BILBAO.- El presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Hasier Arraiz, ha admitido su pertenencia a ETA al haber integrado la Mesa Nacional de Batasuna por lo que admite que la formación abertzale estaba supeditada a la banda terrorista como estableció la Ley de Partidos que en 2002 ilegalizó al brazo político de los terroristas. A pesar de ello, Arraiz ha criticado aquella norma por crear "un escenario político perverso" y ha defendido que continuar con su actividad política era "una obligación ética".

Durante el juicio que se sigue contra él en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) el presidente de Sortu -partido en cuyos estatutos se condena la violencia de ETA, pero sólo en el caso de que se produzca en el futuro- ha defendido que con la Ley de Partidos muchas personas "de este país" consideraron que se estaban persiguiendo "ideas políticas, y se ponía en peligro un proyecto político independentista y de izquierdas".

"En ese contexto y escenario político perverso, continuar con su actividad política era una obligación ética. Y eso es lo que hemos hecho", ha añadido. Además, ha asegurado que el escenario político "ha cambiado mucho en este país para bien", desde octubre de 2011, cuando ETA decidió abandonar su actividad armada. En este sentido, ha dicho que él y otras "muchas personas también procesadas en este sumario", participaron con su actividad política para "ese cambio de escenario".

Arraiz ha realizado estas manifestaciones cuando la Sala le ha ofrecido tomar la palabra al finalizar el juicio que se celebraba contra él en el TSJPV por supuesta pertenencia a ETA al haber formado parte de la clandestina mesa nacional de Batasuna.

Al inicio de la vista oral, el procesado ha manifestado su "conformidad" con los hechos que se le imputan, ha renunciado al uso de la violencia y ha mostrado su compromiso a contribuir a la reparación de las víctimas. El Fiscal, que, en un principio, pedía seis años de cárcel para el acusado, ha llegado a un acuerdo con el abogado Iñigo Iruin, por el que ambos reclaman dos años de prisión e inhabilitación para cargo público en los ámbitos local, provincial, autonómico, estatal y europeo.

Por su parte, la AVT ha pedido 10 años de prisión para Arraiz, pero plantea, de manera alternativa, 5 años de cárcel al tener en cuenta el atenuante de dilaciones indebidas. Finalmente, Dignidad y Justicia ha mantenido su solicitud de 10 años de prisión.

De este modo, en caso de ser condenado a dos años tras su pacto con la Fiscalía, Arraiz eludiría su ingreso en la cárcel, algo que, según ha dicho, puede servir para que otros también puedan "dar pasos y se puedan abrir, por fin, las puertas de las prisiones". Las cárceles españolas y francesas acogen todavía a cerca de 400 condenados por delitos relacionados con ETA, algunos de ellos con largas condenas.

A su juicio, "lo realmente importante es seguir avanzando en la paz y consolidación democrática", situación a la que ellos han "contribuido", y entiende que "esa paz, para ser de verdad, tiene que ser para todos y para todas, aunque, lamentablemente, para todos no va a poder ser porque muchas personas ya no están aquí como consecuencia de las diferentes violencias" que se ha sufrido en las últimas décadas.

Hasier Arraiz cree que a todas esas personas se les debe "la memoria, el reconocimiento, la reparación" y espera que, en la medida de lo posible, su actitud política "sirva para el alivio del sufrimiento que les ha dejado la ausencia de sus seres queridos". En su opinión, "la paz tiene que ser para todos y todas", al igual que la convivencia "en la práctica tiene que ser entre todos, y para eso, hay que estar todos y todas".

"Creo que cada vez somos más las personas de este país las que queremos unir esfuerzos para avanzar hacia la paz y la convivencia democrática. Y quienes somos responsables políticos es una obligación ética", ha aseverado y ha pedido ante el TSJPV "memoria, reconocimiento y reparación" para las víctimas que han perdido la vida por las consecuencias "de las diferentes violencias" que se han vivido en las últimas décadas.

A su salida del juicio ha afirmado que sería "incongruente" que su futuro fuera diferente al del resto de sus "compañeros", dirigentes de la izquierda abertzale condenados el pasado mes de enero en la Audiencia Nacional a penas que no superan los dos años de cárcel tras haber alcanzado también un acuerdo con la Fiscalía en el que admitían que Batasuna seguía instrucciones de ETA.

Asimismo, ha señalado que el hecho de ser aforado como consecuencia de su condición de parlamentario, no puede acarrearle beneficios, pero tampoco debería perjudicarle. Preguntado por la decisión que puede tomar la Sala de lo Penal del TSJPV, ha reconocido que lo desconoce, pero ha incidido en que "lo que ha quedado hoy claro es que esto no tenía demasiado sentido".

"En mi calidad de aforado, mi caso se ha desgajado del resto del sumario, pero sería bastante incongruente que mi futuro fuera diferente al del resto de mis compañeros", ha indicado en referencia al acuerdo alcanzado por 35 miembros de la reconstruida Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV) en la Audiencia Nacional el pasado mes de enero.

Por otro lado, ha remarcado que "para todo" la justicia ha sido "bastante lenta" y se ha retrasado nueve años desde su imputación y once desde la apertura del sumario.

"No sé si la sentencia llegará antes de que acabe la legislatura. Espero que ahora no coja toda la prisa que no ha demostrado en todos estos años la Justicia", ha indicado, para añadir que es "accesorio" que, con una condena, tuviera que abandonar su cargo de parlamentario de EH Bildu. No obstante, ha incidido que en el caso de ser, finalmente, inhabilitado, tampoco podría estar incluido en las listas de EH Bildu para las próximas elecciones autonómicas de otoño.