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El PSOE tacha de "cacicada" del PP la elección de un excargo de la Junta para el órgano que fiscaliza al Gobierno andaluz

El diputado Mario Jiménez afirma que Juanma Moreno, en una actitud de "usurpación", ha elegido "a una persona que ha sido asesor jurídico del PP".

Marta Bosquet, Juanma Moreno y cuatro consejeros de la Cámara de Cuentas, entre ellos, Antonio López, el pasado mes de febrero, en su toma de posesión.
Marta Bosquet, Juanma Moreno y cuatro consejeros de la Cámara de Cuentas, en su toma de posesión. Archivo. –Parlamento de Andalucía

El PSOE andaluz ha tachado este jueves de "cacicada" del PP el nombramiento de Francisco Gutiérrez, un exalto cargo del Gobierno de Juanma Moreno, que, según el PSOE, ha sido asesor jurídico del PP, "un empleado" del partido, como secretario general, un puesto clave, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, el órgano que fiscaliza las cuentas de la Junta de Andalucía.

Hay en estos momentos una discusión jurídica entre consejeros –son siete– de la Cámara: los dos nombrados a propuesta del PSOE y el de Adelante Andalucía consideran que el nombramiento de Gutiérrez es nulo de pleno derecho porque no es funcionario. Mientras que la presidenta y los dos nombrados a propuesta del PP, consideran que ser funcionario es una posibilidad y no una obligación. Gutiérrez fue nombrado gracias al voto de calidad de la presidenta, porque se produjo un empate en la votación –un consejero elegido a propuesta de Vox se abstuvo–. Es probable que el asunto acabe en un contencioso en los tribunales de justicia.

Gutiérrez es doctor y profesor de Derecho y ha ocupado antes diversos cargos –el último en la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente– en la Junta de Andalucía, siempre a propuesta del PP: consejero del Audiovisual, después adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz y también miembro del Consejo Consultivo.

La Cámara esgrime el articulo 40.3 del reglamento de la Cámara que dice así: "El nombramiento como secretario general de la Cámara de Cuentas implicará, en su caso, la declaración del interesado en la situación laboral de excedencia especial o, si es funcionario, en la de servicios especiales con los mismos derechos, tanto durante el ejercicio del cargo como al reincorporarse a su destino, que legalmente correspondan a los funcionarios que desempeñen altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía".

"Por lo tanto,–consideran los consejeros de la mayoría– respecto al cargo de secretario general nuestra normativa reguladora establece claramente la condición de funcionario como una posibilidad, y no una obligación: las circunstancias [de Francisco Gutiérrez] se ajustan a lo requerido en el citado artículo ya que su situación laboral actual es de excedencia especial, por lo que se cumple, como no puede ser de otra manera, lo establecido en el reglamento".

Los consejeros discrepantes argumentan que un informe jurídico elaborado por la letrada jefe de la Cámara en febrero de 2020 es muy claro. En él, se concluye que "no cabe duda que las funciones públicas de secretaría, en su doble vertiente, de asesoramiento y fe pública, implican el ejercicio de potestades públicas […] deben estar reservadas a funcionarios públicos, en garantía de las notas de objetividad, imparcialidad e independencia".

Usurpación

Para Mario Jiménez, portavoz del PSOE en la comisión parlamentaria de Presidencia, "el PP ha impulsado una cacicada". "La letrada hace una advertencia en ese informe [el que esgrimen los tres consejeros dicrepantes], de que todos los actos administrativos de esa persona que no es funcionaria, pueden ser nulos de pleno derecho", afirma Jiménez.

"El problema es que el PP ha elegido a una persona que ya ha pasado por todos los órganos de extracción parlamentaria de la Comunidad Autónoma y que ha sido –en sus propios perfiles así lo establece– asesor jurídico del PP. Moreno Bonilla, en una actitud impresentable y de ocupación, de usurpación de los órganos estatutarios, nombra a un asesor jurídico de su partido, a un empleado del PP como máximo responsable jurídico de la Cámara. Nos parece una agresión al Estatuto de Autonomía, una falta de respeto a las instituciones y lo que busca es controlar qué sale de la Cámara de Cuentas para que [esta] no controle [al Gobierno] debidamente".

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