Los menores son, según el PSOE, los grandes olvidados de los procesos judiciales abiertos por casos de violencia machista, sobre todo, dicen, desde la llegada del Gobierno de Mariano Rajoy a la Moncloa. A juicio del principal partido de la oposición, los recortes puestos en marcha por el Ejecutivo conservador han hecho que se deje de cumplir la Ley Integral contra la Violencia de Género aprobada por el equipo de José Luis Rodríguez Zapatero, que según insisten los socialistas ya contemplaba la protección a los menores. 

El Grupo Parlamentario Socialista quiere por ello 'reforzar el ordenamiento jurídico' para 'dar una mejor respuesta' a las 'situaciones de riesgo' en las que se ven envueltos esos niños. El PSOE ha registrado este mediodía en el Congreso una proposición de ley que modifica diferentes legislaciones con ese mismo objetivo: la protección de los hijos de las mujeres que sufren o han sufrido la violencia de sus parejas o exparejas. 

La principal novedad que pretenden introducir es la modificación del artículo 92 y siguientes del Código Civil para que en el caso de que un padre tenga un procedimiento penal abierto por un caso de maltrato el juez encargado de sentenciar un divorcio o una separación adopte la suspensión del régimen de visitas, de guardia y de custodia del progenitor maltratador. 

Los socialistas van más allá y consideran que a pesar de que no se haya iniciado ningún procedimiento legal contra el padre, 'a la vista de los datos que un juez esté manejando en un proceso de nulidad o divorcio, si tiene indicios suficientes y racionales de que puede estar ante una situación de violencia debe razonar por qué entiende que no hay riesgo para el menor'. Con esas palabras se ha expresado la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, en declaraciones a la prensa. Así, en el caso de que exista ese riesgo el magistrado tendrá, del mismo modo, que cancelar las visitas de ese progenitor. 

El PSOE quiere, además, modificar la ley de enjuiciamiento criminal para garantizar la protección de menores, así como la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el quebrantamiento de las condenas de los condenados por maltrato, que efectivamente pasen por alto las medidas de seguridad impuestas por un juez puedan ser conocidos por los juzgados de violencia de género. Rodríguez ha recordado que por esos incumplimientos de las condenas 'se han producido asesinatos', por lo que constituyen una situacion 'de enorme riesgo' para la vida de las víctimas, cuyo historial conocen de cerca esos juzgados especializados.