Un acuerdo de mínimos para lograr un consenso de mínimos. El PSOE y Unidas Podemos han cerrado este miércoles, a última hora y a punto de finalizar el plazo de registro, los documentos que aspiran a servir de borrador de las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social del Congreso.

Desde el principio, el órgano parlamentario nació con dos aspiraciones: impulsar reformas de calado (ir hacia una transformación que superase la reconstrucción) y lograr un consenso mayoritario que garantizase estabilidad a las medidas ante los diferentes cambios políticos que pudieran producirse. Sin embargo, finalmente estas dos aspiraciones parecen ser incompatibles, y se priorizará el consenso frente a la "transformación" económica y social.

La negociación entre las dos formaciones miraba de reojo al PP, el segundo partido mayoritario de la Cámara y el principal de la oposición. Desde la puesta en marcha de la comisión, en el PSOE insisten en que cualquier acuerdo que no pase por los de Casado corre el riesgo de no ser estable. Uno de los síntomas de esta negociación de dos con proyección de sumar, al menos, a un tercero, es que una de las medidas más defendidas por Unidas Podemos para afrontar la reconstrucción, el denominado impuesto a las grandes fortunas, ha sido excluido por el PSOE del borrador de conclusiones.

Desde el martes se conoce que el principal escollo en las conversaciones entre los de Sánchez y los de Iglesias era este tributo, y finalmente los socialistas han forzado su eliminación. El área económica del Gobierno, encabezada por la vicepresidenta económica Nadia Calviño y la ministra de Hacienda María Jesús Montero, se ha venido resistiendo a incorporarlo a las medidas para hacer frente a la crisis del coronavirus. No obstante, fuentes de la formación morada afirman que no van a renunciar a la implantación de este impuesto, y que seguirán peleándolo durante los próximos meses.

En materia fiscal, el documento de reactivación económica se resiste a cerrar medidas concretas y apuesta por los planes a medio y largo plazo sin precisar cifras o plazos. El texto aboga por "mejorar la capacidad de recaudación en términos de justicia fiscal y capacidad de pago de los contribuyentes, con el fin de que aporten más quienes más tienen", y por "reducir la brecha" de la presión fiscal española con la media europea (más de siete puntos de PIB). Pero no recoge qué figuras fiscales se modificarían o qué impuestos se subirían para asegurar ese objetivo.

El documento también apuesta por "fortalecer la prevención y lucha contra el fraude fiscal, especialmente el relacionado con las grandes fortunas y la economía sumergida, en cooperación entre administraciones, tanto a escala nacional como internacional".

A diferencia de las conclusiones en materia económica y fiscal, el documento de Sanidad sí que concreta más sus propuestas y deja mensajes más claros sobre las lecciones de la pandemia. Uno de los compromisos más claros, con unos plazos más o menos definidos, es el de aumentar "la inversión pública en sanidad hasta alcanzar al menos la media europea en porcentaje del PIB estabilizado al final de la legislatura. Todo el incremento se destinará a sanidad pública de gestión directa".

Más concreción en las medidas sanitarias

También se propone una eliminación progresiva, pero total, del copago farmacéutico, que empezará por incrementar el número de colectivos exentos de la tasa, "en función de situación socioeconómica, discapacidad y otros criterios sanitarios".

Los recursos de la Sanidad también están presentes en el documento. En este sentido se propone aumentar "con carácter general las plantillas de la sanidad pública hasta situarnos en la media de médicos/as y enfermeros/as por habitante de los países desarrollados. Se debe llevar a cabo una planificación a medio plazo sobre las necesidades de profesionales en Atención Primaria basadas en indicadores de la población (envejecimiento, ruralidad, vulnerabilidad social y económica, dispersión, etc.). Aumentar también las plazas de MIR, EIR, BIR, etc., y retomar las auditorías de la formación postgraduada".

Como elemento complementario, también se propone "establecer los mecanismos e incentivos necesarios para recuperar a muchos profesionales sanitarios que emigraron durante los años de la crisis económica, así como para facilitar el movimiento y la promoción de los profesionales sanitarios entre los distintos servicios autonómicos de salud".

Además de propuestas, en el documento las formaciones del Gobierno de coalición recogen algunas de las "lecciones" de la pandemia, como la emergencia en las residencias de mayores o la falta de coordinación que en determinados momentos se vivió entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas.

Sobre la gestión territorial, se asegura que "la pandemia ha puesto de relieve las dificultades en la coordinación entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad a la hora de proponer y hacer operativas políticas sanitarias comunes, así como para disponer de la información necesaria en situaciones de crisis. Por ello, es necesario establecer un nuevo marco de cooperación y coordinación en el Sistema Nacional de Salud".

"Dotar a las residencias de mayores y de personas con discapacidad de unos servicios de Atención Primaria adecuados a las necesidades de los residentes en estos centros ha de ser una prioridad. Esta propuesta reconoce el derecho de los residentes en estos centros a la cobertura integral por el SNS, adecuados a sus necesidades específicas, así como la deuda que la sociedad ha contraído con ellos en los meses pasados", aseguran sobre las residencias de mayores.

El documento de políticas sociales recoge la brecha de género agravada por la emergencia sanitaria y sitúa a las mujeres como uno de los colectivos más afectados: "Las debilidades del sistema han profundizado la brecha de género, al ser las mujeres las que asumen prácticamente en su totalidad el trabajo de cuidado, en detrimento de su carrera profesional. La brecha salarial y en
pensiones son la demostración de la situación de precariedad de la mujer en el mercado de trabajo, puesta de manifiesto nuevamente en esta crisis al ser, junto con los jóvenes, las personas trabajadoras que en mayor proporción se han visto arrojadas del mercado laboral

Este jueves los grupos elegirán en cada subgrupo de trabajo de la comisión el documento que servirá de borrador para elaborar las conclusiones definitivas, que deben ser aprobadas en su correspondiente grupo, en el plenario de la comisión y en el Pleno del Congreso. El 3 de julio se reunirá a la comisión para cerrar un documento conjunto.

Una vez se elijan los borradores este jueves, los grupos tienen hasta el próximo lunes para presentar sus enmiendas. Será en este trámite donde se intenten sumar algunas propuestas del PP y del resto de grupos.