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Censo 1-O Protección de Datos de Catalunya inicia una investigación sobre el censo del 1-O

La Autoridad Catalana está "analizando" el documento remitido este lunes por la Agencia Española y ha encargado un informe jurídico para conocer si debe continuar investigando el presunto uso irregular de datos para elaborar el censo del referéndum.

La directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, Àngels Barbarà, se dirige a la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell. /APDCAT

SERVIMEDIA

La Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) ha comenzado a tramitar la denuncia que este lunes le remitió la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que ha sido presentada por un ciudadano que entiende que se ha usado su información personal para el censo del referéndum independentista del 1 de octubre.

Fuentes de la Autoridad Catalana de Protección de Datos informaron este martes de que ya está “analizando” la documentación remitida por la AEPD y se ha encargado un informe jurídico a los letrados de esta institución.

Las fuentes consultadas explicaron que tras el análisis de la documentación y de que se disponga del informe jurídico, se decidirá si ordena algún tipo de inspección sobre el presunto uso irregular de datos para elaborar el censo del 1-O.

Bases estatales

A este respecto, la AEPD informó este lunes de que había iniciado una investigación sobre el posible acceso ilícito a bases de datos estatales por parte del Gobierno de Carles Puigdemont para elaborar el censo de la consulta secesionista.

Paralelamente, la agencia estatal daba traslado a la autoridad catalana para que realizara sus propias pesquisas, puesto que esta entidad es la responsable de la supervisión de la normativa de protección de datos en Catalunya.

No obstante, la AEPD aclaró que su intervención radica en el hecho de que sospecha que tanto la Generalitat como los ayuntamientos pueden estar tratando de hacer el censo para el 1-O con datos del Instituto Nacional de Estadística, la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

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