La actividad en el Congreso arrancó 2020 con la sesión de investidura de Pedro Sánchez que dio lugar al primer Gobierno de coalición de la democracia. Esto fue posible gracias al apoyo del denominado bloque de investidura, una mayoría que aglutina a más de diez grupos y que se ha visto reforzada tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. En este primer año de la XIV Legislatura, la Cámara Baja ha sacado adelante por amplia mayoría 48 iniciativas legislativas parlamentarias a pesar de que su actividad ha estado durante varios meses bajo mínimos debido a la pandemia del coronavirus. 

La situación de emergencia sanitaria obligó a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a suspender casi toda la actividad parlamentaria durante dos semanas. El 24 de marzo, el parlamento retomó su actividad con una imagen insólita, la de la mayoría de los escaños vacíos. Ese día, el Pleno convalidó varios decretos y aprobó la primera prórroga del estado de alarma, un régimen excepcional que se extendió hasta en seis ocasiones.

Desde ese momento hasta la última prórroga del estado de alarma, en junio, la actividad de la Cámara Baja estuvo centrada en aprobar medidas para luchar contra la pandemia. Los apoyos a las diferentes prórrogas fueron tambaleándose a medida que el Congreso debatía una nueva autorización. Este hecho, sumado al apoyo de Cs a esta medida, abrió grietas en el seno del bloque de investidura y puso en riesgo la mayoría progresista que se alcanzó en enero. 

Poco a poco, la Cámara Baja retomó su actividad con el debate de otras iniciativas al margen de la pandemia, cuya agenda ha seguido un ritmo frenético especialmente en los últimos meses del año tras las vacaciones estivales. En total, el Congreso ha dado luz vez a casi medio centenar de iniciativas legislativas, sólo seis menos de las 54 aprobadas durante el primer año de Gobierno de Mariano Rajoy, en 2012. En ese momento, aunque las consecuencias de la crisis financiera de 2008 eran aún latentes, los conservadores afrontaban una situación más favorable a la actual y contaban con mayoría absoluta después de ganar las elecciones de noviembre de 2011. 

Con todo, la Cámara Baja, que también ha albergado en este 2020 la moción de censura fallida de Vox contra Pedro Sánchez y una segunda autorización de prórroga del estado de alarma -hasta el 9 de mayo-, ha sacado adelante diez leyes ordinarias y cuatro orgánicas. Asimismo, ha convalidado 33 decretos ley y un real decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la ley Concursal.

Carpetazo a los Presupuestos de Montoro

Una de las iniciativas más destacadas es la de los Presupuestos Generales del Estado para 2021. El Congreso dio luz verde por una holgada mayoría absoluta a este proyecto de ley, que ha tenido una tramitación exprés, la más breve de los últimos 40 años. Los tiempos también se aceleraron en el Senado, donde el proyecto presupuestario quedó aprobado el pasado martes por 145 votos a favor, 118 en contra y dos abstenciones. Las cuentas del récord en gasto social, que entrarán en vigor el próximo viernes 1 de enero, darán carpetazo a las de Cristóbal Montoro, las más longevas de la democracia al haber sido prorrogadas hasta en dos ocasiones debido a la volatilidad parlamentaria.

En junio, 207 diputados, casi una mayoría de tres quintos de la Cámara Baja (210 diputados), acordaron derogar el artículo 52 d. del Estatuto de los Trabajadores que permitía el despido por acumular bajas médicas en un determinado periodo de tiempo. Esta iniciativa, tramitada en lectura única -una sesión plenaria- es fruto del real decreto convalidado en marzo con el único rechazo de Vox. Tras su aprobación, se decidió tramitar la modificación legal como proyecto de ley, permitiendo así enmiendas de los grupos para intentar modificarlo. Después de pasar por las dos cámaras parlamentarias, esta propuesta fue publicada en el BOE el pasado 17 de julio sin recibir ninguna modificación.

A finales de junio, la Comisión de Hacienda del Congreso ratificó las ponencias y validó los impuestos a las grandes tecnológicas y a las transacciones financieras. Sendas propuestas, conocidas como tasas Google y Tobin, fueron aprobadas en el Senado a primeros de octubre. Estos proyectos de ley han sido los dos primeros grandes pasos del Gobierno ante la reforma fiscal que aún queda pendiente. 

Eutanasia y Lomloe, dos grandes leyes orgánicas

El Congreso dio el visto bueno a la Lomloe el pasado 19 de noviembre. Esta ley orgánica, que ha sido ratificada en el Senado la semana pasada, pondrá fin a la Lomce, conocida como ley Wert, después de siete años de protestas en las calles. La nueva ley educativa, como las anteriores, no ha estado ajena a la polémica y tampoco ha contado con el respaldo de todos los grupos del arco parlamentario, pero sí ha salido adelante con el apoyo de la mayoría absoluta de las dos cámaras. En contra del argumentario lleno de mentiras sostenido por la derecha durante su tramitación, la Lomloe pretende blindar la inmersión lingüística y apuntalar la escuela pública, muy golpeada por los recortes que trajo consigo la Lomce. 

También, la Cámara Baja dio hace dos semanas un paso muy importante para convertir a España en el sexto país en despenalizar y regular la eutanasia. El Pleno aprobó por cerca de una mayoría de tres quintos la prestación de ayuda para morir dignamente. La ley orgánica continuará su tramitación en la Cámara Alta para que entre en vigor a partir de verano. La norma, que sólo ha tenido el rechazo de PP y Vox, contempla todas las garantías tanto para los pacientes que soliciten esta ayuda como para los profesionales que la lleven a cabo.

Por otra parte, de los 33 reales decretos convalidados en este primer año de legislatura, 15 de ellos han sido durante el primer estado de alarma y sirven para hacer frente a los efectos de la pandemia. Entre las disposiciones del Gobierno aprobadas por la Cámara Baja destacan el Ingreso Mínimo Vital, las medidas sociales para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural, la regulación del trabajo a distancia, un plan de Igualdad Retributiva para detectar discriminaciones en las empresas, asegurar la calidad académica en las universidades y la regulación de la publicidad de las casas de apuestas.