Los Gobiernos de Andalucía y del País Valencià, las dos regiones que reciben, junto con Murcia, una menor financiación por habitante, según revelan los estudios de Ángel de la Fuente, uno de los mayores expertos en financiación autonómica, han decidido aliarse para obtener las modificaciones y compensaciones oportunas. Pretenden reformar un sistema que se aplica desde el año 2009 y estaba previsto evaluarse en 2014. Entre ambas CCAA representan a un 28% de la población española.

El actual sistema de financiación que los presidentes Juanma Moreno (PP) y Ximo Puig (PSOE) pretenden reformar se conoce como régimen común y en él participan 15 comunidades autónomas —todas excepto Navarra y Euskadi, que tienen un sistema propio, de cupo, en el que ellos recaudan y luego aportan una cantidad al Estado—. Fruto de su capacidad redistributiva es, además de un terreno abonado para una fuerte demagogia, una fuente constante de conflictos políticos entre las comunidades que recaudan más y las que recaudan menos. 

Los datos recopilados y hechos públicos a principios de septiembre por De la Fuente revelan que el País Valencià, Murcia y Andalucía, además de Castilla-La Mancha, reciben una financiación efectiva por habitante por debajo del promedio y, por tanto, menor que las demás desde hace varios años. Eso es lo que intentan corregir Moreno y Puig, que consideran que sus administraciones están infrafinanciadas, lo que ha llevado al incumplimiento del principio llamado de suficiencia financiera –el dinero necesario para pagar los servicios públicos que se prestan–.

En Andalucía existe un consenso, más o menos frágil, sobre las necesidades de financiación que se aprobó en el Parlamento en 2018 y que se fraguó gracias, entre otros factores, al trabajo de la hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entonces consejera. En ese pacto, firmado por PSOE, la izquierda y por el PP, se fija como principio fundamental del sistema las personas y no los territorios. "Los recursos que [el sistema] proporcione a cada Comunidad Autónoma deben estar en consonancia con sus necesidades, independientemente de su capacidad tributaria, para que todas puedan prestar los servicios públicos en condiciones de igualdad, dado un mismo esfuerzo fiscal", se lee en el documento aprobado hace tres años y medio. 

Así, prosigue el texto, para que "las comunidades autónomas puedan ejercer su autonomía política y no ser meras prestadoras de servicios […] el nuevo modelo ha de ser justo y aceptable para todos, ha de ser capaz de hacer efectiva la igualdad entre los ciudadanos y [por tanto] hay que poner en el centro del debate a las personas y no a los territorios". "No son los territorios los que contribuyen ni los que hacen uso de los servicios públicos, sino los ciudadanos que residen en ellos", remacha el texto, promovido por la hoy ministra de Hacienda de Pedro Sánchez.

Puig lleva tiempo peleando por lograr la reforma del sistema, con reuniones con diversas comunidades con el objetivo de crear un consenso sobre la necesidad de abordarla. Para Puig, "el ascensor territorial está paralizado, algunas comunidades llevan muchos años por debajo de la financiación media con motor gripado" mientras "otros territorios se benefician del efecto capitalidad", como Madrid. 

En julio estuvo en Baleares, con Francina Armengol, con la que compartió la necesidad de la reforma y de combatir los efectos del centralismo. Hace unos días, Puig se reunió con el president catalán, Pere Aragonés, con el que compartió algunos acuerdos, como enfrentar el dumping fiscal de Madrid, y guiños de todo tipo, pero no logró que el Govern estuviera en la pomada multilateral para la reforma del sistema. "Queremos dar prioridad a la negociación bilateral con el Gobierno de España, para buscar una salida democrática en la mesa de diálogo y para celebrar un referéndum", dijo el president. "El proyecto político de Catalunya tiene otra hoja de ruta", afirmó con claridad Aragonés tras ese encuentro.

