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La prohibición de los desahucios Podemos acusa a Justicia y Economía de maniobrar para proteger los intereses de los fondos buitre en los desahucios

Los de Pablo Iglesias denuncian que los ministerios dirigidos por Juan Carlos Campo y Nadia Calviño están retrasando la aprobación del decreto que servirá para ampliar la prohibición de los desahucios. Justicia y Economía estarían planteando abonar con dinero público a los grandes tenedores de vivienda el 100% del alquiler derivado de la paralización de los desahucios.

Pablo Iglesias Juan Carlos Campo María Jesús Montero
Iglesias, junto a los ministros de Justicia y Hacienda, Campo y Montero. Mariscal / EFE

alexis romero

La ampliación de la prohibición de los desahucios que el PSOE y Unidas Podemos están negociando en el seno del Gobierno de coalición se está enquistando más de lo previsto y provocando un retraso en la aprobación de la medida, que hace tan solo una semana parecía mucho más cerca que ahora. 

Pese a que el peso de las negociaciones lo llevan el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (a través del secretario general de Vivienda, David Lucas) y la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 (a través de la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra), dos de los ministerios socialistas de más peso se habrían cruzado en el camino de unas conversaciones que la semana pasada habían experimentado un importante avance, tras acordar la ampliación de los desahucios mientras se prorrogue el estado de alarma.

Se trataría del Ministerio de Justicia, liderado por Juan Carlos Campo, y el de Economía, liderado por Nadia Calviño, dos carteras a las que Unidas Podemos acusa de tratar de proteger los intereses de los grandes tenedores de vivienda en la medida sobre los desahucios.

Los de Pablo Iglesias denuncian que estos ministerios exigen una compensación a los grandes tenedores de vivienda para que no vean reducidos sus beneficios por esta medida. En concreto, la propuesta sería la de  abonar con dinero público a los grandes propietarios, en su mayoría bancos y fondos buitre, el 100% del alquiler derivado de la paralización de los desahucios, según apuntan fuentes cercanas a la Vicepresidencia de Derechos Sociales.

En las negociaciones sí que se había puesto sobre la mesa la necesidad de cubrir las pérdidas de los pequeños propietarios que no son grandes tenedores de vivienda (a partir de 10 inmuebles) y que vivieran de las rentas de los inquilinos vulnerables que no pudieran pagar el alquiler y que serían, por ello, objeto de desahucio.

Sin embargo, la propuesta de los ministerios dirigidos por Campo y por Calviño es, según fuentes de la vicepresidencia segunda, que el Estado también corra con la pérdida de beneficios que acarrearía la prohibición de los desahucios en los inmuebles de los grandes propietarios de vivienda.

La aprobación de la medida, prevista para el 15, se retrasa

Durante las negociaciones, según estas mismas fuentes, Belarra habría estado defendiendo la necesidad de que los grandes tenedores de vivienda, que gozan de beneficios por el negocio inmobiliario que generan en España, "arrimen el hombro en esta crisis" y entiendan que en plena pandemia no se puede echar a la gente de sus casas y defendiendo que esta actuación "sería una forma de asumir su responsabilidad social corporativa, ya que utilizan un bien de primera necesidad como es la vivienda como objeto de especulación".

Estas fuentes avanzan que, después de varias semanas de negociación (que arrancó con un acuerdo inicial para ampliar la prohibición de los desahucios), estaba previsto que este decreto fuera aprobado, como tarde, el próximo martes 15 de diciembre. Sin embargo, la irrupción de los planteamientos de los ministerios de Justicia y Economía estarán retrasando la aprobación.

Este viernes, el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, aseguró durante su participación en unas jornadas con representantes de ayuntamientos y entidades locales que esperaba que el decreto pudiera estar aprobado "antes de Nochebuena".

El acuerdo alcanzado hace dos semanas hace efectiva la ampliación de los desahucios al separar las condiciones de vulnerabilidad necesarias para evitar un lanzamiento de las consecuencias directas de la covid-19. Esto quiere decir que ninguna persona en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional podría ser desahuciada, aunque su situación no haya sido provocada directamente por la pandemia.

En concreto, se pactó que el decreto establecería que no se podrá ejecutar un desahucio si antes la Administración no ha encontrado una solución para que las familias vulnerables que van a ser desahuciadas sean realojadas en una vivienda digna.

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