La fuga de empresas, la desconfianza de los agentes económicos, el déficit público... son algunos de los motivos que el Gobierno argumenta para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Catalunya. Moncloa insiste en que la independencia de dicha comunidad conllevaría "un empobrecimiento de la economía de entre el 25 y el 30%" por su salida de la UE y, por ello, dice, "el Estado debe protegerla".

Ello, unido a la acusación contra la Generalitat de "desobediencia" constitucional y "ataque al interés general de España", forman parte de la "exposición de motivos" del documento que el Consejo de Ministros, reunido de forma extraordinaria, aprobará este sábado.

"El artículo 155 configura un doble presupuesto de hecho posible para su aplicación: el que la Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución y otras leyes le impongan y que actuase de forma que atente gravemente al interés general de España. Ambos concurren en el presente caso", reza el documento.

"En efecto, el ejercicio por el Gobierno de la Nación en nombre del Estado de las facultades previstas en dicho precepto tiene su origen en el incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado de la Comunidad Autónoma de Catalunya, por sus máximas instituciones gubernamentales y parlamentarias, de sus obligaciones constitucionales, a través de la puesta en marcha de un proceso de secesión de dicha Comunidad Autónoma del Estado español, con desobediencia rebelde, sistemática y consciente de los reiterados pronunciamientos y requerimientos del Tribunal Constitucional, afectando de manera grave al interés general de España", continúa.

Asimismo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy considera que se ha producido una "grave afección al modelo de convivencia" y que "las pretensiones secesionistas están motivando ya un serio deterioro del bienestar social y económico en la Comunidad Autonóma de Catalunya", lo que contrasta, dice, "con el dinamismo económico que venía mostrando hasta ahora".

Por otro lado, el argumentario de Moncloa incluye toda una exposición de hechos que termina con el entendimiento del Gobierno de que Carles Puigdemont sí declaró la independencia. Aunque el presidente del Govern dio a entender en su segunda respuesta al requerimiento que no fue así, dado que no fue votada por el Parlament, el Ejecutivo central entiende que "cualquier contestación distinta a la afirmación o la negación se considera una confirmación a la pregunta" que no era otra que la de si "alguna autoridad" catalana había proclamado una declaración unilateral de independencia -dui-.

"Se constata que no ha sido atendido el requerimiento formulado el pasado 11 de octubre, reiterando el incumplimiento frontal de las obligaciones constitucionales y estatutarias por la Comunidad Autónoma de Cataluña, con grave riesgo al interés general", continúa el texto. "Dicha actitud, además de intolerable, no resulta ni mucho menos inocua", agregan para considera que la situación actual es "improrrogable". "Por las causas que lo motivan y las consecuencias que provoca", el Gobierno considera que es preciso "atajar" dicha situación "mediante la activación de las facultades que el artículo 155 de la Constitución otorga al Gobierno de la Nación".

Aunque las medidas concretas no se conocerán hasta que finalice el Consejo de Ministros -no antes de las 13 horas, según las previsiones de Moncloa- , Rajoy ya ha querido insistir en su argumentario habitual para, pese a la gravedad de la intervención, calmar los ánimos de los independentistas catalanes y evitar que salgan a la calle a protestar. Así, el documento insiste en que se trata de una "medida excepcional" que se justifica durante 11 páginas de "incumplimientos" constitucionales de Puigdemont y riesgos económicos y asegura que aplicar el 155 no es una suspensión de la Autonomía.

"El artículo 155 como norma de excepción permite al Estado adoptar medidas para restablecer el orden constitucional o para prevenir, en su caso, un grave daño al interés general, respetando, en todo momento, la existencia de la Comunidad Autónoma, sus instituciones y su estatuto", destacan en el documento. También recuerdan que otras constituciones europeas tienen artículos similares, como la alemana -de dónde se copió ese artículo en la española-, la suiza, la austriaca, la italiana, la portuguesa o la estadounidense.

Asimismo, dejan entrever que dan a Puigemont una última oportunidad al recordar que, en el caso de Canarias, en 1989, no fue necesario llegar hasta los últimos términos de la aplicación de dicho artículo. "Bastó el requerimiento para que dicha Administración [la Canaria] cesara en su comportamiento sin necesidad, en consecuencia de acudir al Senado para la adopción de medidas ulteriores". El pleno de la Cámara alta será el viernes. Mientras tanto, el Gobierno de Rajoy sigue considerando que "en la situación actual es palmario el incumplimiento de las obligaciones constitucionales" por parte de Catalunya por lo que, de momento, sigue adelante con el 155. En breve conoceremos las medidas que conlleva.