco años de República significaron tal provocación por las medidas que intentó tomar, y por las reformas que afrontó, que decidieron acabar con ella. Esto se percibe cuando se contempla la parte del país en la que triunfa el golpe: todo el occidente peninsular, desde Galicia hasta Cádiz, toda la zona de Aragón, Navarra, Baleares, Canarias. Ahí no se produjo ninguna guerra civil, porque lo que se dio fue un golpe que arrasó poblaciones y eliminó a alcaldes, concejales, cargos sindicales y a todas aquellas personas que consideraron contrarias. Hasta los nazis les aconsejaron realizar consejos de guerra, que se establecieron de forma generalizada a partir de febrero de 1937, y se prolongaron hasta 1945, e incluso más, por la resistencia guerrillera de finales de los cuarenta.

La ley de Memoria Histórica supedita la búsqueda de los desaparecidos a la iniciativa civil. ¿Por qué no la asume el Estado?
Porque se tendría que asumir la matanza fundacional del franquismo: que aquí sucedió como en Chile y en Argentina, en Honduras y El Salvador. Un golpe de Estado que para imponerse acabó con la vida de miles de personas, y que el franquismo se edificó sobre esa base. Muchos, incluidos del ámbito intelectual, están de acuerdo en que los restos de los desaparecidos deben exhumarse y entregarse a los familiares. Pero al mismo tiempo, han estado en contra de todo el movimiento de memoria y la investigación de la represión. La negativa a que se tomen medidas de sentido común no sólo viene desde el PP, sino también desde el PSOE. Esa es también una de las razones por las que no se ha avanzado realmente, porque tanto unos como otros están de acuerdo en cuestiones básicas. La primera de ellas es que la Transición es un valor permanente fuera de duda. Tratar de establecer lazos con la última experiencia democrática, la Segunda República, está vetado, porque el único referente debe ser la Transición.

¿La actuación de las administraciones en el cementerio malagueño de San Rafael es un ejemplo a seguir?
Allí no lo han hecho mal. Pero el caso del cementerio de Málaga es peculiar. Esa ciudad se ocupa en febrero del 37, y fue la primera en la que actuó la Fiscalía del Ejército de Ocupación con sus consejos de guerra. Constituían una farsa, pero al menos dejaban rastro: sentencias, certificados médicos, oficios a los juzgados, actas de defunción. En Málaga se sabe quienes murieron en San Rafael, y lo que se va a hacer es dignificar sus restos con la colaboración de los familiares. La Fiscalía actuó en todas las ciudades a partir de entonces. Pero, en general, toda la primera fase del golpe, de julio del 36 a enero del 37, se hizo a partir de bandos de guerra. Es posible identificar a las víctimas cuando se trata de fosas con muy pocas personas, como ha sucedido en localidades pequeñas de Castilla y León. Pero en pueblos extremeños y andaluces, de 15.000 o 20.000 habitantes, con cientos de desaparecidos, no se puede.

¿Confía en que la Plataforma por la Comisión de la Verdad o la querella argentina cristalicen?
Uno procura no ser demasiado pesimista, porque la propia realidad te lleva a ello. Las iniciativas que se han emprendido en este sentido han fracasado todas. Primero aquí, porque el caso Garzón se cerró con la negativa del Tribunal Supremo a que en España se pudiera revisar la justicia franquista. Tampoco en los tribunales europeos ha prosperado. En cuanto a la Comisión de la Verdad, espero que se llegue a hacer. Sobre la conexión argentina, y la posible solución que podría venir por ahí, hay tantas esperanzas como dudas. Parece realmente complicado que en un Estado como el español se puedan producir fisuras que permitan revisar los crímenes de los golpistas y de la dictadura.