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Puigdemont anuncia una nueva ley de emergencia social catalana para sortear a Rajoy y al Constitucional

Será un proyecto en lectura única, el procedimiento que recoge el Parlament que permite legislar con más urgencia, "que regulará todos los derechos de los catalanes que el Gobierno central ha querido limitar presentando recursos"

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El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acompañado de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el vicepresidente y conseller de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras, y la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, en la cumbre política y social en defensa de la ley de emergencia social frente al recurso del Gobierno central. EFE/Quique García

BARCELONA.- El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado hoy que impulsará una nueva ley catalana con la que se quiere dejar "sin efectos prácticos" el recurso al Tribunal Constitucional por parte del Gobierno de la ley de pobreza energética y emergencia habitacional.

Puigdemont ha informado en conferencia de prensa de la reunión con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, los grupos parlamentarios, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y otros ediles, así como representantes de entidades sociales, con el objetivo de hacer frente al recurso del Gobierno central contra la ley catalana de pobreza energética y emergencia habitacional. 

"Será un proyecto de ley en lectura única que regulará todos los derechos de los catalanes que el Gobierno central ha querido limitar presentando recursos", ha explicado en una comparecencia sin preguntas desde la Generalitat tras la reunión que ha convocado con partidos, alcaldes y entidades para abordar los recursos del Estado contra normativas del Parlament en materia social.

La lectura única es el procedimiento legislativo que recoge el Parlament que permite legislar con más urgencia, y la norma recogerá todo lo relativo a la emergencia social con el objetivo de "dejar sin efectos prácticos" las suspensiones del Alto Tribunal.

Los impulsores de la ley

Los encargados de impulsar la nueva ley serán la Conselleria de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda; el Consell de l'Advocacia de Catalunya, y los grupos impulsores de la ILP que tramitó el Parlament sobre emergencia social: Pah, Observatori Desc y Aliança contra la Pobresa Energètica.

Hay varias normativas recurridas por el Gobierno central: un decreto de pobreza energética contra los cortes de suministros a familias vulnerables; una ley que crea un impuesto sobre viviendas vacías a grandes propietarios; y la Ley 24/2015 de emergencia habitacional y pobreza energética.

Todas estas leyes tienen diferentes niveles de impugnación: el decreto ya ha sido anulado por el TC; la ley del impuesto ha sido suspendida precisamente este martes, y la Ley 24/2015 está pendiente de que el TC decida o no suspenderla tras el recurso del Gobierno central.

"Necesitamos una nueva ley que permita sustituir todo lo que haya quedado suspendido y que recoja lo que está en otras normativas y ponerlo todo junto", ha resumido el presidente catalán.

Puigdemont no ha concretado cómo se podría evitar que la próxima ley catalana sobre emergencia social que propone también sea recurrida por el Gobierno central cuando la apruebe el Parlament.

Sí ha asegurado que la nueva ley permitirá "seguir dando herramientas jurídicamente sólidas" para que las administraciones catalanas luchen contra problemas como los desahucios y los cortes de suministros a las familias vulnerables.

Agradecimiento

Puigdemont ha afirmado que la reunión, de más de dos horas, ha sido "útil e intensa", y ha agradecido la presencia de todos los asistentes aunque algunos tengan puntos de vista diferentes a los del Govern.

Ha agradecido especialmente el papel de los alcaldes que han participado en la reunión, ya que han hecho "un retrato muy preciso" de la realidad social de los municipios y esto debe permitir a los legisladores hacer la mejor ley posible para combatir los problemas de los ciudadanos.

Ha añadido que los alcaldes presentes han mostrado voluntad de "mantener un seguimiento" de las decisiones que se vayan tomando sobre la nueva ley, y que han manifestado su temor a que la suspensión de las normativas actuales pueda conllevar una oleada de desahucios que hasta ahora habían podido contener.

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