La mesa de diálogo y negociación entre el Gobierno español y el Govern de la Generalitat ha vuelto a arrancar después de 10 meses de parálisis. Pero lo ha hecho al ralentí. El encuentro entre la delegación catalana del Govern y los miembros del Ejecutivo español celebrado este miércoles en Madrid no ha dejado grandes acuerdos. Así lo reconocen desde el Ejecutivo presidido por Pere Aragonès. Pero "están pasando cosas" aseguran fuentes de la presidencia de la Generalitat consultadas por Público. Y si bien es cierto que este mes de julio ha sido frenético en la reactivación de las relaciones entre el Palau de la Generalitat y la Moncloa, también lo es que las concreciones se resisten a llegar.

El Código Penal, próximo objetivo

La pregunta es: ¿Hacia dónde avanza la mesa de diálogo ahora que se ha reactivado, aunque sea al ralentí? La versión oficial habla de hacia "la superación de la judicialización y la resolución del conflicto político", según el acuerdo establecido este miércoles. Aunque no concreta nada más. Pero, según fuentes conocedoras de la negociación, la hoja de ruta para la desjudialización de la política catalana sitúa la reforma del Código Penal como el obstáculo a salvar en la próxima fase negociadora de la mesa de diálogo entre gobiernos que ahora se abre, después de la reunión de este miércoles.

Desde el Govern continúan defendiendo la amnistía como fórmula preferente para eliminar el impacto de la judialización sobre la política catalana en los últimos cinco años desde el referéndum del 1-O. Pero reconocen que el PSOE no quiere ni oír hablar del tema. A parte de las repercusiones y connotaciones históricas, este es uno de los motivos por los que el Gobierno español no ha querido entrar a tocar la ley de amnistía de 1978 que podría permitir juzgar la represión franquista, aseguran fuentes de la dirección de Esquerra. Pero fuentes del Govern indican que "se puede hacer mucho trabajo legislativo en diversos ámbitos que produzca los mismo efectos, o parecidos, que la amnistía". Apuntan a la reforma de la ley mordaza, el Tribunal de Cuentas y muchas otras normativas que se irán explorando. "Pero el Código Penal es un punto clave con mucho margen de maniobra", aseguran estas mismas fuentes.

Desde el Govern ponen en valor que "por primera vez, el Gobierno español se ha comprometido públicamente y por escrito a concretar reformas legislativas, normativas, reglamentarias o de cualquier otra índole para superar la judicialización y sus efectos, tomando además, como referencia, los mejores estándares y recomendaciones europeos e internacionales", según el acuerdo establecido entre las dos delegaciones.

Para las fuentes de la presidencia de la Generalitat consultadas, este redactado "abre la puerta a reformar el Código Penal". Una consideración que desde el Govern ven reforzada por el reconocimiento del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de la necesidad de armonizar las leyes españoles con las vigentes en los países del entorno europeo. Aunque sin referirse a ello, Bolaños apuntaba al mal encaje del actual delito de sedición del Código Penal español en los procedimientos judiciales instruidos en diversos países de Europa para la extradición de los dirigentes independentistas.

Activar la reforma entre octubre y noviembre

Sobre las reticencias del PSOE expresadas también por Bolaños respecto a la falta de apoyos parlamentarios, desde el Govern admiten las "dificultades existentes". Pero aseguran que "la reforma es posible y si llegamos a un acuerdo en la mesa de diálogo, la mayoría de la investidura es suficiente. De hecho, la reforma del Código Penal cuenta con el apoyo de una parte del Gobierno español, la de Unidas Podemos, ya que fue esta formación la que lanzó inicialmente la propuesta. No así los socialistas, que expresan sus dudas de realizar estos cambios sin una mayoría amplia que incluya al PP como principal partido de la oposición.

Esas mismas fuentes se atreven a poner fecha en el calendario a pesar de que reconocen que ahora mismo las posiciones están muy alejadas: "En octubre o noviembre los grupos parlamentarios podrían estar entrando en el Congreso las proposiciones de ley para la reforma del Código Penal para trasladar al terreno jurídico los acuerdos políticos de la mesa de negociación". Así lo dicta también el acuerdo firmado: "Los grupos parlamentarios de referencia en las Cortes Generales de las delegaciones de la Mesa de Diálogo se encargarán de impulsarla parlamentariamente".

Fuentes de la presidencia de la Generalitat aseguran que la reforma del Código Penal va mucho más allá del delito de sedición, en el que se ha focalizado públicamente la cuestión. "Está la sedición, pero también está la rebelión, determinadas desobediencias y otras muchas cosas que hay que reformar y que pueden servir para la desjudialización que perseguimos".

Respecto al calendario, el documento base que sale de la mesa de este miércoles también deja claro que "ambas partes manifiestan la voluntad de que estas modificaciones legislativas se aprueben, si procede, antes de que finalice el próximo período de sesiones". Lo que cuadra con los plazos con que trabaja el Govern. El "si procede" será la clave, ya que, para que haya tramitación, debe haber acuerdo. Y este está muy lejos de producirse.

Presión con los presupuestos generales, negociación en paralelo

Pero por si sirve de incentivo, fuentes de la dirección de Esquerra recuerdan a Público que a partir de ahora, la negociación de la mesa de diálogo irá en paralelo a la que los republicanos establecerán con el Gobierno de Pedro Sánchez para la aprobación de los presupuestos generales. Y esas mismas fuentes aseguran que los avances en una y otra negociación "deberán avanzar de forma armónica" si es que el Gobierno español quiere los votos de Esquerra a las cuentas estatales, mantienen los republicanos. "ERC ya no fía", aseguran.

