MADRID.- El Pleno del Senado ha rechazado hoy , con los votos del PP, los ocho vetos presentados al proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, en un largo debate de más de cinco horas en el que toda la oposición ha mostrado su rechazo porque "recorta" derechos, "amordaza" la protesta y recuerda a "tiempos pasados".

Unos argumentos que han reiterado los portavoces de los grupos de la oposición al defender los vetos presentados por Amaiur, ERC, Izquierda Unida, Entesa (2), PNV, CiU y PSOE, y que ha rebatido el senador del PP Luis Aznar, quien ha reiterado que se trata de un texto "garantista".

"El PP y el Gobierno sabemos de qué lado estamos. Al lado de las víctimas, de los ciudadanos que respetan la ley y la convivencia y de los que pacíficamente se quieran reunir y manifestar", ha zanjado Aznar.

Durante el trámite del Senado, el texto, que ha sido notablemente suavizado con respecto al primer anteproyecto que presentó el Ministerio el Interior en 2013, los diferentes grupos han presentado 225 enmiendas, aunque sólo unas pocas se han aprobado.

Devoluciones en caliente

Entre ellas, una enmienda del PP a uno de los aspectos más polémicos del texto: la disposición adicional que modifica la Ley de Extranjería para dar cobertura legal a las entregas en frontera de inmigrantes, las denominadas "devoluciones en caliente".

Ya enmendada en el Congreso, la Cámara Alta ha introducido en la disposición nuevos párrafos para señalar que el rechazo en frontera se realizará "respetando" la normativa de derechos humanos y para indicar que las solicitudes de asilo se formalizarán en la oficinas habilitadas para ello.

Otra de las enmiendas aprobadas en el trámite del Senado rebaja los plazos de prescripción de las infracciones y los establece en seis meses, un año y dos años según sean, respectivamente, leves, graves o muy graves.

También se aprobó otra modificación para sancionar a las prostitutas si no observan el requerimiento de los agentes para que se abstengan de ofrecer sus servicios en zonas próximas a lugares destinados al uso por menores.

PSOE:"Vuelven ustedes a querer controlar las calles"

En el debate, el senador socialista Enrique Cascallana, que ha echado de menos, como otros portavoces, la presencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la Cámara, ha considerado que la ley es "innecesaria", recorta las libertades, ignora la situación de corrupción y retorna al modelo pasado de orden público.

"Vuelven ustedes a querer controlar las calles", ha subrayado Cascallana, quien ha censurado la "discrecionalidad" que la ley concede las fuerzas de seguridad "sin mecanismo de control alguno" y ha augurado problemas de constitucionalidad cuando entre en vigor.

Desde CiU, Jordi Miquel Sendra, ha asegurado que si una ley concita tanto consenso en su contra es porque el Gobierno "alguna cosa está haciendo mal", aunque al PP su "prepotencia" le impide verlo, a la vez que ha calificado de "patada en el trasero" la legalización de las "devoluciones en caliente".

Por la Entesa, Joan Saura ha visto en la ley una "criminalización de la protesta" enmarcada en la política "autoritaria" del PP, mientras que Rafael Bruguera la ha asimilado a la de orden público de 1959 y ha dicho que se trata de una reforma ideológica para "disuadir a los ciudadanos del ejercicio de sus libertades".

ERC: "EL Gobierno culmina su gran obra recortadora de derechos"

Ester Capella, de ERC, ha indicado que se trata del "último eslabón de una trilogía represiva en manos del PP" que "culmina su gran obra recortadora de derechos", y Jesús Iglesias, de Izquierda Unida, ha considerado que se trata de dejar a la sociedad "inerme, sin capacidad de reacción limitando sus posibilidades de rechazo" a las políticas de "recortes".

Iñaki Anasagasti, del PNV, entiende que el texto es una "perversión de la noción de orden público", en tanto que la senadora de Coalición Canaria María del Mar del Pino Julios cree que con él "se tiran por la borda en un abrir y cerrar de ojos los derechos conseguidos".

En opinión de Amalur Mendizabal, senadora de Amaiur, la ley busca "disuadir la protesta criminalizando a organizadores y participantes porque el Gobierno quiere blindar el espacio publico" y se "vale de la razón de la fuerza y no de la fuerza de la razón".