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Precios del alquiler El Parlament catalán da luz verde a la ley que limita el precio de los alquileres

La norma obligará a congelar o bajar el precio de los alquileres en las zonas con "tensión" residencial de las 60 ciudades catalanas con más de 20.000 habitantesCiudadanos, PSC-Units y PPC han votado en contra porque creen que es una ley "electoralista" e "inconstitucional".

El president Quim Torra durant la sessió de control del 9 de setembre. Marta Sierra | ACN
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, durante una de sus intervenciones este miércoles en la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament. Marta Sierra | ACN

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Tras no pocas dificultades, Catalunya obligará a congelar o bajar el precio de los alquileres en las zonas con "tensión" residencial de las 60 ciudades catalanas con más de 20.000 habitantes, aunque quedarán exentos los arrendadores "vulnerables", considerándose como tales a los que ingresen menos de 2.000 euros mensuales.

El Parlament ha aprobado este miércoles por la tarde una ley pionera para regular los alquileres en la comunidad gracias al "sí" de JxCat, ERC, los comunes y la CUP, que han impulsado la norma junto al Sindicat de Llogaters (sindicato de inquilinos) y la Generalitat.

Ciudadanos, PSC-Units y PPC han votado en contra porque creen que es una ley "electoralista" e "inconstitucional", pues un organismo consultivo catalán ya ha advertido de que contiene varios artículos que vulneran competencias estatales.

Cuatro diputados del PDeCAT, por su parte, han roto por primera vez la disciplina de grupo con JxCat y han rechazado el grueso del texto porque, en su opinión, no protege al "pequeño propietario" ni incentiva la oferta.

La iniciativa, que según el Sindicat beneficiará a cinco millones de personas, pretende facilitar el acceso a la vivienda, que según el Centro de Estudios de Opinión es uno de los principales problemas para los catalanes.

Y es que en ciudades como Barcelona, los precios que afrontan los inquilinos se han disparado un 40% en los últimos cinco años y a principios de año, según datos de la Generalitat, el precio medio de los nuevos contratos superó por primera vez los 1.000 euros, más o menos lo mismo que cobran la mitad de los menores de 30 años que viven en la capital catalana.

La ley catalana quiere acabar con la "pesadilla" que para muchos supone la renovación de un contrato de alquiler: en las zonas con tensión residencial no se podrán incrementar las mensualidades, e incluso se tendrán que bajar si están por encima de la media de alquileres de la misma zona.

En el caso de las viviendas que se alquilen por primera vez, el precio se tendrá que ajustarse al índice fijado por la administración para cada zona.

La obra nueva queda fuera de estas limitaciones, como también los arrendadores "vulnerables", es decir, aquellos cuya unidad familiar ingrese menos de 2.000 euros -2,5 veces el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC)- mensuales.

Se considerarán "áreas con un mercado de vivienda tenso" las que cumplan uno de estos tres requisitos: que el precio de los alquileres presente un crecimiento sostenido notablemente superior a la media catalana, que los arrendatarios tengan que destinar más del 30 % de sus ingresos a pagar las mensualidades, y que el precio del alquiler haya subido tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años.

Difícil aprobación

Pese a contar con el apoyo de más de 4.000 entidades, el camino de la ley hasta su aprobación no ha sido fácil: JxCat la enmendó pocos días después de haberla firmado –según el resto de impulsores para diluirla– y el acuerdo para salvarla se ha alcanzado in extremis, pocas horas antes de la votación.

Tampoco está claro cuál será el futuro de la norma, que contiene varios artículos que vulneran la Constitución, según el Consell de Garantías Estatutarias.

Si el Gobierno de Pedro Sánchez toma la iniciativa e impugna la ley, esta quedará suspendida de inmediato una vez se admita a trámite el recurso; si quien recurre es un grupo parlamentario, como el PP, la norma seguirá en vigor hasta que el Tribunal Constitucional resuelva.

Así pues, la incógnita es ver qué hace el Gobierno de Sánchez, integrado por una de las formaciones que apoyan la iniciativa –los comunes, vinculados a Unidas Podemos– y otra que está en contra: los socialistas.

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