Como anillo al dedo, así describen juristas feministas consultadas por Público el nombramiento de Pilar Llop como ministra de Justicia. Y es que ven a la nueva titular de una de las carteras más sensibles de esta legislatura como la "persona idónea" para afrontar los complicados retos del ministerio, con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el principal problema en materia de justicia; y también la "incomprensión" judicial que reciben muchas veces mujeres, y sus hijos e hijas, víctimas de violencia machista.

"Este es el siglo de las mujeres libres", ha dicho este lunes Pilar Llop, jueza de carrera, durante el acto de traspaso de cartera celebrado en el Palacio de Parcent, en Madrid, en el que ha recibido el maletín de Justicia de manos del hasta ahora ministro Juan Carlos Campo. Llop ha pedido "complicidad" a todos los agentes de la Administración de Justicia para remover los "obstáculos" que dificultan la libertad de las mujeres. Toda una declaración de intenciones que ha sido recibida con entusiasmo por los colectivos feministas. 

El presidente Pedro Sánchez ha destacado de Llop "su mesura y su sentido institucional", además de "su compromiso feminista desde la sociedad civil y también desde distintas responsabilidades". La nueva ministra de Justicia ingresó en la carrera judicial en 1999 y ascendió a magistrada en 2004. Ha trabajado en diversos países de la Unión Europea y de América Latina en temas relacionados con reformas de los sistemas judiciales, en materia penal y en violencia de género. Especializada en esta materia, estuvo dos años al frente del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Madrid.

Conoce bien el CGPJ, porque fue letrada de su Gabinete Técnico, entre marzo de 2011 a abril de 2015, con varias responsabilidades, como la jefatura de la Sección Observatorio Violencia Doméstica y de Género, secretaria de la Comisión de Igualdad, secretaria del Foro Justicia y Discapacidad, y secretaria del Comité de Dirección del órgano de dirección de los jueces. 

Formación efectiva para jueces en violencia de género

Feminista reconocida, Pilar Llop fue la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género entre julio de 2018 y abril de  2019, antes de ocupar la presidencia del Senado. La igualdad y la formación de jueces y juezas en materia de violencia machista son dos de sus retos más personales en Justicia, según indican a este medio fuentes cercanas a la nueva ministra. 

La formación de jueces y fiscales en violencia de género es la eterna asignatura pendiente. Desde que en marzo de 2019 el CGPJ pusiera en marcha el primer curso obligatorio en perspectiva de género a raíz del Pacto de Estado contra la Violencia Doméstica y de Género, los frutos en esta materia no se han hecho apenas visibles, según denuncian colectivos de juezas y juristas. "Pilar Llop puede dar la orientación que necesita el mundo de la judicatura de cara a la formación en violencia de género", indica Altamira Gonzalo, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, que añade: "Aunque se están haciendo cosas en ese sentido, no se tienen los resultados esperados". 

Recientes casos denunciados por Público, como el de Sara B. B. condenada a cuatro años de prisión y a cuatro de inhabilitación para ejercer la patria potestad por sustracción de sus hijas , o el de Juan Rivas, contra cuyo indulto se ha negado un juzgado y un fiscal de Granada, ponen de manifiesto el maltrato institucional desde el ámbito de la Justicia que reciben muchas mujeres y madres, víctima de violencia vicaria y machista. Un problema que seguramente amainaría si la formación en estas materias fuera efectiva desde antes de que los jueces y juezas accedieran a la carrera judicial.

Desbloquear la renovación del CGPJ

La fórmula mágica para desbloquear la situación de caducidad del CGPJ quizá no exista si una de las partes, el Partido Popular, no está por la labor, como parece que sucede. Pilar Llop debe entenderse con Enrique López, responsable de Justicia e Interior del PP, para alcanzar un acuerdo y renovar los vocales del gobierno de los jueces. También para la renovación del Tribunal Constitucional (TC), ya que está pendiente la renovación de cuatro de sus doce miembros. 

La nueva ministra de Justicia ha asegurado que la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional es "imprescindible" y que espera que la situación "pueda ser desbloqueada cuanto antes".

Sin embargo, no sólo se trata de renovar el CGPJ, sino que algunas asociaciones piden un cambio en la forma de elección de los vocales. La asociación Foro Judicial Independiente (FJI) ha pedido a la ministra que cumpla con las "exigencias" de Europa para "despolitizar la justicia", lo que incluye la modificación del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial  y la eliminación de los "nombramientos discrecionales" y las "puertas giratorias". 

Foro Judicial Independiente ha insistido en que el comisario de Justicia, Didier Reynders, "no ha dejado de intervenir públicamente para recordar una y otra vez al Gobierno de España que los jueces deben elegir al menos a la mitad de los vocales del Consejo".

Relaciones con la Fiscalía General del Estado

Pilar Llop tendrá que abordar el desarrollo de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2020 y con el que se pretende adaptar la normativa española a las exigencias de la Fiscalía europea. La reforma da la vuelta al proceso penal tal y como se conocía en España desde mediados del siglo XIX, otorgando el peso de la investigación judicial al Ministerio Fiscal, dejando al juez como árbitro de garantías procesales. 

Precisamente, la Fiscalía General del Estado ha pedido ajustes para el anteproyecto, reclamando más medios y una reforma del Estatuto Fiscal para dotar de garantías a los fiscales, según anunció la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, la semana pasada. Según fuentes judiciales, los perfiles de Pilar Llop y de Dolores Delgado "son muy diferentes" y sus relaciones hasta ahora, "correctas" pero "secas". Y aunque no está previsto, a priori, el reemplazo de Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado, ambas están "abocadas al entendimiento" para allanar la legislatura de Pedro Sánchez.

Delitos de sedición y rebelión

También deberá afrontar Llop otro de los retos de su antecesor Juan Carlos Campo, quien se propuso reformar los delitos de sedición y rebelión en el Código Penal para rebajar las penas que conllevan. Una vez en libertad los presos del 'procés', tras los indultos, la anunciada reforma del delito de sedición podría ser una posible salida para el expresident Carles Puigdemont, aunque no se libraría de ser juzgado en España.

Tras la medida de gracia del Gobierno para nueve líderes independentistas, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite varios recursos contra los indultos, entre otros, los del PP, Vox, Inés Arrimadas y Manos Limpias.