Entre 2017 y 2021, el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) de la Generalidad de Catalunya ejecutó un presupuesto de 1.668 millones de euros, lo que supone un 90% del importe inicialmente previsto. La competitividad, el empleo industrial y la formación fueron los ámbitos a los que más dinero se destinó. Ahora, en un escenario totalmente diferente, marcado por el contexto de la recuperación económica de la pandemia de la Covid-19 y la necesidad de diseñar políticas sostenibles, el pasado mes de septiembre tuvo lugar la primera reunión de la Mesa por el Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025, presidida por el conseller de Empresa i Treball, Roger Torrent. El nuevo PNI pivota sobre cinco ejes: Sostenibilidad, energía y economía circular; digitalización, industria 4.0, innovación e internacionalización; capital humano, empleo industrial, condiciones de trabajo y formación; infraestructuras; financiación y dimensión empresarial. Como medidas inmediatas, a poner en marcha antes de finalizar el año, Torrent ha anunciado la creación de la Oficina para la Transformación de la Industria de la Movilidad y Automoción; un código de buenas prácticas para ordenar y mejorar los procesos de reindustrialización y la capitalización de un fondo para inversiones industriales estratégicas.

Paralelamente, el Govern ha aprobado la modificación del decreto de energías renovables para acelerar la transición energética. En la norma, se incorporan directrices para ordenar y equilibrar la implantación de energías renovables para minimizar su impacto social y territorial y también para facilitar la práctica del autoconsumo. En este sentido, los proyectos de energía eólica y fotovoltaica tendrán que acreditar el acuerdo del 50% de los terrenos sobre los que se proyecten y también que se ha presentado una oferta de participación local. Pese a estas acciones, la normativa no ha contentado a los agentes afectados. Por una parte, los ingenieros industriales consideran que ésta eterniza los procesos administrativos, dificultando su cumplimiento de los plazos. Por otra parte, las entidades en defensa del territorio, como la Xarxa d’Entitat Catalanes per a una Transició Energètica Justa, creen que la aplicación del decreto dejará un panorama muy similar al anterior.

En un encuentro con empresarios en la Seu d'Urgell, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, apostó por "reindustrializar el país de una forma verde, digital y equilibrada". En el marco de los fondos Next Generation, mencionó una posible participación catalana en iniciativas comunitarias que son "semillas de futuro", como la creación de una proteína vegetal o la constitución de un consorcio para crear chips europeos que puedan reducir la dependencia con la producción asiática. Más allá de estas promesas, el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona ha elaborado el documento 'Propuestas y recomendaciones para revitalizar la industria catalana', en el que reclaman "hacer factibles y convertir en políticas industriales aspectos que, hasta ahora, no eran tan urgentes, como el reciclaje y la economía circular".

Lentitud administrativa

Por su parte, el presidente de la comisión de Energía del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, Josep Maria Montagut, muestra su recelo en relación al decreto de las energías renovables. "Somos escépticos porque los procesos son largos y complicados y costará cumplir plazos". Así, solicita agilidad a las administraciones porque si las tramitaciones de los proyectos se alargan se retrasará el objetivo de alcanzar el 50% de producción de energía eléctrica procedente de fuentes renovables. En este supuesto, Montagut alerta de que se pueden desincentivar las inversiones en el sector.

Con motivos distintos, pero efectuando un diagnóstico similar, la portavoz de la Xarxa d’Entitat Catalanes per a una Transició Energètica Justa, Montserrat Coberó, ve que el nuevo decreto de las renovables del Govern "perpetúa un modelo que ya existe, basado en las grandes instalaciones con producciones de equipos energéticos que se fabrican fuera, que no generan puestos de trabajo y con promotoras y propietarios que son multinacionales con sedes en países de una dudosa fiscalidad como Qatar e Irlanda".

"Expolio de territorios y paisajes"

Coberó pide "un decreto más valiente", ya que según su análisis, inicialmente apuesta por fomentar el autoconsumo, pero acaba dando vía libre al modelo anterior que no favorece la obtención de la riqueza por parte de las entidades locales. "Es una normativa que propicia el expolio de territorios y paisajes que nada aporta al conjunto del país ni al tejido productivo. Para nosotros, sería más conveniente que incentivara la creación de comunidades energéticas que puedan comercializar los excedentes".

La Xarxa asegura que el decreto no frenará los proyectos emprendidos por las multinacionales del sector energético, que provocarán "daños irreversibles en el territorio". Su propuesta es que la transición energética implique a los particulares y las pymes para "alcanzar una soberanía energética real".

Desde el mundo empresarial también se insta a que el Govern acelere el cambio de modelo energético. En un manifiesto llamado Impulsemos las renovables, las patronales Pimec y Foment del Treball quieren que el decreto ley del Govern sobre las renovables se pueda tramitar como Proyecto de Ley. El presidente de Pimec, Antoni Cañete, echa de menos medidas para conseguir la soberanía energética, como potenciar fuentes de energía limpias, una regulación racional de las renovables, agilizar los proyectos de autoconsumo y tener en cuenta los territorios afectados. Por su parte, el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, denuncia que la nueva normativa es "una moratoria de facto, que genera inseguridad jurídica y pone en peligro la viabilidad financiera de los proyectos en tramitación y que puede alejar a futuros inversores".

Cuando todavía no se ha cumplido un mes de la presentación del decreto ley de la Generalitat sobre las renovables, la hoja de ruta inicial parece que, de momento, por falta de concertación de las medidas concretas en el marco de la Mesa por el Pacte Nacional per a la Indústria, no contenta ni a los ingenieros, ni a las entidades en defensa del territorio ni a las principales patronales catalanas.