El Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, ha comenzado a repartir, en un tiempo récord, el millón de euros que prevé destinar al tejido antiabortista de Andalucía. De momento, según la información disponible en la web de la Consejería de Salud y Familias, una de las principales asociaciones antiabortistas, provida, Red Madre, recibirá –a falta de que se cierre el proceso de concesión en algunas provincias– 104.413,04 euros, algo más del 10% del total presupuestado, según resulta de sumar las cantidades que recibe por provincia –estará al menos en cuatro: Cádiz (esta resolución es aún provisional), Córdoba, Málaga y Sevilla–. La mayor parte de este dinero va destinado, además, según la misma resolución, a gastos de personal. A esta cantidad hay que añadir otros 16.774,02 euros de otra ayuda concedida en octubre de 2019 a Red Madre en Cádiz para fomento del empleo.

Red Madre, que ha encontrado acomodo en Andalucía de la mano del Gobierno, es una de las asociaciones más activas en la promoción de las ideas antiabortistas y ha participado en las últimas marchas y protestas. En su página web, advierte de diversas maneras contra las "graves consecuencias que puede tener" abortar un embarazo. La Fundación Red Madre, que contrata con cada asociación local la cesión de uso de la marca y el logotipo común, tiene entre sus patronos a Alberto Ruiz Gallardón, exministro de Justicia con Mariano Rajoy, que mientras estuvo en el puesto intentó desmontar sin éxito –el feminismo le dobló el pulso– la ley de plazos vigente hoy en España; y Benigno Blanco, antiguo presidente del Foro de la Familia, y exsecretario de Estado con José María Aznar.

Estas subvenciones, dirigidas, según la nomenclatura oficial, "a entidades privadas sin ánimo de lucro para proyectos de asesoramiento, apoyo y acompañamiento dirigidos a mujeres embarazadas y madres sin recursos con hijos de cero a tres años", las puso en marcha el Gobierno andaluz a finales del año pasado después de que su desarrollo inmediato fuera incluido en el acuerdo de presupuestos para este año, firmado a tres bandas por el vicepresidente, Juan Marín (Ciudadanos), el consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP), y el portavoz de Vox, Alejandro Hernández. 

En el mismo se recogía lo siguiente: "Se procederá a la convocatoria inmediata de 1,5 millones del programa para asociaciones sin fines de lucro y entidades públicas que presenten proyectos". "Se considera imprescindible la puesta en marcha de un programa de asistencia a la mujer embarazada en dificultades, con el objetivo de proceder a la atención de dichas mujeres". "Las mujeres embarazadas, sobre todo en situación de mayor vulnerabilidad, dispondrán por tanto de una asesoría en el embarazo y posparto que les preste apoyo durante el proceso, en su entorno cercano". "La Consejería de Salud y Familia impulsará una campaña a través de la RTVA en la que se fomentarán los valores de la maternidad".

Las ayudas –que concede la Consejería de Salud y Familias, que dirige Jesús Aguirre (PP)– aún no se han resuelto en su totalidad, aunque solo cinco meses después de su lanzamiento ya están en buena parte concedidas, lo que contrasta con la lentitud en la resolución de otras subvenciones también en régimen de concurrencia competitiva, como las de memoria histórica, que estuvieron paradas durante meses y sufrieron un recorte de fondos.

No todas las subvenciones van a asociaciones antiabortistas y católicas, pero sí buena partea. Las bases que regulan la convocatoria dejan clara su intencionalidad: un requisito para recibir la ayuda es "carecer de fines de lucro y tener recogido de forma expresa en sus Estatutos, en el objeto social, alguno o varios de los siguientes fines: la protección y defensa de la vida, el respeto a la vida del ser humano, el apoyo, asistencia o asesoramiento a la mujer embarazada y a la maternidad". Esta exigencia ha dejado fuera de la línea de ayudas, por ejemplo, a Cruz Roja, a la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent e, incluso, a Cáritas Diocesana en Cádiz –en este caso, de forma provisional–.

Ayuntamientos del PP

Además de esta línea de ayudas al tejido antiabortista, el Gobierno ha habilitado también una segunda para instituciones públicas, dotada con medio millón de euros. De momento, las solicitudes solo se han resuelto en la provincia de Almería. El dinero –49.714,22 euros– va a tres ayuntamientos –Almería, El Ejido, Adra– y a la Diputación, todos ellos en manos del PP.

Con esta segunda línea de ayudas, el Gobierno andaluz quiere "fomentar la puesta en marcha y el desarrollo, por parte de dichas entidades locales de municipios andaluces de más de 20.000 habitantes y diputaciones, de dispositivos específicos de atención y servicios a las familias andaluzas, que contemplen actuaciones formativas cuyos destinatarios sean los profesionales de los servicios sociales, así como personal relacionado con la atención a la ciudadanía, a fin de que, trabajando con las familias, se genere conocimiento y adquisición de habilidades específicas para la convivencia, así como la difusión en Andalucía de la cultura de la familia como un potente activo social".

PP y Ciudadanos han creado estas líneas de subvenciones, que no existían durante los años de Gobierno del PSOE –desde el año 2007, en que se creó Red Madre, hasta enero de 2019, en que el socialismo perdió el poder, en el registro de subvenciones de Andalucía no consta ni una sola ayuda a esta asociación– en plena ofensiva antifeminista de Vox.

Así, el Gobierno andaluz fomenta que las ideas del partido de ultraderecha, algunas de las cuales comparte el PP, vaya trabajando en la creación de su modelo social y de sus propias líneas de ayudas. Si las ayudas a entidades feministas que trabajan en pos de la igualdad real son consideradas financiación de "chiringuitos", la creación de una nueva línea de ayudas a asociaciones sin animo de lucro para asociaciones antiabortistas, se considera, por el contrario, estratégica.