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Procés Una jueza ordena a la Guardia Civil buscar en la Generalitat nuevos documentos del 1-O

La magistrada también ha citado como investigado al delegado de la Generalitat en Suiza, Manuel Manonelles.

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Lazo amarillo en la fachada del Palau de la Generalitat de Catalunya | EFE

La jueza que investiga los preparativos del 1-O ha ordenado a la Guardia Civil personarse en varios departamentos de la Generalitat en busca de documentación sobre el 1-O y ha citado como investigado al delegado de la Generalitat en Suiza, Manuel Manonelles.

En un auto la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona acuerda nuevas diligencias solicitadas por la Fiscalía, entre ellas el requerimiento de documentación a la Generalitat y la citación de Manonelles, al que vincula con la contratación de observadores del 1-O.

La Guardia Civil todavía no ha llevado a cabo la diligencia ordenada por el juez, han asegurado fuentes conocedoras del caso.

Nueva batería de diligencias

La Fiscalía ha solicitado a la magistrada una nueva batería de diligencias para aclarar la participación de funcionarios de la Generalitat en la organización del 1-O, después de que la jueza procesara a una treintena de personas, entre ellas varios ex altos cargos del Govern de Carles Puigdemont.

Entre otras diligencias, el ministerio público ha pedido a la juez que requiera a varios departamentos de la Generalitat implicados en la organización para buscar documentación relativa a la logística y los pagos vinculados al 1-O, unas pesquisas que la magistrada ha acordado al considerarlas "útiles y no perjudiciales".

En su auto, la instructora ha ordenado a la Guardia Civil personarse en la sede de varios departamentos de la Generalitat "a fin de que en el acto se le entregue la documentación" requerida por el ministerio público, una diligencia que los agentes del instituto armado no han iniciado por el momento.

Unas pesquisas que la magistrada ha acordado al considerarlas "útiles y no perjudiciales"

Paralelamente, y también a petición de la Fiscalía, la juez ha citado para el próximo 19 de julio a un nuevo investigado por su relación con el 1-O: Manuel Manonelles, actual delegado del Govern en Suiza y que los meses previos al 1-O fue representante del gobierno catalán ante las organizaciones internacionales con sede en Ginebra, Estrasburgo, París y Viena. La jueza considera que Manonelles podría haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia por una contratación de la delegación de Ginebra al The Hague Center for Strategic Studies (HCSS).

La Guardia Civil cree que los pagos del Govern al HCSS daban cobertura a los gastos de traslado y alojamiento de los observadores internacionales del 1-O, indicios que han comportado la imputación de altos cargos del Diplocat y del Departamento de Relaciones Institucionales y Exterior que dirigía Raül Romeva.

Vuelve a citar como imputados a tres exaltos cargos

De hecho, por esa contratación al HCSS, la jueza vuelve a citar a declarar como imputados para el mismo día 19 de julio a Aleix Villatoro, ex secretario general del Departamento de Exteriores, a quien la juez ha procesado por los delitos de malversación, desobediencia, revelación de secretos y prevaricación. También cita para el mismo día a Marta Garsaball, directora de servicios de Exteriores, procesada por falsedad documental, y a la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, procesada por los delitos de malversación, desobediencia y falsedad documental.

En su auto, la magistrada acuerda también requerir al Tribunal Constitucional la providencia que, en abril de 2017, remitió a Rosa Vidal y que anulaba las partidas presupuestarias que el gobierno catalán había reservado para los costes del 1-O. Por el contrario, la jueza ha descartado la petición de la Fiscalía para que se tome declaración, por un delito de organización criminal, a la treintena de procesados por su participación en los preparativos del 1-O.

La magistrada Alejandra Gil recuerda que ya dictó un auto en el que rechazaba la petición de la Fiscalía para procesar por organización criminal a 28 de los investigados, al entender que carecían de "infraestructura adecuada" y que no les unía un "acuerdo asociativo duradero".

En todo caso, señala la juez, si la Fiscalía cree que los hechos investigados constituyen un delito de organización criminal deberá acusar por el mismo, en su escrito de calificación, cuando el caso llegue a juicio.

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