Por otra parte, la mesa de diálogo y negociación entre los dos gobiernos se creó para llegar a una solución acordada sobre el conflicto político en relación a la demanda de autodeterminación de una parte sustantiva de la sociedad catalana y que el Estado no reconoce. Este es un objetivo reconocido en el acuerdo: "La voluntad de avanzar en este ámbito mediante el impulso y el compromiso político de ambas partes que refuercen la apuesta por el diálogo y la negociación como vía para la resolución del conflicto político y la profundización de la democracia". Un objetivo, que ahora mismo, las partes reconocen que está aparcado para centrarse en el tema judicial.

"No renunciamos a la autodeterminación ni mucho menos", aseguran desde la dirección de Esquerra. Pero también añaden que "No se puede negociar el fondo de la cuestión sin equilibrar las fuerzas, debemos estar en las mismas condiciones. Si a los independentistas se nos persigue y reprime judicialmente, es imposible avanzar. La negociación definitiva solo comenzará cuando esa presión judicial quede anulada o muy disminuida. Y que nadie se engañe, el conflicto no se resolverá sin que los catalanes y las catalanas puedan decidir el futuro político y el estatus de Catalunya". "Pero también debemos ser muy conscientes que no es un proceso nada fácil y que requerirá muchos sacrificios, esfuerzos, determinación y tiempo", remarcan en Esquerra. "Esto será largo", advierten.

El catalán, primer acuerdo

El impulso y blindaje del catalán ha sido el primer acuerdo de la mesa de diálogo como ya avanzó en exclusiva Público. Aunque es un acuerdo que se considera en los márgenes del objetivo de fondo de la mesa de diálogo. Una consideración que frustró una reunión de la mesa de diálogo como explicó Público en aquella información por considerar el acuerdo insuficiente por el mismo. Con todo, desde el Govern defienden su inclusión por dos motivos: "Forma parte de la desjudialización después de la ofensiva judicial contra la inmersión lingüística en las escuelas catalanas, y la lengua es un tema troncal de país que no se puede considerar un tema sectorial más".

En este sentido, se ha pactado "contribuir al fortalecimiento y mejora del modelo educativo de Catalunya", de acuerdo siempre con las leyes aprobadas por el Parlament y el modelo lingüístico vigente en las aulas catalanas. "Ambos gobiernos comparten que el catalán debe continuar siendo la lengua utilizada normalmente como vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo de Catalunya, y el aranés en el Vall d'Aran, que la enseñanza y el uso curricular y educativo del castellano también debe estar garantizado y debe tener una presencia adecuada en los currículos y proyectos lingüísticos, y que debe fortalecerse la autonomía y la capacidad de los centros para desarrollar proyectos educativos adaptados a la realidad social y lingüística de su entorno y de acuerdo con la evaluación de las competencias lingüísticas", se detalla en el acuerdo firmado este miércoles, que hace énfasis en que "la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria deberá estar basada exclusivamente en criterios pedagógicos de forma singular para cada centro".

En consecuencia, dice el documento, se da "apoyo al desarrollo del marco normativo reciente, consagrado por el Parlament de Catalunya" y que a la práctica elimina la sentencia judicial que imponía un 25% de castellano en las escuelas catalanas. Legislación que muy probablemente deberá ser revisada por el Tribunal Constitucional después de diversos recursos anunciados. Pero de momento en el acuerdo establecido, el Gobierno español admite que "las disposiciones de esta Ley se adecuan a los marcos constitucional y estatutario".

En el mismo acuerdo se habla de "promover la pluralidad lingüística en las instituciones y el derecho de la ciudadanía de ser atendida en la lengua oficial que elija", y se concreta que se "promoverán esta legislatura las reformas reglamentarias en las Cortes Generales para ampliar el derecho de los representantes de los españoles a realizar su labor en todas las lenguas del Estado". En este sentido, de momento la presencia del catalán en las Cortes Generales se limita al Senado sólo, dado que el acuerdo dice que "se empezará por impulsar la revisión del reglamento" de la cámara alta "para ampliar este derecho". Igualmente, se han comprometido a que el Estado promueva "las reformas normativas necesarias para garantizar la plena disponibilidad lingüística y el derecho de ser correspondido oralmente y por escrito en catalán en la administración periférica del Estado", lo que permitiría un cierto uso del catalán en el Parlamento Europeo.

Con este acuerdo del catalán y el proceso de negociación en marcha se puede dar por reactivadas las relaciones entre los dos gobiernos que quedaron congeladas a causa del escándalo del espionaje político a numerosos dirigentes independentistas con el sistema Pegasus. O al menos las relaciones de parte del Govern, la de Esquerra, ya que Junts continua negándose a participar.

Aunque la asistencia del conseller de Economia, Jaume Giro, a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada en Madrid, casualmente de forma paralela a la mesa de diálogo, indica que desde Junts no todos están por la congelación de relaciones. El viaje tiene su importancia, ya que hay que recordar que se trata de la primera vez desde 2017 que un conseller asiste presencialmente a esta reunión. No en vano, Giró se ha podido atribuir el mérito negociador de que Catalunya pueda gastar 3.100 millones de euros adicionales en el presupuesto de 2023, que se destinarán a combatir la inflación, el "gran problema económico" que afronta el país y el continente europeo, según el conseller. Aunque en la negociación haya tenido como ariete al president de la Generalitat, Pere Aragonès, mucho más que a sus colegas de formación política.