El pasado lunes 3 de noviembre se celebró el juicio contra el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado, presuntamente, de un delito de revelación de secretos. Este hecho insólito pasará a la historia del país, pues es la primera vez que un fiscal general se sienta en el banquillo de los acusados.

El juicio ha contado con seis sesiones y más de 40 testigos, entre los cuales han acudido periodistas, abogados, políticos, directores de comunicación y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. García Ortiz ha sido condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, y a una indemnización de 10.000 euros a González Amador por daños y perjuicios.      

Después de conocer la sentencia y la carta de renuncia de García Ortiz, el Gobierno ha activado el proceso para designar a su sucesor. Por su parte, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, comunicó que el próximo jefe del Ministerio Público será “una persona con una trayectoria profesional y una cualificación jurídica que garantice que ejercerá con solvencia esta función”.      

Cómo se elige a su sucesor      

Tal y como viene establecido en el artículo 124.2 de la Constitución, el fiscal general del Estado debe ser nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A su vez, este nombramiento está regulado en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, que en su artículo 29 establece, además, que el fiscal general del Estado será elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.

El texto legal establece que “no podrá ser propuesto para el cargo quien en los cinco años anteriores haya sido nombrado titular de un Ministerio, de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un Gobierno Autonómico”.      

Este apartado formó parte del acuerdo que el PSOE y el PP suscribieron en junio de 2024, momento en el que se renovó el CGPJ ante la polémica que desató el Ejecutivo de Sánchez en 2020 al nombrar jefa del Ministerio Público a Dolores Delgado un mes más tarde que su salida del Ministerio de Justicia.      

Asimismo, el Estatuto recoge que no podrá ser propuesto para fiscal general “quien haya sido elegido titular de la Presidencia de una corporación local o haya tenido la condición de diputado, senador, o miembro del Parlamento Europeo o de una Asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma”.      

Una vez el Gobierno reciba el informe del CGPJ, podrá comunicar su propuesta al Congreso de los Diputados. Solo entonces la Cámara fijará la comparecencia de la persona elegida ante la comisión correspondiente para valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto.      

Cuando el Ejecutivo nombra al nuevo fiscal general del Estado, éste presentará ante el Rey el juramento o promesa que previene la ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.      

Es el propio Estatuto Fiscal quien determina que el mandato del jefe del Ministerio Público tendrá una duración de cuatro años. Antes de que concluya dicho periodo, únicamente podrá cesar por cinco motivos: a petición propia; por incurrir en alguna de las incompatibilidades o por prohibiciones establecidas en esta ley; en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo; por el incumplimiento grave o reiterado de sus funciones; o cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto.  

Por otro lado, el mandato del fiscal general no podrá ser renovado excepto en el caso de que hubiese estado en el cargo durante un periodo inferior a dos años.      

Teresa Peramato, posible nueva fiscal general

Siguiendo el contexto, el Ejecutivo de Sánchez ya ha elegido a su candidata para ocupar el próximo puesto de fiscal general del Estado. Se llama Teresa Peramato, y actualmente es fiscal de sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. La candidata, que cuenta con una trayectoria profesional de 35 años, es conocida por ser una gran impulsora en materia de lucha contra la violencia de género. Este martes, durante el Consejo de Ministros, se iniciará el proceso para su nombramientos.

Quiénes han sido los últimos fiscales generales     

El primer fiscal general del Estado que aparece de forma oficial en el histórico del Ministerio Fiscal es el Excmo. Sr. D. Trinitario Ruiz Capdepón, nombrado el 2 de julio de 1882. Estuvo en el cargo un año y medio, pues su cese fue el 2 de enero de 1884. Después de Capdepón, España ha tenido 58 fiscales generales del Estado. A continuación, la lista con los últimos diez:      

• Dolores Delgado García: 25/05/2020 – 20/07/2022

• María José Segarra Crepo: 29/06/2018 – 14/01/2020

• Julián Sánchez Melgar: 07/12/2017 – 21/06/2018

• José Manuel Maza Martín: 21/11/2016 – 18/11/2017

• Consuelo Madrigal Martínez-Pereda: 09/01/2015 – 04/11/2016

• Eduardo Torres-Dulce Lifante: 27/01/2012 – 19/12/2014

• Cándido Conde-Pumpido Tourón: 23/04/2004 – 16/12/2011

• Jesús Cardenal Fernández: 16/05/1997 – 23/04/2004

• Juan Cesáreo Ortiz Úrculo: 06/09/1996 – 16/05/1997

• Carlos Granados Pérez: 03/06/1994 – 06/09/1996