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PSOE y Junts negocian hasta la última coma de la amnistía frente a la ofensiva de la derecha judicial y política

Los dos partidos pueden cerrar de forma definitiva el pacto para la investidura este mismo martes. El acuerdo político está hecho y faltan detalles técnicos y jurídicos.

El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, a su salida del Parlamento Europeo, a 6 de noviembre de 2023, en Bélgica (Bruselas) / Europa Press

Marc Font,Miguel Muñoz

La ciudad belga de Bruselas sigue siendo el principal foco de atención política de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Allí se desplazaron durante el fin de semana tanto la cúpula de Junts, con Jordi Turull al frente, como el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. El objetivo, desbloquear definitivamente el pacto para que se pueda formar Gobierno.

En las filas del PSOE confían en que el acuerdo se logre de forma inminente. “Seguimos intercambiando papeles, es una negociación muy técnica en la que los asesores jurídicos de ambas partes revisan todo y eso lo hace más largo en el tiempo”, destacaban este lunes por la mañana fuentes de la dirección socialista en Ferraz. “Seguimos hablando”, insisten ya por la tarde.

Los socialistas, por tanto, negocian con Junts hasta la última coma de un acuerdo en un clima político y judicial cada vez más hostil. La derecha se encuentra agitando la calle desde hace unos días y el PP de Alberto Núñez Feijóo ha anunciado su intención de convocar más movilizaciones. Varias sedes del PSOE han recibido ataques y desde Ferraz se apunta a los populares y sus socios de Vox como responsables de la crispación.

En la investidura también están participando de forma activa desde el aparato judicial. Los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), nombrados por el PP, decidieron convocar un pleno para rechazar la amnistía. Un hecho que ha tenido contestación desde el propio CGPJ o desde sectores judiciales. Esto se suma a la admisión a trámite por un juzgado de una demanda para parar una ley de amnistía que ni siquiera se ha registrado en el Congreso.

El último protagonista en aparecer ha sido, de nuevo, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. En un auto emitido este mismo lunes dirige la investigación contra Tsunami Democratic hacia Marta Rovira, secretaria general de ERC, y Carles Puigdemont.

Desde la cúpula del PSOE se apuntaba a la posibilidad, o deseo, de que la alianza se selle definitivamente este martes. Algo que permitiría a Sánchez someterse a la investidura esta misma semana. Pero mantienen cierta cautela porque “no se puede hacer un cálculo de previsión de cierre cuando se está cerca”.

El retraso en el pacto se sigue achacando en el PSOE a la pugna que tienen en ERC y Junts por la hegemonía en el electorado independentista. Para la dirección socialista, el partido de Puigdemont tiene ahora que preparar el relato para los suyos y hacerse fuerte frente a una ERC que se les adelantó. “Todo el mundo tiene que hacer su trabajo interno. Hay algunos virajes que cuestan”, destacan en Ferraz.

Por su parte, fuentes de Junts próximas a la negociación también confirman a Público que el pacto puede ser inminente, una vez se ha logrado el acuerdo político sobre la Ley de amnistía. Las dos partes han dedicado las últimas horas a intentar resolver cuestiones técnicas, relacionadas con perímetro final de la normativa, con el objetivo de encontrar un encaje jurídico que garantice que superará el filtro del Tribunal Constitucional.

Las mismas fuentes reconocen que es un tema “complejo”, lo que explica en parte que las conversaciones se estén alargando tanto desde el desacuerdo del jueves y que las dos formaciones hayan intercambiado decenas de documentos y redactados los últimos días.

Este lunes ha sido una nueva jornada de negociaciones intensas entre el PSOE y Junts. Por parte de los independentistas, después de que durante el domingo viajaran a Bruselas el secretario general, Jordi Turull, su presidente en el Parlament, Albert Batet, y la líder en el Congreso, Míriam Nogueras -en su caso ya por la tarde-, este lunes se han desplazado a la capital comunitaria el conjunto de integrantes del secretariado permanente, que han repetido la reunión que ya mantuvieron hace cuatro días.

No ha habido una reunión física con el PSOE pero sí que constantes contactos telemáticos e intercambio de documentos. Durante la mañana la distancia física entre las dos delegaciones era mínima, puesto que mientras que Junts se ha reunido en una sala del Press Club de la ciudad (donde Puigdemont hizo su primera comparecencia cuando se estableció en el país), los socialistas estaban en el hotel Sofitel, a menos de 400 metros. A partir del mediodía el grueso de dirigentes de Junts ha vuelto a Catalunya, con las excepciones de Turull, Nogueras y la presidenta del partido, Laura Borràs, además del propio Puigdemont, obviamente.

Los nombres de la amnistía

Como ya informó Público el domingo, el quid de la cuestión para Junts es que la amnistía recoja casos no directamente vinculados al referéndum del 1-O de octubre pero que considera lawfare, es decir, abiertos en el marco de la guerra judicial para atacar el independentismo.

Un ejemplo sería el de Josep Lluís Alay, jefe de la Oficina de Puigdemont, que tiene fijado un juicio para los próximos 20 y 21 de febrero por asistir en 2018 al referéndum de autodeterminación de Nueva Caledonia, justamente en representación del factótum de Junts. Alay está acusado de malversación y afronta una petición de tres años de prisión y 17 de inhabilitación.

Fuentes de Junts próximas a la negociación confirman que la formación habría pasado un listado de nombres de dirigentes que quiere que queden cubiertos por el olvido judicial y se está buscando, casi palabra por palabra, como encajarlos en el redactado de la normativa. Hay que recalcar que la ley de amnistía no hará referencia a causas ni a personas concretas y, por lo tanto, lo que se intenta es que el texto englobe los diferentes supuestos que se quieren incluir y evite la continuidad de determinadas causas judiciales o la próxima apertura de nuevas que ahora pueden estar bajo secreto de sumario y afecten a dirigentes del partido.

Quien quedaría fuera sería Laura Borràs, condenada a prisión por supuestos pagos irregulares cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, ya que en su caso se optaría por la vía de pedir el indulto para esquivar su ingreso entre rejas. Si todas las piezas acaban encajando, en las próximas horas se sellaría un acuerdo que iría seguido de comparecencias por separado de las dos formaciones. Además, Junts celebraría un consejo nacional extraordinario para ratificarlo, además de someterlo a la validación de sus bases en una consulta telemática.

Un paso que en el PSOE ya culminaron, con gran éxito para Sánchez, este fin de semana. La militancia socialista refrendó con más de un 87% el pacto de Gobierno con Sumar y las negociaciones con el resto de grupos parlamentarios. Aunque no se preguntaba de forma expresa sobre cuestiones como la ley de amnistía, el resultado supone un aval claro para Sánchez. Más después de que él mismo haya defendido públicamente la necesidad de esta medida y la pactara con ERC la pasada semana, con la consulta en sus primeros días.

Aparte de Junts, a los socialistas todavía les queda cerrar definitivamente el acuerdo con PNV. Se espera también alguna concreción mayor con EH Bildu, a pesar de que esta formación ha sido una de las más claras desde el principio en mostrar su apoyo a la investidura. Con quien sí se cerró el pacto este lunes de forma definitiva fue con el BNG. La investidura, si los planes de Sánchez se cumplen esta semana, podría ser todavía entre los días 8 y 10. Todo está a la expensa de cerrar los acuerdos con Puigdemont y registrar la ley de amnistía en el Congreso.

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