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La reunión presidida por Aguirre que orquestó el "ardid" de la financiación ilegal del PP

Fue en 2004, cuando llegó al poder tras el tamayazo. La expresidenta de Madrid ordenó desviar las campañas de publicidad públicas a empresas de su confianza para detraer dinero público y abonar gastos electorales de las campañas autonómicas de 2007 y 2011, así como las generales de 2008.

Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre en un pacto del PP. Foto: EFE

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Corría enero de 2004 y Esperanza Aguirre acababa de acceder a la presidencia de la Comunidad de Madrid, tras el famoso tamayazo que permitió unas nuevas elecciones con el nunca aclarado abandono de dos diputados socialistas de sus propias filas. Aguirre había convocado a sus consejeros en la Presidencia del Gobierno de Madrid, situado en la Puerta del Sol.

Entró en el despacho un empresario argentino, Daniel Horacio Mercado, dueño de la empresa Over Marketing. Y ante el flamante nuevo gobierno de Aguirre presentó el nuevo logotipo que había diseñado para la Comunidad de Madrid. El lema: “Madrid la suma de todos”.

Madrid la suma de todos.

La reunión tenía una verdadera intención, porque el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sostiene que existen indicios racionales de que en dicha reunión “se habrían dado las instrucciones a los consejeros de la CAM para que se contara” con Mercado y sus empresas, en especial Over Marketing, para la contratación de las campañas de publicidad y comunicación.

La decisión final fue encargada a Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, “algo que en el diseño del plan fue un ardid para poner la partida de publicidad de cada Consejería al servicio del partido”.

Así de tajante se muestra el magistrado en el auto por el que ha imputado a Aguirre, al situarla en la cúspide de la supuesta trama corrupta que detrajo dinero público para financiar al PP de Madrid, y con el que se incluyó la obligatoriedad de un pago del 1% del presupuesto a las empresas que resultaron adjudicatarias de las obras o contratos públicos.

Eran Esperanza Aguirre y su equipo los que supervisaban y controlaban las partidas de publicidad que se adjudicaban en cualquier Consejería.

La centralización quedó en manos del vicepresidente González. Y para ello se cambió la Ley de Presupuestos Generales, con el fin de que toda empresa pública y consejería debiera solicitar autorización previa del vicepresidente para contratar publicidad y presentar los abonos que había realizado de dichos contratos.

La investigación de la Audiencia Nacional arroja más indicios racionales de que hubo “otros planes ilícitos”, posteriores a la reunión del año 2004, para conseguir que los fondos públicos de la Comunidad de Madrid “abonasen gastos particulares” del PP madrileño, “de sus dirigentes y otra parte de los gastos electorales” de las campañas autonómicas de 2007 y 2011, además de la de las elecciones generales de 2008.

El juez no ahorra calificativos para definir estos “nuevos artilugios” (sic) y “artificios” creados en un “plan preconcebido” e impulsado desde la Presidencia de Aguirre con el respaldo de sus consejeros con el que se involucraron en el proyecto para recaudar fondos destinados al PP de Madrid.

El sistema consistió en desviar desde los años 2006 a 2010 “un flujo muy importante de fondos públicos de diversas Consejerías” o de los Entes públicos a través de diversos artificios, como la “adjudicación amañada” de contratos públicos, con la confección de “falaces facturas” de servicios no prestados o la introducción de "la cláusula del 1%" a pagar por las empresas constructoras y las adjudicatarias de hospitales.

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