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Registro de jornada Valerio lamenta que las empresas no se hayan tomado en serio el registro de jornada y da un margen antes de sancionar

La ministra de Trabajo ha dicho que las compañías han tenido "dos meses para planificar", pero "han esperado al último día" para abordar el sistema de control de la jornada de sus trabajadores. Las multas oscilan entre los 600 y  6.000 euros.

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La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio. EFE/Pedro Puente Hoyos

Ayer entró en vigor el registro de la jornada laboral. Una medida que, según la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, las empresas no se "han tomado en serio", por lo que ha asegurado que la Inspección de Trabajo "dará un margen de maniobra" antes de comenzar a sancionar. En declaraciones a los medios al asistir a un desayuno informativo, la ministra de Trabajo ha dicho que las empresas han tenido "dos meses para planificar", pero "han esperado al último día" para abordar el sistema con el que van a controlar la jornada de sus trabajadores.

Por ello, la Inspección de Trabajo "va a actuar", ha indicado, pero "si llega a una empresa y dicen que están en fase de negociación, se dará un margen de maniobra, dentro del respeto y del cumplimiento de la ley, para poner en marcha el registro de jornada". "Hay que cumplir con las jornadas, porque el tiempo parcial es tiempo parcial y las horas extra son horas extra", ha dejado claro la ministra, al tiempo que ha recordado que esta ley beneficia a las empresas, a los trabajadores, a la conciliación y a las arcas de la Seguridad Social.

"Hay que cumplir con las jornadas, porque el tiempo parcial es tiempo parcial y las horas extra son horas extra"

Respecto al plazo que esperará la Inspección para comenzar a sancionar, la ministra ha señalado que "no se va a pillar las manos", pero que "debe ser razonable. La moratoria no es sine die".

Sobre la cuantía de las multas establecida en la norma, ha dicho que "se podía haber establecido una sanción por cada trabajador que no cumple", pero que "se ha decidido empezar por una global", considerando una falta grave —con entre 600 y 6.000 euros— que se graduará en función de la entidad.

Valerio ha explicado que, tras la entrada en vigor del plan director por un trabajo digno, la Inspección de Trabajo vio imposible controlar cuándo una persona estaba dentro del horario en contrato o fuera ni comprobar si estaba haciendo horas extra, lo que motivó la obligación de registrar el tiempo de trabajo de todos los empleados. 

Para podemos esta medida no es suficiente

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado que es "absolutamente fundamental" que las horas extra se controlen y se paguen y ha opinado que es insuficiente la medida que hoy entra en vigor. "Creo que los sindicatos tienen razón cuando dicen que las medidas son insuficientes. Ese control tiene que ser de libre acceso para la inspección de trabajo y las propias organizaciones sindicales", ha dicho este lunes Pablo Iglesias preguntado a su salida del Nueva Economía Fórum sobre esta medida.

Y ha añadido que, si Podemos forma parte del próximo gobierno, "en este país se van a controlar las horas extra y se van a pagar". La obligación de implantar un registro de jornada trata de evitar el fraude en el empleo a tiempo parcial y asegurar que las horas extra se cobran de forma correcta.

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