El presidente en funciones del Supremo pide que la crisis del CGPJ no sirva para "obtener ventajas políticas"

El presidente en funciones del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, ha centrado su mensaje de inauguración del año judicial este jueves en el escenario "desolador" del Alto Tribunal al que le ha llevado la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde hace casi cinco años debido a la "falta de concertación política", que "cercena la independencia del Poder Judicial". 

La no renovación "en tiempo y forma" "no deja de ser una manera de cercenar la plenitud de esa independencia, del mismo modo que lo es mantener al más alto tribunal de la nación en una situación crítica, casi de respiración asistida", ha dicho Marín. 

Francisco Marín Castán ha vertido constantes críticas a los partidos, sin citar al PSOE ni al PP. "El buen funcionamiento de la Justicia debe ser un asunto de Estado, y cuando ese buen funcionamiento está en entredicho todos los actores políticos deben ser conscientes de que las altas responsabilidades que el pueblo soberano les ha confiado están por encima de los intereses partidarios". 

El presidente en funciones del Supremo ha confesado sentir "una profunda tristeza" por la situación del Poder Judicial y ha

reclamado "un verdadero compromiso democrático de cooperación leal

entre los diferentes actores políticos" y ha pedido que se abstengan "de todo comportamiento que de alguna manera pueda erosionar la consecución del mencionado objetivo" porque, de otro

modo, "la democracia, y en consecuencia el Estado de Derecho, corren un serio riesgo". 

Marín Castán se ha preguntado si es compatible con la normalidad democrática la existencia de un CGPJ cuyo mandato lleva agotado casi cinco años y la de un Tribunal Supremo cuyos efectivos se hallan mermados en más de un 30% y algunas de cuyas salas se hallan al "borde del colapso".

Precisamente la jubilación este jueves de un magistrado de la Sala Quinta deja la cifra de 23 vacantes en el Supremo.

Se ha referido a que "la primera víctima de esta situación es sin duda el justiciable: ciudadanos y ciudadanas, empresas e instituciones públicas y privadas que están viendo cómo la tutela de sus derechos consagrados en la Constitución se ve mermada de forma inadmisible. 

Ha manifestado que "nadie debería caer en la tentación de aprovechar la ocasión para obtener ventajas políticas. Se haría un flaco favor a la democracia si se dejara pasar la oportunidad de despolitización y de concertación en el seno del Consejo General del Poder Judicial ante una situación tan crucial como delicada". 

Insta a que pese a que la designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo "es urgente" no se haga "de manera apresurada, sino con prudencia y reflexión, de modo que la necesaria incorporación de savia nueva se acompase, sin trastocarlo, al funcionamiento de una institución que supera los dos siglos de historia".