BARCELONA. Las casi tres horas de cumbre han servido para constatar que el conjunto del soberanismo -que reúne a las fuerzas y entidades partidarias de la independencia y las que se quedan en la defensa del derecho a decidir- vuelve a la pantalla de reclamar un referéndum acordado con el Estado español.

Aunque sea temporalmente, si tenemos en cuenta las diversas intervenciones de los asistentes, ya que ni el gobierno de Junts pel Sí ni la CUP han renunciado al plazo de septiembre para que la consulta sobre el futuro de Catalunya sea una realidad.

En cambio, la alcaldesa de Barcelona, ​​Ada Colau, se ha mostrado partidaria de "no fijar plazos concretos» para alcanzar el objetivo. El encuentro también ha servido para formalizar el Pacto Nacional por el Referéndum, que estará pilotado inicialmente por un comité ejecutivo, formado por ocho personas que pretenden reflejar la «pluralidad» y «transversalidad» del acuerdo, en palabras del presidente catalán, Carles Puigdemont.

El nuevo intento de buscar el entendimiento con el Ejecutivo estatal -que no ha dado ningún síntoma de pretender cambiar su negativa rotunda a permitir o aceptar ninguna consulta vinculante- ha permitido recuperar el apoyo que tenía el derecho a decidir y, por ejemplo , el conjunto del espacio de los Comuns ha participado en el encuentro y ha avalado el retorno a un referéndum «acordado, con el máximo reconocimiento internacional y con garantías", según ha afirmado Colau.

Al encuentro, celebrado en el Parlament, han asistido unas ochenta personas -representantes de instituciones, partidos políticos y organizaciones sociales, vecinales, sindicales o empresariales- y ha servido para visualizar el amplio apoyo que genera el referéndum como vía para resolver el conflicto político catalán. 
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Las personas que estarán al frente del nuevo Pacto Nacional por el Referéndum, que toma el relevo del antiguo Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, son el ex diputado del PSC y dirigente de Avancem, Joan Ignasi Elena, que será el coordinador; la ex-alcaldesa socialista de Badalona, Maite Arqué; la ex concejal del PSC en Barcelona, Itziar González; los ex diputados de ICV Francesc Pané y Jaume Bosch -miembro de la corriente independentista de la formación-; la ex consejera de Educación y ex-diputada convergente Carme-Laura Gil; la ex-diputada de ERC Carme Porta, y el director de la revista 'Catalana International View' y ONGC, Francesc Dalmases.

 La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el presidente de la Generalitat, Carles Puigemont; la coordinadora general del PEdCAT Marta Pascal; el expresidente de la Generalitat Artur Mas, y la expresidenta del Parlament Núria de Gispert, en la sede de la Cámara catalana que ha acogido una cumbre sobre la convocatoria de un referéndum  EFE/Toni Albir

Colau ha defendido no poner fechas concretas para evitar que se genere "frustración"

Una vez finalizada la cumbre, el primero en comparecer ante la prensa ha sido el President Puigdemont, que ha celebrado que el pacto de este viernes pretenda «ampliar el espectro más allá de las organizaciones políticas» y supone un «salto hacia adelante». En este sentido, lo que se quiere es iniciar una campaña para ganar adhesiones al referéndum también fuera de Catalunya, a escala estatal e internacional, que se vehiculará a través de un manifiesto por el momento inexistente. Sobre él, Ada Colau ha querido matizar que habrá "tiempo" para alcanzar el consenso necesario. En cualquier caso, la redacción recaerá en el comité ejecutivo del Pacto Nacional por el Referéndum. De hecho, no contará con el impulso del Govern. Todo ello, según Puigdemont, debe servir para «ampliar y ensanchar el sentido y el apoyo del referéndum».

