Desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, en junio de 2018, siempre esgrimió como uno de sus grandes objetivos afrontar una amplia reforma fiscal. No hubo tiempo en la anterior legislatura y en esta segunda al frente del Ejecutivo se ha decidido darle una patada al balón hacia adelante.

Pese a las presiones de Unidas Podemos que quería la reforma fiscal para este año, nada de ello se contempla en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, más allá del tipo mínimo efectivo del 15% en el Impuesto de Sociedades, una propuesta de la formación morada para apoyar las Cuentas de Estado y que tenía más que asumida la parte socialista del Gobierno, y de unos pequeños ajustes en los planes privados de pensiones. No hay ningún aspecto más en todos los Presupuestos que afecten a la fiscalidad.

Sánchez ya dijo que este año que descartaba incorporar una reforma fiscal a los Presupuestos y que este proyecto quedaría postergado para otros ejercicios presupuestarios. También la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, descartó en todo momento afrontar dicha reforma.

Para el presidente del Gobierno, abordar la reforma fiscal en estos momentos era incompatible con los objetivos del Presupuesto que, según sus palabras, "son recuperar la economía, salir de esta, superar esta pandemia, y modernizar nuestra economía con los fondos europeos". 

La reforma fiscal es uno de los compromisos que ha adquirido el Gobierno y, aunque su diseño concreto es todavía una incógnita (el comité de expertos creado por Hacienda hará en febrero una propuesta que posteriormente tiene que ser debatida con las comunidades autónomas), ya existen una serie de acuerdos que contienen medidas concretas. 

Un acuerdo del Gobierno de coalición

Esta reforma aparece, por ejemplo, en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. El Ejecutivo ya ha cumplido con algunos de los compromisos adquiridos en este documento en materia fiscal, como la creación de las tasas Google y Tobin o el recién incorporado tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para grandes empresas. Pero no se ha pasado de ahí.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró en la rueda de prensa de presentación de los Presupuestos que este tipo mínimo y el propio Impuesto de Sociedades podrían ser modificados tanto por el comité de expertos que estudia la reforma fiscal como por la Unión Europea, si se aprueban directivas: "Esta figura impositiva tiene un bajo rendimiento en todos los países europeos y por eso hay un debate", aseguró.

Sin embargo, existen otros compromisos que el Ejecutivo no ha llevado a cabo. Uno de ellos es el de adoptar medidas para acabar con el denominado "dumping" fiscal de Madrid, que el PSOE firmó con ERC en el acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales de 2021.

Desde Hacienda se ha defendido en muchas ocasiones que el sistema fiscal tiene que ser justo con los ciudadanos, pero también con los territorios. La situación de capitalidad de Madrid permite que esta comunidad tenga niveles de recaudación iguales o mayores a otros territorios con impuestos más bajos y menor presión fiscal, lo que causa un efecto de atracción de empresas y capitales que vacía y provoca deslocalización en otras autonomías.

En este sentido, Montero ha explicado que se pueden llevar a cabo reformas en el impuesto sobre el patrimonio y en el de sucesiones, dos tributos con la recaudación cedida a las comunidades pero regulados por el Estado.

También se han producido debates y desde Unidas Podemos se ha pedido la creación de un impuesto a las grandes fortunas (que en principio se articularía en torno al impuesto sobre el patrimonio), un tributo que para el PSOE, de momento, no está nada claro.

El alcance de todas estas reformas fiscales dependerá de la conclusión de los trabajos del comité de expertos puesto en marcha por Hacienda y, previsiblemente, puede ser objeto de batalla política y tensión en el seno del Gobierno de coalición (y también con los socios parlamentarios del Ejecutivo) el próximo año.

Pero, además, existe otro peligro para que esta reforma fiscal nunca vea la luz, ya que se llevará en el penúltimo año de la legislatura (a finales de 2022)  y a las puertas de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, lo que siempre dificulta un acuerdo para un Gobierno que no tiene mayoría en ninguna de las dos Cámaras.