La actual legislatura supuso un rayo de luz en la izquierda en su batalla por agitar en suelo parlamentario aquellas banderas que años atrás ondearon en las calles. Pasar de la reivindicación a hacerlo realidad en el BOE, es decir, revertir los recortes en derechos y libertades de los anteriores gobiernos conservadores fue la principal tarea que unió al Gobierno de coalición, y a este con las fuerzas progresistas que le brindaron apoyo en enero de 2020. 

Más de tres años después, pese a los tira y afloja, las diferentes izquierdas parlamentarias con asiento en el hemiciclo han alcanzado decenas de acuerdos importantes en diversas materias, como pensiones, educación, memoria democrática, transición energética o igualdad, entre otras cuestiones.

También, en lo relativo a las medidas para hacer frente a las crisis derivadas de la pandemia, primero, y de la guerra en Ucrania, más tarde. Todo ello sin pasar por alto los pactos entre el Gobierno y sus habituales aliados parlamentarios que han permitido la aprobación de hasta tres proyectos presupuestarios (2021, 2022 y 2023).

Sin embargo, con la negociación de la ley de vivienda todavía coleando, dos de las medidas estrellas del Gobierno de coalición, gran parte de la razón de ser de la abstención de ERC y EH Bildu que permitió la investidura de Pedro Sánchez, no han contado con el aval de estas fuerzas, dando lugar a un verdadero choque entre las izquierdas parlamentarias.

Se trata de la reforma laboral impulsada por el Ministerio de Trabajo, que salió adelante gracias al error del diputado del PP, Alberto Casero, al votar de forma telemática, y de la modificación de la ley mordaza, cuya tramitación ha caído este martes en la Comisión de Interior. Entre una votación y otra han transcurrido 13 meses, pero, casualidades de la vida o no, el enfrentamiento por ambas medidas ha coincidido en el tiempo.

Horas después de que ERC y EH Bildu, dos formaciones con un acuerdo estratégico de actuación desde el inicio de la legislatura, votaran en contra de la reforma de la ley de Mariano Rajoy, junto al PP, Vox, Ciudadanos, ERC, EH Bildu, Junts y UPN (Grupo Mixto), estas mismas fuerzas han defendido junto al BNG en el Pleno del Congreso su reforma laboral alternativa, rechazada por el PSOE y con la abstención de Unidas Podemos.

Dos compromisos, dos relatos

Derogar la reforma laboral del 2012 y la ley de seguridad ciudadana de 2015, ambas normas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, figuraron entre los compromisos adquiridos por el Ejecutivo de coalición, unas promesas realizadas en las campañas electorales anteriores, pero también recordadas en numerosas ocasiones en el Congreso por medio de los principales responsables del PSOE y Unidas Podemos.

"Este Gobierno, señorías, cree firmemente en el diálogo social, en el diálogo y en el acuerdo social, por eso proponemos reconstruir consensos rotos y derogar la reforma laboral del año 2012", señaló Sánchez desde la tribuna en su discurso de investidura. "El Gobierno aprobará una nueva ley de seguridad ciudadana que derogue la ley mordaza para garantizar el ejercicio del derecho a la libre expresión y la reunión pacífica. Este es otro compromiso firme", apostilló en el mismo debate.

Tanto el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, como su homóloga de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, pusieron estas cuestiones sobre la mesa para abstenerse y permitir a Sánchez su continuación en La Moncloa. "En este país hay mucha gente que está esperando a ver qué pasa con este conflicto político que hoy se retorna a la política, pero también hay muchísima gente que está pendiente de saber qué pasará con la derogación de la ley mordaza —ahí estaremos―, y de las reformas laborales —ahí estaremos—",  remachó el representante republicano.

Sin embargo, estos dos partidos no han abrazado el resultado de ninguna de estas medidas en dos tramitaciones marcadas por un duro cruce de reproches, tratando de quitarse de encima la "presión" política y mediática que han asegurado recibir por no apoyarlas. En el caso de la reforma laboral, la negociación duró apenas un mes al avalar una mayoría ajustada del Congreso el real decreto-ley acordado entre el Gobierno con los agentes sociales.

La Cámara Baja acordó no tramitarlo como proyecto de ley, lo que impedía introducir los cambios reclamados por las izquierdas independentistas y que este martes han detallado desde la tribuna, como recuperar los 45 días de indemnización por despido improcedente y otros derechos recortados en 2012 y "que la última reforma laboral del Gobierno de coalición no recuperó". Cabe desacatar que la actual norma recupera la ultraactividad indefinida de los convenios colectivos, deroga la prioridad de los convenios de empresa y regula la subcontratación, entre otros importantes avances.

En cuanto a la reforma de la ley mordaza, la tensión ha copado las negociaciones desde hace casi dos años. El desacuerdo en cuatro puntos del texto impulsado por el PNV ha opacado los cerca de 40 cambios liderados por los partidos del Gobierno. La imposibilidad para eliminar de forma expresa el uso de las pelotas de goma, prohibir las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera y desactivar las faltas de respeto a los agentes (artículo 37.4) y el delito de desobediencia (36.6) están detrás del no de ERC y EH Bildu a la modificación de una polémica norma que, en este caso, se queda tal como se aprobó hace siete años.