Diferencias entre los Comuns, ERC y la CUP

Las mayores discrepancias en la interpretación de la jornada se han concentrado en las intervenciones de Colau, Oriol Junqueras y la CUP. La alcaldesa de Barcelona y líder de Els Comuns ha afirmado que se ha constatado que "el referéndum no era una pantalla pasada, sino un paso ineludible para decidir el futuro de Catalunya y hacer tal cosa dando la palabra a los ciudadanos de Catalunya». Según Colau, en los últimos tiempos se ha podido comprobar que en el Estado «se han movido cosas», porque a pesar de los nulos gestos del gobierno de Rajoy, en las elecciones generales "más de cinco millones de ciudadanos votaron a favor también del referéndum para Catalunya ». En concreto, Colau ha querido destacar el apoyo que presta la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, al ejercicio efectivo del derecho a decidir de los catalanes.

Eso sí, también ha querido afirmar que «ahora no sería útil repetir un 9-N, pero eso no quiere decir que no sea legítimo». Colau ha defendido no fijar fechas concretas para celebrar el referéndum, para evitar que se genere «frustración», y reconoció que esto puede suponer que se tarde más tiempo, pero que se trata de «hacerlo bien». En cualquier caso, ha explicado que ahora debe trasladar la propuesta a su espacio político, para valorarla y dar una respuesta, pero celebró que haya un «consenso generalizado» en reimpulsar «un espacio amplio en el que el elemento central no es la independencia, sino la democracia».

Anna Gabriel: "no necesitamos ningún aval, porque la legitimidad para hacer un referéndum ya existe"

El vicepresident del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha valorado positivamente la cumbre y dijo que "no vamos a renunciar a un acuerdo» para celebrar el referéndum. Ahora bien, ha insistido en que el Ejecutivo mantiene su plan de celebrar la consulta vinculante como tarde en septiembre, con independencia de que haya acuerdo o no. «Nunca condicionaremos la democracia a que nos den permiso, porque entonces no estaríamos hablando de derecho a decidir, sino de derecho a pedir», afirmó.

Junqueras se ha mostrado convencido de que no habrá acuerdo con el Estado, porque «la experiencia nos demuestra que no es posible un referéndum pactado» y manifestó que confía en que las entidades y formaciones partidarias «nos acompañen a nosotros [los partidarios del referéndum unilateral] cuando constaten que no es posible ».

Esta última idea también la ha compartido la CUP, según ha expuesto su portavoz parlamentaria, Anna Gabriel. La dirigente de la formación de la izquierda independentista añadió que la cumbre ha sido positiva para mostrar el amplio apoyo al referéndum y que ven con buenos ojos la campaña de adhesiones que se quiere impulsar, pero matizando que «no necesitamos ningún aval , porque la legitimidad para hacer el referéndum ya existe».

Bajo el signo de la judicialización

Este mismo viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anunciado que el juicio contra el ex-President Artur Mas y las ex-consejeras Joana Ortega e Irene Rigau por la organización de la consulta del 9-N empezará el 6 de febrero y, en principio, se alargará hasta el día 10. la Fiscalía y las acusaciones populares piden 10 años de inhabilitación para los tres antiguos cargos de la Generalidad. Justo antes del inicio de la cumbre del referéndum, Mas ha manifestado que el juicio es una "aberración democrática» porque lo que hicieron fue «escuchar a la gente y poner las urnas», cosas que considera «no deberían ver como negativas ». Curiosamente, Mas ha tenido un papel muy discreto en la cumbre. Según fuentes consultadas por Públic no ha llegado a tomar la palabra para expresar su opinión en la reunión a puerta cerrada

Los asistentes han acudido a la sede del Parlament de Catalunya con otras dos informaciones del día:

El Tribunal Constitucional (TC) había decidido anular la creación de las tres ponencias conjuntas del Parlament sobre las denominadas "leyes de desconexión", tras estimar "recursos de amparo" presentados por Ciudadanos y el PSC.

Y el TC también había decidido invalidar una parte de la Ley catalana de Acción Exterior, porque entiende que con esta norma la Generalitat invade competencias del Estado.