Gobernar cambia la perspectiva y las prioridades; no es lo mismo recoger en el programa electoral que cambiarás la Constitución Española de 1978 cuando estás en la oposición que ejecutar tal reforma al llegar a La Moncloa. Ésta es la explicación, a grandes rasgos, que da el Ejecutivo cuando se le pregunta por los cambios que el PP se comprometió a hacer en la Carta Magna y que hoy siguen metidos en el cajón engrosando la parte incumplida del programa electoral de 2011. Ayer mismo, argumentaba así la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

En estos dos años, sin embargo, el presidente del Gobierno se ha quedado prácticamente solo en su posición inmóvil sobre que la Carta Magna está bien como está y no requiere reforma alguna. Hoy se celebra el tercer Día de la Constitución desde que Mariano Rajoy ganó las elecciones del 20 de noviembre de 2011 y, hoy también, el círculo de presión en torno al jefe del Ejecutivo para que la modifique es más estrecho, si bien su inédita mayoría absoluta en el Congreso le deja mucho aire para mantener su posición fija.

El arco parlamentario salvo el PP coincide en que hay que adaptar la Constitución a los nuevos tiempos políticos, sociales, económicos y territoriales, aunque cada partido exponga planteamientos distintos -a esta heterogeneidad se agarra también el Gobierno para negar la reforma-. No será la oposición, en cualquier caso y por numerosa que sea, la que imponga al presidente el inicio de un proceso constitucional largo y complejo en negociaciones, admiten en el Ejecutivo, que se agarra asimismo a la situación de crisis económica y a la prioridad absoluta de su salida para aparcarlo.

Rajoy insistió mucho en el mensaje que La Moncloa colgó en Youtube ayer, víspera del 6 de Diciembre: 'La Constitución no es un corsé, sino el marco de libertades y derechos', que ha permitido a los españoles disfrutar de derechos universales (sanidad, educación y pensiones públicas) que son 'inimaginables' en otros países. El presidente lanzaba así uno de los mensajes implícitos que más le agradan: 'Si algo funciona, ¿para qué cambiarlo?'.

La negativa sobre ese buen funcionamiento, sin embargo, llega al presidente de sus propias filas. Barones autonómicos del PP, como el de Extremadura, José Antonio Monago; el de la Comunitat Valenciana, Alberto Fabra; el de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, o el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se han pronunciado al menos en una ocasión a lo largo de estos dos años sobre su convicción de que es necesario un cambio en la Constitución, al menos, para perfeccionar y profundizar en el Estado autonómico, particularmente, en los asuntos que afectan a su financiación. También ayer, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, recién incorporada a sus funciones tras la baja provocada por un accidente de moto, se manifestó a favor de los cambios constitucionales.

En sentido contrario, la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo -los barones más próximos a Rajoy-, sí han apoyado al jefe del Ejecutivo en su posición inamovible sobre los cambios constitucionales. El presidente gallego junto a otros once presidente autonómicos (Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Catalunya, Extremadura, La Rioja, Comunidad de Madrid, Navarra y País Vasco) se ausentarán mañana de la celebración del 6 de Diciembre en el Congreso junto a los representantes nacionalistas del Congreso, estos últimos como vienen haciendo en los últimos años. Sí acudirán a la Cámara Baja los barones de Comunitat Valenciana, Murcia, Canarias, Aragón y Castilla-La Mancha.