Prácticas universitariasEl Congreso da el primer paso para acabar con los abusos que sufren los becarios

Este martes se vota en el Congreso de los Diputados el trámite para aprobar la propuesta de Ley para regular la situación de las prácticas laborales universitarias. La propuesta fue presentada por Unidos Podemos el pasado julio y ahora se debate para intentar sacar adelante una regulación que impida las prácticas o "becas en fraude": estudiantes en empresas que, con el objetivo de formarse en su campo, acaban ejerciendo tareas propias de un trabajador, pero sin remuneración ni derechos.

Entre la propuesta, está aprobar un Estatuto del Estudiante en Prácticas que obligue a las empresas a pagar a los estudiantes el Salario Mínimo Interprofesional calculado en proporción con las horas trabajadas, así como otras medidas que eviten los abusos que se cometen a día de hoy en estos periodos.

La iniciativa es la plasmación legislativa de la proposición no de ley que se aprobó el pasado marzo en la Comisión de Empleo del Congreso, secundada por todos los grupos parlamentarios a excepción del PP. Para este martes se cuenta con las mismas previsiones por lo que todo apunta a que el Congreso formalizará así el inicio de un proceso sobre la regulación de las prácticas universitarias.

Las prácticas curriculares nacieron como un complemento formativo que podría facilitar la inserción laboral. Sin embargo, la precariedad juvenil y laboral, la falta de regulación sobre ellas y las consecuencias de la crisis económica, han dado paso a una serie de consecuencias que degradan las condiciones de la juventud.

González, de Unidos Podemos: "Los jóvenes se ven obligados a aceptar prácticas en vez de trabajo"

"La falta de regulación es una de las brechas de la elevada tasa juvenil de paro. Es como una pescadilla que se muerde la cola porque los jóvenes se ven obligados a aceptar prácticas universitarias en vez de trabajo.", explica Segundo González, diputado de Unidos Podemos, a Público. La realidad es que las diferencias entre prácticas y trabajo cada vez se hacen más difusas para la juventud. No para las empresas que están siendo las grandes beneficiadas ya que en la mayoría de ocasiones no pagan a ninguno de los estudiantes. De hecho, el estudio The experience of traineeships in the EU publicado por la Comisión Europea, indica que el 61% de los y las estudiantes en prácticas en España no reciben una compensación económica por las mismas.

Sin embargo, el problema no está sólo en la falta de remuneración, también en las graves consecuencias que tiene sobre la precariedad juvenil: el bajo poder adquisitivo que conlleva una tardía emancipación e independencia, imposibilita acceder a una vivienda, la emigración... Tanto es así que otro estudio, el último informe de la OCDE sobre la situación de los becarios en Europa, confirma que el 67% de los jóvenes que hace prácticas ni siquiera lo hace durante el periodo académico ya que continua realizándolas una vez que ya es titulado. 

El 61% de los estudiantes en prácticas no reciben una remuneración por las mismas

Las consecuencias no sólo afectan a los estudiantes. También al resto de trabajadores ya que hay empresas que utilizan a éstos como sustitutos de trabajadores. El encadenamiento de prácticas curriculares, extracurriculares, no laborales y contratos de formación, da como resultado que los jóvenes no accedan al empleo pero que, tras tanto tiempo en una empresa, realice funciones propias de un trabajador pero sin derechos laborales y casi sin remuneración.

La propuesta de ley lucha contra todas estas condiciones, e incluye el Estatuto de Estudiantes en Prácticas, elaborado por la Oficina Precaria, que lleva años reclamando la regulación de esto. Un estatuto que, como explica el portavoz de la Oficina a Público, Eduardo Ocaña, garantiza prácticas formativas y dignas. 

Prácticas con derechos y remuneradas

La propuesta de ley propone una cuantía mínima para el período de prácticas curriculares: una cuantía no inferior al Salario Mínimo Interprofesional vigente, calculado en proporción a la duración de las prácticas. Con la subida de este año éste es de 707,70 euros en 14 pagas. 

La propuesta pide que los estudiantes reciban una remuneración no inferior al Salario Mínimo

También se pone énfasis en los departamentos donde los estudiantes desarrollarán las prácticas. Primero, exigiendo que tenga una clara relación con los estudios cursados. Y segundo, que al menos un trabajador desarrolle sus funciones en el mismo horario para que el periodo sea realmente formativo.

En cuanto al trabajo, los becarios tendrían sus prácticas en un horario comprendido entre las 8.00 y las 22.00 horas, es decir, no podrían hacer bajo ningún caso horario nocturno. Asimismo, se obliga a que haya un descanso "ininterrumpido" de 48 horas a la semana. Durante los periodos lectivos, el máximo de trabajo sería de cinco horas diarias y de 25 a la semana, mientras que en periodo no lectivo se elevaría a las 7 horas diarias y 35 semanales.

Creación de empleo y límites en las empresas

La ley propuesta también establece un número máximo de becarios por empresa: 1 estudiante en empresas que cuenten de uno a diez trabajadores, dos estudiantes para las que tengan de 11 a 30, tres en las que hay entre 21 y 59. Y un máximo no superior al 5% de la plantilla en las que hay más de 60 trabajadores. 

También se tiene en cuenta que todas las prácticas deben estar vinculadas al plan de estudio, lo que implica que sean "evaluables" y que consten en el expediente académico del estudiante. De esta forma, las únicas prácticas que se pueden realizar son las "curriculares": se derogarán las no laborales, una modalidad igual de precaria que las prácticas universitarias, pero orientadas a los ya titulados. 

De esta forma, se busca que estos periodos también orienten a los jóvenes en su incorporación al mercado laboral, cambiando así la situación actual: al 45% de los estudiantes no les ofrecen contrato, ni tan siquiera la renovación de beca o extensión de las prácticas, una vez acabado el período de las mismas. Mediante estas medidas, como señala González, no se resolverán todas las problemáticas que afectan al paro y precariedad juvenil, pero sí se trata una de las grandes brechas.