Desde que en octubre de 2014 este diario comenzó a investigar el caso del pequeño Nicolás y nos convertimos en testigos de la pieza sobre la grabación ilegal a agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de Asuntos Internos, el comisario José Villarejo, los empresarios implicados en la causa, la excúpula de la policía, políticos y los "infiltrados" en los medios de comunicación de esta red —que ya se conoce como las cloacas de Interior, gracias al documental de Mediapro—, han intentado echar abajo nuestro trabajo querella tras querella, demanda tras demanda, con acusaciones falsas. 

Todas han sido archivadas hasta el momento por diferentes tribunales, ya que la red de las cloacas no ha cejado hasta agotar los últimos recursos. Esta semana, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid ha echado abajo el intento de desprestigio de Eduardo Inda contra este medio y, en concreto, contra la periodista que firmaba los artículos, asegurando que cada una de las informaciones referidas a Inda y sus relaciones con Villarejo, como periodista “afín” o “infiltrado”, y a sus “chantajillos” no son injuriosas. 

Algunos de los reportajes que Inda incluía en su querella por dañar su honor eran La 'brigada política' de la Policía chantajea al CNI y a la Casa Real con tirar de la manta del 'caso Corinna' , Los "chantajillos" de Eduardo Inda: de la falsa cuenta suiza de Trias a las noticias antiguas sobre Bárbara Rey o Más de 200 llamadas acreditan la relación entre la cúpula policial y los periodistas anti-Podemos , entre otros. 

Información contrastada y veraz sobre Inda

La Sala de Apelación comparte el criterio del juzgado de instrucción, que también archivó la causa en un primer momento, habida cuenta de la "relevancia de la información" y la "condición de personaje público del Sr. INDA", así como la condición de periodista de Patricia López y la ausencia de imputaciones denigratorias o infamantes ni expresiones injuriosas o sin relación alguna con las opiniones o informaciones que se exponían en los artículos. 

En concreto asegura el auto que la diligencia en la labor de averiguación y contraste de la información “(…) se aprecia cumplida en el presente caso, como así se subraya convenientemente por el Juez a quo en sus resoluciones en las que detalla convenientemente las averiguaciones realizadas por la querellada Dña. Patricia López Lucio con carácter previo a la publicidad de sus informaciones (en base a grabaciones, audios, documentos policiales y judiciales, reportajes publicados por el propio querellante, etc), debiendo subrayarse que, no solo, según se observa en las actuaciones Dña. López Lucio explicó en su declaración en fase de instrucción las diligencias de contraste practicadas, sino que su representación procesal y de la entidad Display Connectors presentó un escrito unido a la causa (folio 221 y ss) de fecha 17 de octubre de 2017, en donde se detallan las comprobaciones previas realizadas por la periodista en relación a todas y cada una de las informaciones recogidas en la querella, precisando sus fuentes con la aportación de la documentación acreditativa correspondiente, (…)”.

Las otras causas perdidas por las cloacas

Hace un mes la Audiencia Provincial de Madrid también archivó la querella contra la misma periodista que había interpuesto el ex alcalde socialista de Estepona (Málaga) David Valadez, por asegurar en diferentes artículos que el comisario Villarejo se hizo con el urbanismo de dicho municipio tras desarrollarse la operación Astapa por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). En este procedimiento fue testigo clave un presunto testaferro del policía, investigado ahora en Tándem, y llevó a la alcaldía a Valadez en sustitución del detenido Antonio Barrientos. 

El alcalde de Estepona David Veládez y el gerente y administrador de una sociedad de Villarejo, Diego de Lucas.

Nada más llegar, Valadez concedió al socio de Villarejo unas licencias de urbanismo e incluyó en su equipo como arquitecto municipal a otro de los empleados y administrador de la empresa que editaba el digital que dirigía la mujer de Villarejo, Gema Alcalá, también imputada por la Audiencia Nacional y el juzgado de instrucción número 2 de Madrid por grabar ilegalmente y difundir la reunión del CNI y Asuntos Internos en la causa del pequeño Nicolás.

Anteriormente Público ya había logrado que se desestimaran las acciones judiciales interpuestas o que las perdieran como le pasó al ex director de Operaciones Inmobiliarias del Banco Santader, Javier Martínez de la Hidalga, relacionado con la causa del pequeño Nicolás; del ex número dos de la Policía, el comisario ahora jubilado Eugenio Pino; y lograr que se desestimen varias querellas y ganar una demanda al propio comisario Villarejo en la que intentaba echar por tierra la totalidad de los artículos sobre él publicados por este medio en 2015 y que, según la sentencia, la información de Público no sólo fue veraz, también era verdad y en la actualidad se investiga en el procedimiento que la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción abrieron contra él y otros comisarios por presunta organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales.