El juez de Barcelona que ha ordenado este miércoles el cierre de la web del referéndum del 1 de octubre investiga una partida oculta de 400 millones de euros que el Govern habría escondido para financiar la independencia, así como la existencia de un censo elaborado con los datos fiscales de los catalanes.

La investigación del juez de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, se abrió en enero pasado, tras la denuncia presentada por un particular contra el entonces senador de ERC Santiago Vidal.

En una serie de conferencias soberanistas, Vidal había revelado al público asistente que "ocultos en los presupuestos hay una partida de 400 millones de euros destinados a la celebración del referéndum y a la construcción de las estructuras de Estado". 

Vidal también había asegurado en otra conferencia del 24 de noviembre de 2016 que "el Govern tiene todos vuestros datos fiscales. ¿Esto es legal? Pues no. Está protegido por la Ley de Protección de bases de datos del Gobierno español. Pero tontos no somos". El entonces senador justificó el que se hubieran recabado los datos de los ciudadanos catalanes de manera ilegal en que el Estado no había colaborado con el proceso soberanista.

 Los datos personales son un derecho fundamental de los ciudadanos que está protegido por la ley y el censo electoral es único, de tal manera que ninguna administración puede acceder a él. El senador dimitió de su cargo tras el escándalo y tras la desautorización implícita de ERC, que en su cuenta de Twitter aseguró: “nuestro trabajo es siempre escrupulosamente legal, extremadamente eficaz y absolutamente transparente”.

El sumario abierto en enero permanece secreto y se investigan también las herramientas que hayan podido ser utilizadas para recoger los datos personales de la población catalana durante meses. La causa contra Santiago Vidal se centra en dos delitos: revelación de secretos y delito informático.

Por el juzgado han declarado como testigos altos cargos del Govern, funcionarios y trabajadores de diversas empresas contratadas para activar las páginas web del referéndum, así como los participantes en la campaña para elaborar un registro de catalanes en el exterior.

Por otro lado, la Fiscalía Superior de Catalunya había pedido el cierre de todas las páginas web que impulsan el referéndum dentro de la querella contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su Gobierno. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) aún no se había pronunciado sobre esta medida cautelar, tras admitir a trámite la querella.

Santiago Vidal es juez de profesión y fue sancionado en 2015 por el Consejo General del Poder Judicial a tres años de inhabilitación profesional por redactar una supuesta constitución catalana, que él siempre defendió que era un trabajo académico para lo cual está facultado. La sanción fue confirmada por el Tribunal Supremo en 2016. Concurrió después a las elecciones generales en la lista de ERC hasta que realizó sus polémicas revelaciones.