Exactamente dos semanas después de que al menos una quincena de personas fallecieran intentando alcanzar las costas de Ceuta tras ser reprimidas con dureza por parte de la Guardia Civil, este jueves el Congreso de los Diputados votará una moción de la Izquierda Plural —que aúna a IU, ICV y Cha— reclamando la reprobación del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Ayer, durante el debate de la iniciativa, todos los grupos anunciaron que la respaldarían, con tres importantes excepciones que tumbarán la propuesta. Se opondrá el PP, el grupo mayoritario; UPyD baraja entre votar en contra o abstenerse; y el PSOE optará en cambio por esta última opción: la abstención.

Fuentes de la dirección del Grupo Socialista de la que Soraya Rodríguez es portavoz se reafirmaban ayer en su estrategia, si bien en declaraciones a Público anunciaban que el PSOE sólo pedirá la reprobación y dimisión del ministro en el caso de que el Gobierno no aporte ya las grabaciones de los hechos ocurridos en la ciudad autónoma, y de que en el caso de que estas no se entreguen a los grupos la mayoría absoluta del PP rechace también la apertura de la comisión de investigación con la que han amenazado los socialistas.

La paradoja es que el principal partido de la oposición es uno de los grupos que con más contundencia está exigiendo explicaciones por la tragedia ocurrida en la ciudad autónoma desde el pasado día 6. Por eso la decisión de la dirección del Grupo Socialista de abstenerse en la votación de hoy volvió el martes a generar un nuevo cisma interno entre los distintos diputados del partido.

Fuentes asistentes a la reunión del grupo de ese día recordaban ayer que todos los intervinientes en la misma —unos quince— manifestaron su disconformidad con la decisión de la dirección del grupo de no respaldar la reprobación del ministro solicitada por la Izquierda Plural. Los parlamentarios consultados explican que quienes hicieron esa reflexión no fueron sólo diputados críticos con la Ejecutiva como el castellano manchego José María Barreda o el vasco Odón Elorza. También hablaron en ese mismo sentido otros, cercanos a Ferraz, como el portavoz de Economía en el Congreso, Valeriano Gómez, la almeriense Consuelo Rumí o incluso la balear Sofía Hernanz.

Ayer el malestar perduraba en las filas socialistas, y así lo comentaban en los pasillos del Congreso diferentes diputados del grupo. Uno de ellos insistía en que 'nadie discrepa de la estrategia de la dirección', que contempla ir exigiendo responsabilidades respetando los tiempos. Así, la prioridad sería que en primer lugar dimitieran tanto el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, como el delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González. También que el Ejecutivo entregue ya las grabaciones de los hechos.

Los parlamentarios consultados explicaban que a pesar de no discrepar de esa línea, la moción de Izquierda Plural había introducido una novedad a la que el PSOE 'debe responder' sumándose a la petición de dimisión. Alguno de los más críticos se mostraba, no obstante, 'satisfecho' con el hecho de que la dirección del grupo subiera ayer 'un peldaño' en respuesta a la presión interna, dado que Soraya Rodríguez amenazó directamente al Gobierno con pedir una comisión de investigación si el Ejecutivo no hace públicas de inmediato las mencionadas grabaciones.