La Delegación de Hacienda de Mallorca nunca mostró interés en inspeccionar las cuentas de uno de los mayores conglomerados empresariales de Illes Balears, el Grupo Cursach de ocio nocturno, pese a las crecientes evidencias de irregularidades y las numerosas denuncias de competidores. Y cuando finalmente hizo un informe a instancia judicial, se esmeró en desacreditar el amplio atestado policial que le imputaba un fraude fiscal generalizado, sin ni siquiera examinar las pruebas aportadas, como ya reveló Público.

Pero la vista gorda de la Agencia Tributaria con ese imperio del "rey de la noche" de Palma ya había quedado patente tres años antes de que emitiera el informe exculpatorio que sirvió al juez Miquel Florit para exonerar en 2018 a Bartolomé Cursach y su lugarteniente, Tolo Sbert, de cualquier delito fiscal.

Al iniciarse la instrucción judicial (en 2014) sobre ese entramado mafioso, ahora ya pendiente de al menos dos juicios, se creó un equipo conjunto de Hacienda –que aportó un inspector y un técnico– y del Grupo de Blanqueo local de la UDEF (Policía Nacional) encargado de investigar la trama. Así que, desde el primer momento, Hacienda estaba al corriente de los testimonios que se fueron acumulando sobre la existencia de una Caja B del Grupo Cursach a la que se derivaba automáticamente la mitad de los ingresos de acceso y consumición en los locales de ocio nocturno; millones de euros cada mes en dinero negro que se evadían al fisco, según dichos testigos.

Público ha obtenido acceso a esos diferentes testimonios y ha podido comprobar su coherencia y consistencia –así como la relevancia de algunos de los testigos, que ocuparon altos cargos en el Grupo–, de peso suficiente como para abrir una investigación fiscal encaminada a verificar no sólo la aparente defraudación masiva, sino también las denuncias de fraude a la Seguridad Social y de delitos contra los derechos de los trabajadores. Pero nada se hizo.

De hecho, fuentes fiscales, judiciales y policiales consultadas por este diario coinciden en manifestar su extrañeza ante esa dejación de responsabilidad por parte de la Agencia Tributaria, que suele abrir una inspección con muchos menos indicios de fraude y a partir de niveles de presunta defraudación muy inferiores.

A continuación, presentamos un resumen de dichos testimonios, prestados ante la Policía o el Juzgado entre 2015 y 2017, de los que Público cuenta con los originales completos.

"Un software que dirige la mitad del dinero a la Caja B"

Quizá el más relevante es el primero, que prestó Ángel Ávila Rodríguez –quien fue director de salas del Grupo Cursach– en la Dirección General de la Policía el 29 de diciembre de 2015, en cuya transcripción oficial se puede leer lo siguiente (página 15):

PREGUNTADO para que manifieste, cuando trabajaba para el Grupo Cursach como director de salas, si puede determinar, en caso de que esto fuera así, la cantidad monetaria facturada que era declarada a la Agencia Tributaria y que porcentaje no lo era, DICE que, el sistema oficial utilizado para la gestión económica se realiza a través del programa informático gestionado por la empresa MADISA. Este sistema de cobro en la puerta y en barras, dirige el 50% aproximadamente hacia dinero A y dinero B automáticamente.
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Para el control del acceso a la sala se realiza a través de una banda magnética incluida en el ticket, y que lleva una numeración. Esta entrada incluye una consumición gratuita. El programa informático detectaba las consumiciones que no se habían pasado por el escáner magnético de la barra (las consumiciones no se habían efectuado). Al finalizar la noche, los responsables tenían que asegurarse de que todos los tickets había pasado por este escáner o lector, con las finalidades de, por un lado control de bodega y, por otro lado, en caso de que ésta entrada hubiese sido retirada por algún policía o inspector de hacienda.

Pero no sólo se ocultaba a Hacienda la mitad del dinero cobrado por las entradas y consumiciones, según el testigo, sino también los pagos efectuados por las agencias de viajes, los turoperadores y otros:

"Facturación en dinero B de 4 o 5 millones al mes"

En el caso de los turoperadores, agencias, viajes de estudios, freelance, etc., realizan los pagos en dinero negro. Las entradas de los clientes a los locales se producen mediante un ticket o entrada no registrado en el sistema informático. Posteriormente el turoperador o agencia realizan el pago, pero es una cantidad de la que no se tiene control tributario, ya que el cliente paga a la agencia, disfruta de la fiesta y el pago lo realiza la agencia al Grupo Cursach. La discoteca no factura ni la entrada ni las consumiciones. El promedio de las discotecas del Grupo que funcionan en la temporada de estudiantes y cuando más este caso, pueden ser entorno a 100.000 clientes al mes. Cada cliente recibe un pack de entrada y consumición, a los que se añaden transportes y demás ofertas con un bono de 60 euros por tres días, más otros 15 euros y podían repetir el cuarto día en otra discoteca. Con este bono (existen muchas modalidades), el compareciente cree recordar que tan solo ofrecía dos consumiciones por cada discoteca. A esto tan solo hay que descontar los gastos producidos, transporte y bebidas. La facturación de todo ello, en dinero B, puede alcanzar los 4 ó 5 millones de euros al mes. De esto es buen entendedor Pedro LLOBERA.

