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Rato afronta con "plena confianza en la justicia" su declaración de este miércoles por cinco delitos fiscales

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato llega a los juzgados para responder ante el juez sobre el informe de Hacienda que le atribuye un complejo entramado societario.

Rodrigo Rato.- EFE

EFE

MADRID.- El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ya está en los juzgados para responder ante el juez sobre el informe de Hacienda que le atribuye un complejo entramado societario con el que habría cometido cinco delitos fiscales, uno de blanqueo y otro de alzamiento que propició su detención el pasado 16 de abril.

Rodrigo Rato ha dicho que afronta con "plena confianza en la justicia" su declaración de mañana ante el juez, que ha estado preparando junto a sus abogados para poder demostrar su "inocencia".

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, había convocado al exministro de Economía a las 11.00 horas "a fin de ser oído en calidad de encausado por los hechos que motivan la instrucción", por los que en principio la Fiscalía Anticorrupción no tiene pensado pedir ninguna medida cautelar, han asegurado a Efe fuentes jurídicas.

Frente a él, 40.000 documentos recabados en los tres meses que lleva en marcha esta investigación, que se inició a raíz de un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria, que sirvió de base a la Fiscalía de Madrid para denunciar a Rato por los citados delitos.

En su informe, la ONIF relataba sus sospechas de que Rato había incurrido en diversos fraudes a la Hacienda Pública ante el impago de varias cuotas de IRPF y el Impuesto de Sociedades superiores a los 120.000 euros que establece la ley para que sea un delito fiscal.

Además, los inspectores, que le atribuían un patrimonio de 26,6 millones, señalaban que él y sus sociedades tenían "un elevado tráfico financiero" con paraísos fiscales, poniendo el foco en las mercantiles gibraltareñas Lilac y Vivaway. Hacienda concluía que el clan de los Rato participaba "en los más variados sectores declarados de actividad empresarial" a través de un entramado de "muy baja tributación".

A ello se unía la "profusa" utilización de sociedades extranjeras y "el tráfico de divisas" por más de 12 millones con países o territorios que pueden considerarse de riesgo fiscal medio o alto", como Gibraltar, Holanda, Estados Unidos, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Dominica, Suazilandia, etc".

Con ellas, "posiblemente" intentó dar "opacidad formal a su accionariado", ocultando formalmente la titularidad, y que se destapó una vez el ex director gerente del FMI se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno en 2012 y realizó la declaración de bienes y derechos en el extranjero un año después.

La ONIF también mencionaba la donación a sus hijos en julio de 2013 de sus participaciones de las sociedades Aurosur, Rodanman Gestión, Explotaciones Carabaña y Rafi por valor de 2,6 millones, que después recompró mediante ampliaciones de capital utilizando la sociedad Kradonara. Un año después vendió sus participaciones en Kradonara a Vivaway, que pasó a ser su socio único.

Todas estos motivos llevaron a la Oficina Antifraude a pedir la detención del exbanquero, que se produjo mientras asistía al registro de su domicilio, al que siguió poco después, aunque ya en libertad, el de su despacho. Un informe del que la inspectora jefe de ese departamento, Margarita García Valdecasas, se desvinculó ayer en su testifical ante el magistrado, al que aseguró que se trataba de una "denuncia temprana por posibles riesgos" que no podía ratificar, puesto que ella no había sido la autora.

Por el momento, Rodrigo Rato tiene todas sus cuentas y patrimonio embargado por orden del juez, que el pasado mayo le fijó una fianza de 18 millones de euros para levantar esa medida cautelar. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado en un auto conocido esta mañana esa decisión, al considerar que existen "datos suficientes" de que Rato pudo cometer uno o varios delitos fiscales y blanqueo. En su resolución, el tribunal madrileño recuerda que ya la Fiscalía Anticorrupción descartó el de alzamiento, por lo que estima que la cantidad fijada por el instructor fue "adecuada y razonable".

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