La polémica sobre si se debe desarrollar ya la ley orgánica de la Corona que se cita en la Constitución (art. 57.5: 'Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica') ha ido más allá del debate entre partidos y se ha colado en el seno del PP, concretamente, para dividir al partido y al Gobierno. Ayer por la mañana, durante la presentación del libro Sin complejos, de Borja Sémper (PP vasco), el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, negó la necesidad de regular el papel del príncipe en momentos como el actual, cuando el rey entra por quinta vez en el quirófano en año y medio y el heredero no tiene capacidad de sustituirle en sus funciones de jefe de Estado. Todo está bien como está para Gallardón, pero minutos después, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, apoyaba un debate sobre esta norma evitada durante 35 años apelando a la 'modernización de las instituciones'.

Posiciones tan opuestas como las de Alonso y Gallardón -y, sobre todo, la manifestación pública tan evidente de las mismas- no constituyen una excepción, sino que empiezan a ser más frecuentes en el seno del PP -en toda su amplitud de partido y Gobierno- conforme avanza la legislatura. El ministro de Justicia ya protagonizó una controversia más enconada que la de ayer con Alonso cuando anunció a bombo y platillo una reforma de la ley del aborto más restrictiva aún que la de 1985, al suprimir el tercer supuesto o supuesto eugenésico (malformaciones o taras -físicas o psíquicas- en el feto). El malestar que generó esta propuesta en las filas del PP -que creen que el ministro fue demasiado lejos en su esfuerzo por contentar a los grupos pro-vida y a la Conferencia Espiscopal- le obligó a posponer la modificación de la ley de 2010, aunque ha anunciado ya que este año tendremos nuevo proyecto de ley, aún sin estar claro hasta dónde está dispuesto a llegar.

Cristóbal Montoro soportó ayer también la contestación dentro de sus propias filas, cuando el presidente valenciano, Alberto Fabra, anunció en las Cortes autonómicas su intención de rebajar los impuestos. Toda una respuesta en sentido opuesto a las políticas del ministro de Hacienda, que haciendo trizas los compromisos del programa electoral del PP, optó por subírselos a los españoles. Tampoco la actitud de Fabra contraviniendo al Gobierno y, en particular, a Montoro, es una novedad: en junio, el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, anunció rebajas fiscales, y este mismo mes, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y la alcaldesa de la capital, Ana Botella, se comprometieron a hacer lo mismo. El titular de Hacienda es, en realidad, uno de los ministros de Mariano Rajoy más cuestionados entre los conservadores. A la polémica por las subidas o bajadas de impuestos, suma el debate sobre el déficit a la carta para las autonomías o la financiación autonómica, sobre todo, ahora que entre los presidentes del PP, hay sospechas fundadas de que se quiera beneficiar a Catalunya en este sentido para aplacar las ansias soberanistas de Artur Mas.

El desencuentro del ministro de Educación, José Ignacio Wert, con el PP -al que no pertenece- ya viene de lejos. El diseño de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) fue un auténtico suplicio para los responsables del PP en las comunidades autónomas, que apenas fueron informados de las intenciones de Wert y se encontraron con contenidos inasumibles para sus intereses. Concretamente, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, llegó a anunciar públicamente en diciembre de 2012 su intención de presentar una 'queja' ante el titular de Educación, Cultura y Deporte por no haber informado a su partido de la inclusión de la imposición del castellano en la Comunidad dentro de la última versión de la LOMCE. Ya entonces, la número uno del PP catalán era sólo la punta de un iceberg de quejas que la dirección nacional del PP había recibido de varios de sus consejeros de Educación en las autonomías que gobierna y que culminaron con la marcha atrás del ministro en varios puntos del texto de la LOMCE.

Wert tiene, además, la batalla en su propia casa, pues el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle -que ha mostrado en varias ocasiones sus discrepancias con su 'número uno', por ejemplo, con la subida del IVA cultural-, es un hombre de partido y de mucha confianza de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. En el PP afirman, de hecho, que si Wert no lo ha sustituido es porque no puede, ya que sus relaciones son 'francamente malas'.

Ana Mato es otro de los viacrucis reconocidos del PP. A los asuntos de gestión del Departamento que dirige, el de Sanidad -el copago farmacéutico ya ha sido contestado por varios barones, como el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera-, la ministra suma su delicada situación en el entramado corrupto Bárcenas-Gürtel con o sin su exmarido, Jesús Sepúlveda, pues pocos en el partido admiten ya que, estando en la piel de Mato y con todo lo que se ha publicado sobre los pagos de la trama al ocio de la familia Sepúlveda-Mato, habrían actuado como ella: con la máxima, silencio y a mantenerse. Es más, algún conservador ha manifestado más de una vez su convicción de que la ministra le presentó su dimisión a Rajoy, pero éste no la aceptó. La cuestión, razonan las mismas fuentes, es que empieza a vislumbrarse una brecha entre un sector del PP favorable a los cambios orgánicos y ejecutivos y otro -que incluye al presidente del Gobierno- partidario de capear el temporal dejando las cosas como están.