El PSOE afirma que la Declaración de Granada zanja su crisis con el PSC

Los barones socialistas han conseguido salvar este sábado y tras diez meses de fuertes tensiones que amenazaban con la ruptura, el matrimonio formado desde hace más 30 años por el PSOE y el PSC. La llamada Declaración de Granada, el texto consensuado durante la reunión del Consejo Territorial, cierra según ambas partes la profunda herida abierta en septiembre de 2012 por la determinación de los socialistas catalanes de posicionarse a favor del derecho a decidir en el debate sobre el modelo de Estado que se inició por la explosión independentista en Catalunya, y por la rotunda negativa del resto de los socialistas a aceptar esa consulta.

"Lo que hoy compartimos con el PSC es un proyecto para Catalunya y para España. Un proyecto para seguir juntos, que sale al paso de la situación que hay en Catalunya", ha remarcado el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante la rueda de prensa posterior a la reunión de los barones que se ha celebrado en Granada.

Se refería a la mencionada declaración que ha salido de ese encuentro, y a la que han llamado Un pacto territorial: La España de todos. El texto ha sido aprobado por todos los líderes territoriales del partido, tras una larga negociación que se prolongó hasta ayer mismo. Fue en una cena celebrada en un restaurante de la ciudad andaluza donde se cerró de manera definitiva.

El objetivo de la reforma constitucional que proponen los socialistas no es otro que tratar de acabar con "dos viejas tentaciones" que, según explica el texto, han vuelto a estar de actualidad a raíz de la última celebración de la Diada: "la tentación centralista y la tentación secesionista". De ahí surgió ya el pasado mes de septiembre la necesidad de avanzar hacia un modelo federal que planteó Rubalcaba. Y de ahí surgieron también las exigencias de los socialistas catalanes puestas negro sobre blanco en su propia propuesta constitucional elaborada por su fundación Rafael Campalans.

"Derecho a la diferencia" 

El PSC ve que el texto que ha salido de la reunión de este sábado cumple con sus expectativas, a pesar de que no incluye su petición de que la reforma constitucional reconozca la pluralidad nacional del Estado. Sí contempla, no obstante, la necesidad de incorporar en la Carta Magna "los hechos diferenciales y las singularidades políticas, institucionales, territoriales y lingüísticas" de cada una de las comunidades autónomas y que, según los socialistas, son expresión de la "diversidad" española. Pero esto no supondrá ningún privilegio para ningún territorio, según se ha esforzado por aclarar Rubalcaba. "Hay un derecho a la diferencia, que no una diferencia de derechos", ha remarcado.

El reconocimiento de esa realidad nacional sí ha provocado, no obstante, una nueva contradicción entre el líder del PSOE y el del PSC, a la hora de referirse a cómo quedará definida en la nueva Constitución el asunto de la denominación de las distintas comunidades autónomas. Así, mientras Navarro ha considerado que la propuesta socialista avala la definición de Catalunya como nación, porque dice que el nombre de los territorios lo decidirán los diferentes estatutos regionales y el Estatut la define así en su articulado, Rubalcaba ha asegurado que ese concepto fue suspendido por la sentencia del TC que anuló algunos de sus preceptos.

Asume "las cuatro erres"

El equipo de Navarro considera, en todo caso, que el texto asume lo que el primer secretario del PSC ha llamado "las cuatro erres": Reconocimiento, recursos, reglas y representación. El documento no recoge, en cambio, el derecho a decidir que han defendido los socialistas catalanes, si bien el propio Navarro ha considerado que el asunto de la consulta sobre el futuro de Catalunya no es una prioridad, ya que está en manos del president de la Generalitat, Artur Mas, que es quien debe negociar con el Gobierno central. En el caso de producirse, ha insistido el líder del PSC, la consulta deberá ser "legal y acordada". 

Ayer, en el último momento, el PSOE sí aceptó en cambio introducir el conocido como principio de ordinalidad para regular la financiación de las comunidades autónomas. Es decir, que los territorios que más aporten a las arcas del Estado no vean mermada su posición a la hora de recibir el dinero que les corresponda por parte de la administración central. Ante este acuerdo, parece allanado el camino para la negociación del nuevo protocolo de colaboración entre ambas formaciones que se cerrará previsiblemente la próxima semana.