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PSOE y Unidas Podemos desatascan la ley de vivienda tras casi un año de bloqueo parlamentario

La norma se aprobó en febrero de 2022 y desde entonces ha estado paralizada en el Congreso. El Ministerio de Transportes, el de Derechos Sociales, ERC y Bildu mantienen conversaciones cada semana y avanzan en puntos importantes de la ley.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra (d), junto a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez (i), y la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez (c), durante la rueda de prensa celebrada tras la reunión del Con
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra (d), junto a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez (i), y la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez (c), en una imagen de archivo. Fernando Alvarado / EFE

El año 2022 terminó con una (casi) certeza que compartían prácticamente todos los sectores del Gobierno y buena parte de los grupos parlamentarios del Congreso: la ley de vivienda no vería la luz en esta legislatura. El 2023, sin embargo, arranca con un cambio radical en lo que se refiere a las expectativas sobre la norma: las negociaciones entre las partes avanzan y el acuerdo podría estar más cerca que nunca.

Solo unas semanas separan ambos escenarios, pero este tiempo parece haber sido crucial para desbloquear la aprobación de una ley de vivienda que desde febrero de 2022 (momento en el que vio la luz en el Consejo de Ministros) se encuentra encallada en el Congreso de los Diputados.

Después de este año de bloqueo, y de más de dos de retrasos respecto al compromiso de los dos partidos del Ejecutivo para aprobarla, es la primera vez que desde Unidas Podemos se muestran optimistas con la posibilidad de lograr un acuerdo en esta materia más temprano que tarde.

Tanto en el espacio confederal como en el PSOE consideran que la negociación ha entrado en una fase crítica en la que se están produciendo avances notables a la vez que cualquier paso en falso puede dinamitar las conversaciones. Es por esto que se muestran reservados respecto a los contenidos y a las materias concretas en las que han logrado un importante consenso.

Pero la expectativa ha cambiado y en el Ministerio de Derechos Sociales ven "más cerca" el acuerdo para desatascar la norma, siempre y cuando, avisan desde el Departamento dirigido por Ione Belarra, se produzcan algunos "últimos avances" en materia de control de los precios del alquiler y de obligaciones para los grandes propietarios de vivienda.

Desde hace algún tiempo, desvelan en Unidas Podemos, se han venido produciendo conversaciones entre el Ministerio de Transportes, el de Derechos Sociales y Agenda 2030, ERC y Bildu casi cada semana. Estas son las principales partes que negocian para tratar de conformar una mayoría parlamentaria que permita aprobar la ley de vivienda, una norma que se encuentra entre los hitos comprometidos con la Unión Europea para recibir los últimos tramos de los fondos de reconstrucción.

Definición de gran propietario

Las discrepancias que han imposibilitado el acuerdo durante todo un año son precisamente las que se tratan de consensuar en la actualidad. Entre las cuestiones más complejas están el límite a los precios del alquiler, la ampliación del parque público de vivienda, la prohibición de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional y la definición de "grandes tenedores" de vivienda.

Según adelantó 20Minutos y ha podido confirmar Público, el PSOE y Unidas Podemos habrían alcanzado un acuerdo en lo referente a este último punto, el de la definición de gran tenedor. En la actual redacción de la ley en esta categoría entraban aquellas personas o entidades que tuvieran más de 10 viviendas, una cifra que a UP le parece bastante elevada, ya que personas con menos viviendas también son operadores importantes que tienen influencia sobre el mercado del alquiler.

El número de inmuebles es importante ya que la norma recoge una serie de medidas que distinguen a los grandes propietarios del resto. En su caso (sobre todo fondos de inversión y fondos buitre), la ley establece la regulación de precios para bajar los alquileres en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas denominadas de mercado tensionado (aquellas donde más han subido los alquileres en poco tiempo y más afectan a los ingresos de las familias).

En el caso de los pequeños propietarios, la norma recoge fórmulas para congelar los precios actuales (bastante altos en determinadas ciudades y barrios) e incentivos fiscales para tratar de bajarlos. Tanto la intervención y rebaja de los precios del alquiler de los grandes propietarios como los incentivos fiscales para los pequeños propietarios que bajen voluntariamente sus rentas dependerán, en principio, de cada comunidad autónoma, ya que son los territorios los que tienen las competencias en esta materia.

Sin embargo, cuanto menor sea el número de viviendas para diferenciar a un pequeño propietario de uno grande, mayor será el impacto de la norma en la rebaja de los precios del alquiler. En algunos momentos desde el espacio confederal se ha apuntado a que el gran propietario debería ser aquel que tuviera cinco o más viviendas, pero la cifra pactada en la negociación actual no se conoce todavía.

Sobre el resto de cuestiones (parque público de vivienda y desahucios), de momento no ha trascendido nada, aunque ninguna de las partes traslada la existencia de escollos insalvables. En Unidas Podemos proponen desde hace tiempo utilizar los inmuebles de la Sareb (el denominado banco malo) para ampliar el parque de vivienda social (este organismo posee unos 15.000, según sus propios datos).

El escenario ha cambiado, y lo que hace unas semanas se daba por descartado se torna como posible al inicio de 2023. "Seguimos trabajando con discreción pero sin descanso para que nuestro país cuente, lo antes posible, con la ley de vivienda de su historia", trasladan desde el Ministerio de Derechos Sociales.

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