Público
Público

El PP tumba una propuesta del PSOE para que Patrimonio no pague gastos por el funcionamiento de la Casa del Rey

La iniciativa ha contado con el apoyo de Unidos Podemos y la abstención de Ciudadanos en una sesión en la que no estaban presentes ERC, PNV ni PDeCAT. De haber acudido y apoyado la moción, ésta habría salido adelante.

Publicidad
Media: 0
Votos: 0

El rey Felipe VI, en su despacho del Palacio de la Zarzuela, durante su mensaje navideño.

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha rechazado este jueves, con los votos del PP, una propuesta del PSOE para que Patrimonio Nacional deje de pagar los gastos propios del funcionamiento de la Casa del Rey de manera que éstos sean atendidos directamente por la alta institución.

La iniciativa ha contado con el apoyo de Unidos Podemos y la abstención de Ciudadanos en una sesión en la que no estaban presentes ERC, PNV ni PDeCAT. De haber acudido y apoyado la moción, ésta habría salido adelante, puesto que PSOE, Unidos Podemos y los nacionalistas suman 18 votos, frente a los 17 del PP. En concreto, lo que se ha rechazado era una propuesta de resolución al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, correspondiente a 2013. Los socialistas defendían que los gastos propios del funcionamiento de la Casa del Rey los pagase la propia institución y que, para ello, se aprobasen las modificaciones presupuestarias y la dotación de recursos humanos necesarios. Con su propuesta, los socialistas retomaban una idea esbozada por el propio Tribunal de Cuentas en el borrador de su informe que remitió a Patrimonio para que hiciera las alegaciones oportunas.

Los socialistas retoman una idea esbozada por el propio Tribunal de Cuentas en el borrador de su informe que remitió a Patrimonio

En ese anteproyecto de informe, el fiscalizador destacaba la "relevante prestación de servicios a la Familia Real con recursos propios del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional", que, según la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda, "correspondería atender propiamente a la Casa del Rey".

El tribunal citaba, entre otras cosas, el personal de servicio y la administración de los bienes privados. Además, señalaba que a 31 de diciembre de 2013, Patrimonio Nacional contaba con una plantilla de 1.573 personas y de los que "muchos puestos funcionarios y laborales, más la práctica totalidad del personal eventual" eran de "especial confianza y libre designación" y prestaban sus servicios mayoritariamente en el área restringida de la zona de alta seguridad de las residencias de la Familia Real en el complejo de La Zarzuela, así como, en menor medida, en otras residencias".

Sin embargo, Patrimonio replicó que "no se corresponde con la realidad" que "una gran parte" de su plantilla sea "personal de confianza destinado en las residencias de la Familia Real" y concretó que total, entre laborales y eventuales, en el Palacio de la Zarzuela no prestaban servicio más de 122 personas.

Convenio para la gestión de bienes privados

Además, Patrimonio Nacional subrayaba que la prestación de servicios a la Corona "deriva, desde luego, de los fines legales del Consejo de Administración de Patrimonio" pero que, además, esta también se contempla en la propia normativa reguladora de la Casa de Su Majestad.

Tras estas alegaciones, en el informe finalmente aprobado, el Tribunal de Cuentas se limita a constatar la existencia de una "relevante prestación de determinados servicios a la Corona" que "no está formalmente y en su totalidad prevista en la vigente normativa", pero sin el añadido de que debería ser la Casa del Rey la que se ocupara de pagar esos servicios, como añadía el PSOE.

Eso sí, en sus conclusiones el fiscalizador recalca que en varias estancias gestionadas por Patrimonio "se custodian bienes identificados por el Consejo de Administración de Patrimonio como bienes privados de la Familia Real y recomienda que, dada la naturaleza privada de los mismos, "su custodia y gestión deberían ser objeto de regulación normativa o encauzarse en su caso a través de un convenio de colaboración entre Patrimonio y la Casa del Rey".

Más noticias en Política y Sociedad