Reforma de las pensionesEscrivá propone subir las pensiones con el IPC del año anterior y dar hasta 12.000 euros a quienes retrasen su jubilación

Las pensiones se vincularán al IPC del año anterior, compensándose los años

de inflación negativa a lo largo de los tres siguientes. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha realizado este anuncio en la comparecencia de este lunes ante la Comisión del Pacto de Toledo, en la que ha informado de manera técnica y valiéndose de un power point de la situación de la Seguridad Social y de las reformas que se plantean en el marco de las recomendaciones elevadas por esta comisión.

El órgano del Congreso acordó el pasado 17 de marzo por unanimidad la comparecencia del ministro en sede parlamentaria para dar cuenta de las reformas normativas del Gobierno que se han enviado a Bruselas en materia de pensiones. Y es que, la mayoría de los portavoces de la comisión expusieron su malestar con Escrivá por la "opacidad" a la hora informar sobre las propuestas que el Gobierno baraja para acometer una reforma de las jubilaciones, así como de las negociaciones con la UE y los agentes sociales en este ámbito.

De esta forma, el ministro ha centrado su exposición en cuatro bloques para intentar dar respuestas y calmar los ánimos de los grupos, aunque la mayoría de los portavoces, también las diputadas de Unidas Podemos, han reprochado la carencia de diálogo de Escrivá con el órgano parlamentario, poniendo en valor el trabajo realizado por esta comisión en la elaboración de las recomendaciones, concebidas y consensuadas para acabar con la reforma de las pensiones que introdujo el Gobierno del PP en 2013.

En cuanto al mantenimiento del poder adquisitivo de las jubilaciones, Escrivá ha apuntado que el nuevo mecanismo para vincular las pensiones al IPC es una fórmula "más sencilla, transparente y comprensible". Además de compensar las tasas negativas durante los tres años posteriores, las pensiones mínimas no se verán afectadas por estos equilibrios. Asimismo, el ministro ha planteado que el Pacto de Toledo, los sindicatos y la patronal analicen cada cinco años el impacto de la revisión. "Que sea vea que el poder adquisitivo está garantizado en todas las circunstancias", ha apostillado.

La propuesta del Gobierno también pasa por alinear la edad efectiva (en torno a los 64,5 años) y edad legal de jubilación (66 años). A tenor de los gráficos expuestos en el Congreso, una mayor participación de los mayores en el mercado laboral no daña, sino que aumenta las oportunidades de empleo de los jóvenes. "Los países con tasas de actividad de la población próxima a la edad de jubilación más elevadas tienen un desempleo juvenil más bajo, una tendencia que se ha intensificado en la última década", ha añadido Escrivá. 

Por ello, el ministro ha llevado al diálogo con los interlocutores sociales cuatro estrategias para fomentar la permanencia de trabajadores en activo y evitar la discriminación por edad: modificación de los coeficientes reductores de

jubilación anticipada (se reducirá hasta un 21% la pensión a aquellos trabajadores con menos de 38 años y 6 meses cotizados que quieran jubilarse dos años antes de lo que le toca), nuevos incentivos a la jubilación demorada (dar hasta 12.000 euros por año de retraso para las carreras superiores a más de 44 años y medio, o subir un 4 % la pensión anualmente), modificación de la modalidad de jubilación parcial (limitar la concentración de jornada, pero permitiendo que pueda alcanzar un 60% en el primer año) y cláusulas convencionales de jubilación forzosa (no se aplicarán hasta los 68 años).

El ministro ha aclarado que el diálogo con los agentes sociales "no está estancado", asegurando que el acuerdo para la reforma de las pensiones está "cada vez más cerca". También, confía en que el nuevo sistema de cotización por ingresos reales de autónomos se aplique a partir del 1 de enero de 2022 con periodo transitorio en aras de buscar el equilibrio entre contributividad y número de tramos. "Cuantos más tramos, cada trabajador tiene más posibilidades de adaptación a su capacidad de pago", ha indicado.

Críticas de Unidas Podemos: "Necesitamos más garantías"

No obstante, la mayoría de los grupos le han exigido un calendario dentro del diálogo social. En esta línea, una de las críticas más duras ha venido desde Unidas Podemos, socio del Gobierno. La portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, ha pedido "celeridad" para adaptar los cambios reconocidos en las recomendaciones a la situación actual: "En épocas de incertidumbre necesitamos más garantías y protección", ha expresado. Sobre la propuesta de vincular las pensiones al IPC del año anterior, Vidal le ha pedido que traiga una "fórmula clara". "Existiendo un acuerdo, nos propone enturbiar el acuerdo que ya existe, una fórmula extraña, que no acabamos de entender y puede terminar de ser además injusto", ha lamentado.

Meri Pita, diputada de Unidas Podemos, ha afeado al ministro que no llevara a la comisión las propuestas en esta materia remitidas a las Unión Europea o la norma que contempla un nuevo complemento de maternidad a las pensiones, aprobada por la mínima en el Pleno del Congreso. "Tengo la impresión de que va entreteniendo al Pacto de Toledo, pero luego hace lo que le interesa". Si bien, en el turno de réplica posterior, la diputada morada ha puesto en valor que la comisión es un "foro democrático", por lo que no se puede hablar de falta de consenso en el seno del Gobierno de coalición: "No tiene que dramatizarse lo que digamos", ha aseverado ante los comentarios del resto de grupos sobre las palabras de las dos portavoces de Unidas Podemos.