A las 9.00 horas, tal como estaba previsto, Quim Torra ha subido la escalinata del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat) para ser juzgado por un presunto delito de desobediencia. La acusación no es otra que haber desoído los requerimientos de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar la pancarta que pedía la “Libertad de los presos políticos y exiliados” -con un lazo amarillo y que colgaba del balcón de la Generalitat- durante la campaña de las elecciones en el Congreso español y de las municipales este abril y mayo pasados.

Torra, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de un año y ocho meses, ha llegado al tribunal acompañado por la plana mayor del soberanismo y el millar largo de personas que se han concentrado esta mañana ante el histórico edificio situado en el Passeig Lluís Companys de Barcelona, donde se han podido escuchar gritos de “Independencia”, “Libertad” y, de forma insistente, “No es justicia, es venganza”.

Antes de acceder al TSJC, el president de la Generalitat y una representación de las fuerzas y entidades soberanistas han recorrido a pie el tramo entre el Arc de Triomf hasta la sede donde se celebra la vista oral. A las puertas del Palau de Justicia, el conjunto de partidos y entidades han expresado su rechazo a la causa contra Torra, la primera a un president de la Generalitat en activo. Todos han querido destacar este hecho y denunciar el Estado para continuar aplicando la represión en lugar de sentarse a una mesa de diálogo para abordar el conflicto que vive Catalunya. Así lo ha señalado el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que en nombre de ERC ha calificado de “atentado contra los derechos civiles y políticos” el juicio que hoy se celebra en el TSJC.

También la portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha insistido en criticar el Estado para querer resolver por la vía de los tribunales un problema que es de naturaleza política, razón por la cual ha emplazado al ejecutivo en funciones a abandonar la vía represiva para iniciar una negociación que atienda las demandas de la población. En la misma línea, el portavoz de JxCat, Eduard Pujol, ha instado al Estado a preguntarse qué grado de democracia está dispuesto a aceptar, advirtiéndole que la estrategia represiva iniciada en el 9-N [la consulta del 2014] contra el presidente Mas y el encarcelamiento de los líderes soberanistas de ya hace un año solo han hecho que empeorar la situación. Para Pujol, “es hora de decir basta y exigir que pare esta dinámica enloquecida”.

Igual que el representante de JxCat, el diputado de la CUP en el Parlamento catalán Carles Riera ha afirmado que, con el juicio de hoy, “la democracia del Estado español entra a nivel de mínimos”, a la vez que ha defendido que solo la desobediencia civil e institucional podrá conducir a la sociedad catalana a un escenario donde se garanticen los derechos civiles y políticos para toda la ciudadanía.

Entre los concentrados también había miembros de la ANC y Òmnium Cultural, que en boca de Pep Cruanyes y Marcel Mauri, respectivamente, han querido recordar que el proceso del TSJC es una vulneración flagrante del principio de legalidad, puesto que como autoridad, Torra tiene toda la obligación de defender los derechos humanos y denunciar si estos se vulneran. “Y esto es el que hizo colocando la pancarta en la fachada del Palau de la Generalitat”, ha afirmado Cruanyes, mientras que Mauri ha calificado de “indignidad y vergüenza” que volvamos a asistir a un “juicio de parte” donde la ultraderecha, en referencia a Vox, ejerce nuevamente la acusación popular.

Imparcialidad en juego

El juicio contra Quim Torra llega en medio de las conversaciones sobre la futura formación del Gobierno central y, a la vez, la semana en que algunas entidades, como Amnistía Internacional o la plataforma International Trial Watch, critican abiertamente la falta de imparcialidad y la vulneración del derecho a defensa que, a su entender, sufrieron los líderes soberanistas condenados por el Tribunal Supremo este octubre pasado.

También en la causa contra el presidente de la Generalitat, sus abogados han manifestado la preocupación por la carencia de parcialidad del presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, a quién el mismo Torra recusó después de que esgrimiera que la presencia del lazo amarillo en el balcón de la Generalitat alteraba “el equilibrio político”. A propósito de esto, el abogado de Torra, Gonzalo Boye, afirmó ayer que, si el TSJC actúa como un tribunal de justicia, “Torra tendría que ser absuelto; pero si actúa como un órgano político, entonces puede pasar de todo”. La posibilidad que sea inhabilitado, pues, sobrevuela en la causa iniciada hoy este lunes por el alto tribunal, una circunstancia que abriría un escenario de consecuencias imprevisibles.

Si bien es cierto que una condena no sería firme hasta que no se pronunciara el Tribunal Supremo, donde Torra podría recorrer, su rol lo asumiría Pere Aragonès, vicepresidente del Govern, o bien otro diputado para agotar la legislatura, siempre en el momento de la sentencia firme. Una situación que, según algunas voces, propiciaría una distorsión institucional que obligaría a avanzar las elecciones catalanas.