SEVILA.- La endiablada dinámica política de España está a punto de zarandear la aparente estabilidad del Gobierno andaluz de Susana Díaz, que se sustenta en un cómodo acuerdo con Ciudadanos. El partido de Albert Rivera está negociando los Presupuestos andaluces de 2017 a dos bandas: en una mesa se sienta con el Ejecutivo de Díaz, y en otra con el PP andaluz, principal partido de la oposición.

La posición bisagra y equidistante de la formación naranja le permite compatibilizar su papel de socio necesario del PSOE-A, a la par que abre la puerta a las políticas del PP, que por primera vez en la historia autonómica podrían encontrar hueco en las cuentas andaluzas. Un presupuesto diseñado por un Gobierno socialista en minoría que incorpora propuestas de dos partidos de derechas, mientras el resto de formaciones de izquierdas, Podemos e IU, observa desde la bancada de la oposición.

La presidenta de la Junta necesita los votos de Ciudadanos para cerrar antes de tres semanas la ley más importante del año, la que dibuja las políticas e inversiones que pretende acometer el Gobierno autonómico el año que viene sobre un montante de unos 30.000 millones de euros. A Díaz no le hace gracia el “equilibrismo político” de sus socios, pero confía en desactivar la nueva “alianza provisional PP-Ciudadanos” antes de llevar el anteproyecto de ley de los Presupuestos al Consejo de Gobierno, a finales de este mes.

Los socialistas se sienten “a gusto” en el pacto con el partido naranja, pero entienden que la nueva estrategia de Rivera en Andalucía tiene mucho que ver con el giro copernicano de sus alianzas en Madrid: de pactar una investidura fallida con el ex secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a pactar la investidura en ciernes de Mariano Rajoy.

Los socialistas se sienten “a gusto” en el pacto con el partido naranja

Este tsunami político ha redibujado la lucha de partidos en Andalucía. Hace ahora un año, PSOE y Ciudadanos sellaron su primer acuerdo presupuestario de legislatura en un momento muy convulso, poco antes de las elecciones generales del 20 de diciembre. Por entonces, Rivera ya había trazado el perfil de su formación, equidistante del PSOE y del PP, de ahí que hiciera coincidir su apoyo a los presupuestos de Susana Díaz en Andalucía con el respaldo a las cuentas de la popular Cristina Cifuentes en Madrid.

Con ese doble juego, Rivera intentaba neutralizar las críticas de unos y otros, presentándose como moderador, árbitro, garantía de “que se aplicarán políticas razonables y de que se fiscalizará a dos gobiernos manchados por la corrupción”.

La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, con sus homólogos de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, Asturias, Javier Fernández, y Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en el desfile militar del Día de la Fiesta Nacional, en Madrid. EFE/Javier Lizón

Andalucía fue la primera comunidad en aprobar sus presupuestos autonómicos para 2016, un acuerdo que ofreció una imagen de estabilidad política y económica al Gobierno en minoría de Susana Díaz. Ésta no tardó un segundo en utilizarlo como un aviso a navegantes para otras comunidades donde el PSOE había optado por gobernar en minoría apoyándose en Podemos: Extremadura, Castilla La Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana, regiones que por entonces seguían sin tener aprobados sus presupuestos, y que fluctuaban con las exigencias del partido morado. Ya asomaba el rechazo visceral de Díaz a la formación de Pablo Iglesias.

Pero también la estrategia del PP andaluz es distinta. Hace un año, los populares presentaron una enmienda a la totalidad al Presupuesto de 2016, que fue rechazada en el Parlamento, y luego registraron 556 enmiendas parciales, todas tumbadas. Los populares, que se habían dejado un 15% de su electorado en las filas de Ciudadanos, acusaron a éstos de “servir de muleta” al Gobierno de Susana Díaz.

Susana Díaz utilizó su pacto con C's en el Presupuesto de 2016  como un aviso a navegantes para otras comunidades donde el PSOE se apoy en Podemos

Y así han estado los dos partidos conservadores en Andalucía, atizándose mutuamente en el Parlamento, hasta que que Rajoy y Rivera han sellado un preacuerdo de gobernabilidad. Ahora el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, le ha tendido la mano al portavoz de Ciudadanos en esta comunidad, Juan Marín, para que éste sirva de correa de transmisión de las políticas populares en la negociación que tendrá con el PSOE para pactar el Presupuesto de 2017. Marín, aunque desconfía del PP andaluz, ha recibido orden de Rivera para que dé cancha a los populares, para visualizar que su posición es “fundamental” para lograr el equilibrio entre las dos grandes fuerzas, “recogiendo lo mejor de cada una”. Entre tanto, los partidos de izquierdas, Podemos e IU, han quedado marginados del debate presupuestario.

Un apoyo cifrado en 620 millones

De momento, a la primera reunión con la consejera de Hacienda, Ciudadanos ha llevado su propia batería de medidas por valor de 620 millones de euros, que sería el precio de su apoyo a los presupuestos. Marín quiere separar sus exigencias de las que acuerde con el PP, que en ningún caso se plantea votar a favor de la próxima ley de Presupuestos.

Las medidas de Ciudadanos incluyen una nueva rebaja fiscal del IRPF, un incremento del 4,7% en el gasto sanitario y educativo, una partida de diez millones para Justicia y otros 25 millones para Dependencia. En conjunto suman 500 millones, a los que habría que añadir los otros 120 millones que costará la reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, una medida que también defendía el PP. La reforma ya pactada se queda lejos de lo que habían planteado los populares (la eliminación total de la tasa), pero es un primer ejemplo de cómo políticas de la derecha se hacen hueco en las cuentas del Gobierno socialista.

La Junta resiste a elimiar el Impuesto de Sucesiones como le pide el partido de Rivera, y que también defiende el PP

Ciudadanos ha negociado con el PSOE la eliminación paulatina de este impuesto casi desde el inicio de legislatura. La Junta se ha resistido a fulminarlo hasta el último momento, alegando que se trata de una tasa que grava, sobre todo, a las capas más adineradas.

En 2015 el número de declarantes en Andalucía fue de 267.553, de los que sólo un 7% (19.487) tuvo que pagar el impuesto de sucesiones. Además, sólo 5.653 de los declarantes familiares directos (de hijos a padres) tuvieron que ingresar por sucesiones el año pasado (2015), según datos de la Consejería de Hacienda. La Junta estima que el impuesto de sucesiones dejará en Andalucía 367 millones de ingresos este año.

Capitalizar la eliminación de este impuesto ha sido una batalla entre las dos formaciones de derecha durante meses. Los populares han presentado dos proposiciones de ley fallidas en el Parlamento para pedir su eliminación (ambas apoyadas por Ciudadanos y rechazadas por el resto) y recogieron 327.000 firmas pidiendo su supresión. Al final la formación naranja le ha arrebatado la iniciativa política al PP, con ayuda del PSOE, acordando con la Junta ampliar a 250.000 euros el mínimo exento de pagar el impuesto de sucesiones, cuyo tope estaba ahora en 175.000 euros. La medida afecta a herencias recibidas de parientes directos y tendrá efecto a partir del 1 de enero de 2017.