El PSOE y el PP han cerrado un acuerdo para la renovación del Defensor del Pueblo, que será el exministro Ángel Gabilondo, mientras que la diputada Teresa Jiménez Becerril será la adjunta. 

Gabilondo sustituirá a Francisco Fernández Marugán, exdiputado socialista de 75 años que ejerce este cargo en funciones desde julio de 2017, tras dejar el puesto la exdiputada popular Soledad Becerril al cumplir su mandato de cinco años.

Ángel Gabilondo (San Sebastián, 1949) es filósofo, fue ministro de Educación en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2009-2011) y desde 2015 lideró al PSOE en la Asamblea de Madrid, hasta que dimitió y renunció a recoger su acta después de las elecciones autonómicas del pasado 4 de mayo, cuando cosechó frente a Isabel Díaz Ayuso los peores resultados de su partido en Madrid.

Ahora, casi medio año después, y con Gabilondo ya al margen de la política, los socialistas han decidido volver a ofrecerle un puesto que, de algún modo, resarciría la salida que tuvo el exministro de la Política en mayo, cuando fue el único, junto al líder del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, que dimitió por los malos resultados de las elecciones.

Por su parte, Teresa Jiménez Becerril, hermana del concejal sevillano del PP Alberto Jiménez-Becerril asesinado por la banda terrorista ETA, es diputada del Grupo Popular desde 2019 y fue eurodiputada durante una década (2009-2019). En estos años, Jiménez Becerril ha sido muy crítica con la política de acercamiento de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. También ha censurado sus acuerdos con Bildu.

Los nombres de Gabilondo y de Jiménez Becerril fueron los primeros que trascendieron en la negociación para renovar también el Tribunal Constitucional (TC), el Tribunal de Cuentas y  la Agencia de Protección de Datos (que en este caso depende de un nombramiento del Gobierno y no, como en el resto, de una mayoría de tres quintos en las Cámaras).

Tras el acuerdo sobre Gabilondo y Jiménez Becerril, a última hora del jueves se comunicaron el resto de los nombres acordados entre el Gobierno de coalición, formado por PSOE y Unidas Podemos, y el PP para la renovación del TC y de los otros órganos. No así el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ambos grupos pactaron dejar para una siguiente fase, debido a que mantienen sus discrepancias. Este jueves, desde Bruselas, tanto el presidente del PP, Pablo Casado, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han emplazado mutuamente a renovar también el CGPJ, cuyo mandato lleva casi tres años caducado.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PSOE, Teodoro García Egea, han capitaneado las conversaciones para renovar estos órganos constitucionales y, en poco más de una semana, han logrado desencallar una negociación que llevaba años atascada. Ambas partes reconocen que su "buena sintonía" ha permitido encarrilar este pacto, según las fuentes consultadas.