Poder JudicialLa reforma del CGPJ recibe duras críticas en la carrera judicial y es calificada de inconstitucional

La reforma 'exprés' para modificar la ley actual de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se plantea con la proposición de ley anunciada este martes por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, ha sido recibida con críticas tanto en el seno del órgano de gobierno de los jueces como en la mayoría de las asociaciones —que lo califican de "inconstitucional"— a excepción de Juezas y Jueces por la Democracia que lo ven como alternativa al bloqueo actual.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) —mayoritaria— se muestra contraria a esta reforma, y su portavoz Manuel Almenar ha señalado en declaraciones a Europa Press que es una modificación "abiertamente inconstitucional" porque infringe lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución que fija las mayorías cualificadas necesarias en las cortes.

Además, añade que la vía de la proposición de ley también "plantea serias dudas de incosntitucionalidad" porque al evitar el cauce del proyecto de ley se eluden trámites preceptivos como son los informes del CGPJ, de la Fiscalía General del Estado o del Consejo de Estado, "algo básico en la cuestión".

Almenar ha explicado por otro lado que no se puede plantear una reforma del sistema de nombramientos y que ésta tenga carácter retroactivo. En este sentido, ha recordado al Gobierno que el proceso de renovación del órgano se inició hace dos años, y las reformas son a futuro, no sobre procesos iniciados.

Bruselas se hizo eco de la demora en la renovación del CGPJ

"Tenemos la certeza de que es inconstitucional y mostramos nuestro absoluto rechazo", ha apuntado, para luego vaticinar que generará una reacción por parte de organismos europeos. "Una infracción de los valores que inspiran la Unión Europea tiene sus consecuencias, y ha llevado a avisos de expulsión a países como Polonia o Hungría", ha añadido.

Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), su portavoz Jorge Fernández Vaquero ha sido tajante también al apuntar que la reforma de esta ley orgánica es un "despropósito" y va "en sentido contrario a las recomendaciones que se hacen desde Europa para fortalecer el Estado de Derecho".

En junio de este año el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, advirtió de la falta de independencia judicial si no se modificaba el sistema de elección de vocales actual. Por eso desde el Foro Judicial Independiente (FJI) insisten en que lo que se debe hacer es cumplir con esas recomendaciones y volver al sistema mixto de designación, en el que parte de los vocales sean elegidos en el seno del Poder Judicial.

El pasado mes de septiembre, el informe sobre Estado de Derecho de la Comisión Europea se hizo eco las demoras que sufren los procesos judiciales y la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Un plan alternativo

Desde JJpD han defendido sin embargo que si bien lo más adecuado es renovar el CGPJ con la ley actual, ven "lógico" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tenga un plan alternativo para desbloquear la situación en caso de que no haya acuerdo entre PSOE y PP.

Así, lo ha señalado su portavoz, Ascensión Martín, quien ha insistido en que ambos grupos políticos deberían ponerse de acuerdo antes de acometer la reforma, pero ve normal que se prepare un plan alternativo dado que el órgano lleva en funciones casi dos años.

"No es deseable que haya ninguna reforma legal porque el país debe emplearse en la pandemia, pero si llega enero y se niegan a renovar, deberá actuar", ha apuntado, añadiendo que desde su asociación ven adecuado que la ley se mejore pero tras el acuerdo.

Contra el espíritu de la Constitución

La propuesta tampoco ha caído en gracia en sectores del Tribunal Supremo, cuyos miembros son designados precisamente por el CGPJ, y que recuerdan que no tiene sentido que la Constitución imponga mayoría de tres quintos para que las cortes puedan elegir a los ocho vocales no judiciales y que sea otra mayoría la que necesiten las cortes para nombrar a los doce vocales judiciales.

La Constitución no establece la mayoría precisa para nombrar a los 12 vocales judiciales, porque lo que se representaba, "con una imprecisión en la redacción de la que se han aprovechado los políticos", según las fuentes consultadas, es que los doce vocales judiciales fueran nombrados por los jueces y que las cortes solo nombraran a ocho vocales con mayoría reforzada.

La reforma también recibe críticas en sectores del Tribunal Supremo

"Pero si se aprovecha la mala redacción de la Constitución, porque no dice expresamente que los 12 vocales judiciales los nombren los jueces, y se optó en 1985 porque todos los vocales sean nombrados por las Cortes, lo que no tiene explicación constitucional es que para nombrar a los ocho vocales no judiciales la Constitución exija a las Cortes mayoría de tres quintos, pero para los judiciales, que son la mayor parte del órgano, se exija un apoyo inferior", añaden.

Así, las fuentes consultadas inciden en que la mayoría reforzada viene exigida "como precaución para que el Poder Judicial no se nombre por la misma mayoría parlamentaria que nombra al Ejecutivo, y es así precisamente para que la mayoría parlamentaria no pueda convertir al consejo general del poder judicial en un organismo que sea correa de transmisión de un partido".

El sistema que se sugiere con la reforma, anunciada además por un vía distinta a la presentación de un Anteproyecto, destroza políticamente la credibilidad de independencia. "Si ya se criticaba la imparcialidad política del CGPJ, porque lo nombraba todo el espectro político puesto de acuerdo, así sería ya intolerable, porque lo nombraría la mayoría ideológica que surge después de cada proceso electoral", dicen los magistrados consultados. "No hay ningún país democrático que lo practique. Ninguno", agregan.

El anuncio ha suscitado fuertes críticas en el sector más conservador del propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y así lo ha señala a Europa Press el vocal José María Macías quien ha criticado en recientes artículos lo que denomina "la vía polaca" de Podemos, el sector del Gobierno al que atribuye la idea de esta reforma.

A su juicio, lo ocurrido este martes no supone más que "copiar paso por paso" lo que ha ocurrido en el Poder Judicial polaco, donde se eludieron informes para implementar una reforma que ha sido duramente respondida por la UE, hasta el punto de peligrar los fondos que el citado país puede recibir para su lucha contra la pandemia.

El Consejo General de Procuradores de España reclama un "gran pacto" que dé "estabilidad"

El Tratado de la UE, según explica Macías, exige a los jueces que vayan a aplicar el derecho de la Unión que reúnan una serie de requisitos, entre los que se encuentran la neutralidad política del órgano que los nombra. "Pero es que en España todos los jueces aplican derecho de la UE y por tanto las exigencias de neutralidad política del órgano que nombra los jueces deben estar presentes en nuestra legislacion", insiste el vocal, nombrado a propuesta del PP.

Añade que también el Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) señala que deberían ser los propios jueces los que designen a los doce vocales de origen judicial. "Y ahora la propuesta es empeorarlo -lamenta-. Pareciera que los aforados quieren un órgano que nombre según sus intereses a los jueces que en el futuro pueden entender de causas que les afecten".

Un pacto para la reforma

Por su parte, el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, ha considerado que "han sido ya demasiadas las reformas sobre el modo de elección de los vocales del CGPJ", indicando que "estar reformando constantemente esto no es bueno para nadie" porque genera incertidumbre.

Estévez ha abogado por una modificación que tenga "pleno consenso de todos los partidos o al menos de los partidos mayoritarios", ya que "todo lo que no pase por ahí (...) va a dar lugar casi con toda seguridad a una contrarreforma". Así, ha reclamado un "gran pacto" que dé "estabilidad" a lo acordado, de modo que "tenga vocación de durar mucho".