La oposición critica la "hipocresía" de Moreno Bonilla

La reunión entre Puig y Moreno se produce después del relevo en la secretaría general del PSOE de Andalucía que se llevó a cabo antes del verano. El secretario general, Juan Espadas, estuvo a principios de septiembre con Puig en Jaén. Allí, ambos dirigentes socialistas apostaron por un acuerdo común entre todas las CCAA y apuntaron a Isabel Díaz Ayuso como obstáculo para mejorar el sistema y hacerlo, en su opinión, más equitativo.

La portavoz del PSOE andaluz, Ángeles Férriz, manifestó este lunes, un día antes del encuentro entre presidentes que Moreno "en el fondo comparte el modelo socialista" para reformar el sistema de financiación, "pero se cuida muy mucho de decirlo". "Si el PP quiere una financiación justa para nuestra tierra, lo primero que tiene que hacer es dejar de utilizarla como arma arrojadiza. Está muy bien la reunión con València, pero la verdaderamente valiosa será la de Moreno con Casado y Ayuso", ha asegurado Férriz.

Para Unidas Podemos por Andalucía, que defiende también el acuerdo parlamentario del 2018, es "hipócrita" que el PP pida más financiación para Andalucía mientras que, a través de sus políticas fiscales, perdonan dinero a las grandes fortunas, dándole privilegios, y dejan de recaudar lo que deben, "mermando la Hacienda Pública y traicionando el espíritu del autogobierno".

Adelante Andalucía entiende que "es inasumible el uso partidista que se hace de un tema que es de justicia con Andalucía": "Nosotros siempre vamos a defender los derechos financieros de Andalucía, siempre lo hemos hecho. Nos parece bien que Moreno reclame más financiación, pero nos parecería mejor que cogiera esa bandera siempre, no solo cuando no gobiernan los suyos en Madrid".

Montero dará explicaciones en el Congreso

La batalla por la reforma del sistema de financiación autonómica también ha saltado al Congreso, donde la titular de Hacienda tendrá que explicar este miércoles ante el Pleno "el cambio repentino del Gobierno sobre la reforma del sistema de financiación anunciada con motivo de la reunión que tuvo lugar el 15/06/2021 entre la ministra y los miembros de la Plataforma valenciana Per un Finançament Just, y en la que afirmó que piensa incumplir el acuerdo de investidura y la moción aprobada en el Congreso de los Diputados de proponer una propuesta de nuevo sistema de financiación antes de final del año 2021".

Compromís, socio del Govern del Botànic (formado además por PSPV y Unides Podem), ha liderado en la Cámara Baja una lucha que se arrastra desde 2014. Su diputado, Joan Baldoví, dio su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez a cambio de que el Ejecutivo de coalición tomara por fin las riendas en este asunto y presentara una nueva propuesta de modelo de financiación. 

En este sentido, el pasado mes de abril, Compromís llegó a un acuerdo in extremis con los partidos del Gobierno sobre la "urgente necesidad de reforma del sistema de financiación autonómica, así como el establecimiento de medidas compensatorias como el fondo de nivelación mientras no se efectúe dicha reforma". La iniciativa, aprobada con un amplio respaldo, instaba al Gobierno a "presentar antes de final de 2021 la propuesta", y mientras esta reforma no se produzca, "se continuará garantizando a la Generalitat Valenciana la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado".

Con la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado de fondo, Hacienda prevé presentar a las comunidades autónomas las conclusiones respecto a los criterios para la reforma antes de que finalice este año, previsiblemente en noviembre. Asimismo, el departamento que dirige Montero trabaja en una revisión del concepto de "población ajustada" para que sea uno de los "criterios nucleares". Sin embargo, tal como reconocen fuentes del ministerio, la reforma no se llevaría a cabo hasta 2022 al tratarse de una ley orgánica.

En cuanto a la comparecencia de este miércoles, Baldoví confía en que la ministra "explique sus planes", ya que los mensajes que se envían desde el Gobierno son "claramente contradictorios". Y es que, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, visitó hace dos semanas la comunidad presidida por Ximo Puig y estableció como prioritario la aprobación de unos nuevos Presupuestos, mientras que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también en la misma región, urgió a resolver el problema de la financiación autonómica.