Ya lo anunció en el primer pleno de la Asamblea de Madrid durante la emergencia del coronavirus: para salir de esta crisis hay que "liberar suelo" porque "parte de la recuperación vendrá por la construcción". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha querido esperar a la nueva Ley de Urbanismo y Suelo que prepara y que le quedó pendiente al PP madrileño la pasada legislatura.

Este martes anunciaba que pretende tramitar por la vía de urgencia, para antes de verano, una modificación de la Ley del Suelo que eliminará la mayoría de licencias urbanísticas obligatorias. El objetivo: eliminar burocracia para que ni administraciones ni particulares "estén perdiendo dinero ni tiempo" y avanzar en la recuperación de la crisis generada por la pandemia y "atraer inversores extranjeros acostumbrados a trabajar con plazos administrativos más cortos".

La nota de prensa no entraba en muchos detalles, aunque ha hecho saltar las alarmas de la oposición, de grupos ecologistas y de activistas por el derecho a la vivienda, que ven en esta medida una más de las viejas recetas neoliberales que condujeron a la crisis económica de 2008, a la especulación inmobiliaria y la burbuja del ladrillo. Ni siquiera Ciudadanos, su socio de Gobierno, se ha pronunciado aún al respecto.

Según el Ejecutivo, la intención es eliminar las "licencias urbanísticas de obra o reforma integral, de primera ocupación, edificación y otras actuaciones urbanísticas" y se podrán comenzar los trabajos con una simple "declaración responsable en materia de urbanismo". Eso vale tanto para las obras de edificación de nueva planta "de escasa entidad constructiva y sencillez técnica" y para "la primera ocupación de las edificaciones de nueva planta".

De esta manera, pretende agilizar unos trámites municipales necesarios para iniciar obras o comenzar a residir en viviendas que, según Ayuso, se demoran unos doce meses de media, lo que entorpece la actividad económica y la creación de empleo.

"Es poner una barra libre para los grandes promotores y deja abierta la puerta a más casos de irregularidades como las de [la líder de Vox en la Asamblea de Madrid] Rocío Monasterio", asegura a Público Álvaro Ardura, arquitecto urbanista y profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

Según este arquitecto, la propuesta pasa por eliminar controles previos y dejar un proyecto urbanístico en manos de un arquitecto, aunque advierte de que la normativa que no siempre es clara y una inspección posterior puede paralizar una obra ya empezada. "Las obras ilegales por falta de licencia o por no ajustarse al proyecto presentado prescriben a los cuatro años. Entran en un limbo y no se puede ni seguir construyendo ni demolerlo", advierte Ardura, que no tiene dudas de que esta propuesta "no afecta apenas a particulares", sino que agiliza los trámites de grandes proyectos inmobiliarios sin el visto bueno de los técnicos de urbanismo.

Al mismo tiempo, Ayuso también pretende eliminar la obligatoriedad de una declaración responsable para obras de "menor entidad", como el cambio de instalación eléctrica, de gas o aire acondicionado, la sustitución de alicatados de baños y cocina y el cambio de puertas y ventanas, entre otros. Para Ardura, estas reformas ya estaban cubiertas con la vía de la comunicación previa, que no supone retrasos.

"Confundir la agilidad con eliminación de controles es un error total. Madrid está plagada de construcciones ilegales a las que no se llega a tiempo", afirma María Ángeles Nieto, coordinadora de Ecologistas en Acción en la Comunidad de Madrid. "Esto le viene bien al promotor inmobiliario porque puede empezar a construir y a vender antes. Pero cuando se desregula, te arriesgas a que no todas las personas sean honestas. Se favorece la ilegalidad y la picaresca, que ya es muy habitual en el urbanismo español", sentencia la ecologista.

"A Espinosa de los Monteros y a Rocío Monasterio se les pilló por estos procedimientos", insiste Nieto, y añade que esta reforma "no va dirigido a la sociedad más golpeada por la crisis", sino "actores concretos relacionados con el negocio inmobiliario".

Lo mismo opina Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid. "Quieren liberalizar el suelo y la construcción todo lo posible. Que la organización del suelo y del sector solo responda a cuestiones económicas. Que Madrid se configure en exclusiva según las posibilidades que genera para acumular capital a través del sector inmobiliario", sentencia. Este activista recuerda que las únicas empresas extranjeras atraídas por estas políticas han sido los grande fondos de inversión extranjeros, llamados fondos buitre.

Tanto Nieto como el arquitecto Ardura coinciden en que los plazos para la concesión de licencias son tan largos por la escasez de técnicos en urbanismo después de "años y años de adelgazar la administración". "Los departamentos de disciplina urbanística con casi inexistentes en este país y sólo aparecen prácticamente cuando alguien llama a la Policía por unas obras que le molestan", expone el arquitecto, que pide más contratación y avanzar en la digitalización  para agilizar los trámites, en lugar de suprimirlos.

Críticas en la oposición, salvo Vox

Vox es la única formación que se ha mostrado partidaria de esta desregulación. En declaraciones a Efe, Monasterio ha explicado que las licencias urbanísticas desde la época de la exalcaldesa Ana Botella "ya una parte se hacían por declaración responsable", por lo que no hay mucha novedad al respecto. 

Fuentes del PSOE citadas por las Cadena SER, temen que esta medida genere una nueva burbuja inmobiliaria e "inseguridad jurídica", mientras que Unidas Podemos habla de "vía libre para la ley de la jungla y que las inmobiliarias hagan negocio".

Por su parte, desde Más Madrid consideran que Ayuso pretende "colar por la puerta de atrás un nuevo pelotazo urbanístico que nos vuelva a estrellar contra un muro de ladrillo". En declaraciones a Público, el diputado Eduardo Gutiérrez coincide con los expertos consultados y también critica la vía de urgencia en la tramitación. "Es una burla al procedimiento parlamentario, que está paralizado y anestesiado por la situación sanitaria", sosotiene, y añade que este formato "impide que se pueda escuchar a expertos en la Cámara, como por ejemplo al Colegio de Arquitectos de Madrid".

Gutiérrez califica de "política rancia y poco útil" utilizar el sectro privado de la contrucción para salir de la crisis que ya está aquí. Por su parte, el arquitecto Ardura advierte de que "la receta de liberalizar el suelo se ha demostrado inefectiva" y que "solo favorece al conglomerado económico y financiero" que tiene claros intereses y una gran cantidad de suelo ya comprado. Y recuerda que la gran liberalización de suelo de José María Aznar en el 98 sólo sirvió para inflar la burbuja especulativa e inflar la burbuja de precios de la vivienda que condujo la gran recesión económica una década después.