Según la declaración del testigo –quien afirmó "conocer estos hechos con absoluta certeza puesto que era el que hacía las cajas y tenía acceso a la contabilidad del Grupo"– todos los locales del Grupo Cursach operaban con el mismo sistema, que controlaba directamente el número dos del conglomerado empresarial, Tolo Sbert:

"Todos los locales tenían el mismo sistema"

PREGUNTADO para que manifieste si notificaba los beneficios obtenidos a algún superior del Grupo Cursach de alguna forma y modo, DICE que sí, a través de un mensaje o email le comunicaba a SBERT las cajas obtenidas y las incidencias producidas. La cantidad recaudada comunicada era la totalidad.

PREGUNTADO para que manifieste si conoce que el resto de establecimientos trabajaban de la misma manera, DICE que sí, que por aquel entonces todos los locales tenían el mismo sistema, y así era expuesto en las reuniones mantenidas.
Desde siempre en los locales del Grupo han contado con un contable que rendía cuentas directamente a los responsables. En el caso de la discoteca que dirigió para el grupo era el llamado José (Pepe) SEGURA, quién fue colocado ahí por Pedro ROSSELLÓ (padre). Todos los contables rinden pleitesía a Tolo CURSACH.

Un acontecimiento tuvo que producirse ya que, en el año 2006, todos los directores de sala tuvieron que llevar todos los libros de cuentas ordenadores, etc. a la carrera al sótanos de las oficinas del Grupo, como que "algo iba a pasar"...

Otros testigos que declararon sobre las enormes cantidades de dinero negro que manejaba el Grupo Cursach sólo quisieron testificar bajo condición de anonimato y de que recibirían protección judicial, ante el temor que siempre despertó el entramado mafioso de Cursach. Como el Testigo Protegido 20, quien declaró el Juzgado de Instrucción 12 de Palma de Mallorca el 27 de enero de 2016. Su testimonio también revela cómo superaban el aforo legal, incluso triplicándolo, para multiplicar la recaudación con ingresos no contabilizados:

"El 90% es facturación en dinero negro"

Que la mecánica que utiliza para sobrellenar el aforo y generar dinero negro mediante la sobre venta de entradas sintéticamente es la siguiente: es una operativa durante el mes de junio y concretamente juventud que viene a la Isla de viaje de estudios con lo que mueven 90.000 personas en un margen de unos 25 días. El 90% es facturación en dinero negro. Que las noches se comercializan en paquetes de cuatro y se entregan al responsable del grupo de estudiantes y éste a su vez lo custodia, recoge el dinero de su grupo y lo deposita en un sobre que le ha dado la empresa de Cursach y ese pase es el que la primera noche entrega en la discoteca y le dan el bono para las sucesivas noches. Que es un bono colectivo para todo el grupo. Que este dinero no se contabiliza. Que el bono normal incluye Tito’s, Pachá, BCM y una sala del restaurante Ses Tres Germanes, entre otras. Que los bonos vendidos superan la capacidad real que se puede vender.

Que a veces el aforo puede superar hasta 3 veces el permitido. Que esto no se puede hacer sin estar de acuerdo con la Policía Local para que no supervise y no inspeccione el aforo, máxime si tenemos en cuenta que estamos hablando de las cuatro discotecas más conocidos, no sólo en Mallorca sino que prácticamente en las costas mediterráneas. Que quiere añadir porque no lo dijo en Comisaría que toda la actuación que explicó en la declaración necesariamente debe de contar con la colaboración "vista gorda" de autoridades, sobre todo a nivel local, además de Consellerías a nivel de licencias y policía local que ante lo escandaloso que son los aforos de estas discotecas no intervienen inspeccionando el número de asistentes así como el estado en el que se encuentran las instalaciones.

"Se defraudan dos millones en viajes de estudio en junio"

El Testigo Protegido 20 hizo sus propias cuentas sobre lo defraudado a Hacienda por esos métodos y obtuvo una cantidad también multimillonaria:

Que tal y como ya dijo en su declaración en policía ha vuelto a contrastar los datos que él posee y cree que se puede defraudar aproximadamente de 2.000.000 de euros referidos al mes de junio que es cuando vienen los viajes de estudio a lo que quiere añadir que a los menores se les proporciona alcohol.

Que la misma operativa se sigue con grupos concretados como puede ser grupo de holandeses y otros grupos de turistas en general. Que funcionan con talonarios de preventa y se distribuyen a través de vendedores ambulantes ilegales y cada uno de estos vendedores por la reserva del bono cobra una media de 10 euros y después se abona la diferencia entre lo pagado y lo que resta. Que calcula que por esta vía se obtienen 15.000 euros diarios y este dinero se destina para pagar a los vendedores clandestinos.

Otro de los testigos que solicitaron protección judicial confirmó en todos sus detalles esa "operativa" para superar con creces los aforos permitidos en los locales, y explicó cómo la Policía Local de Palma no sólo ayudaba a Cursach a cometer esas infracciones sino que también actuaba para "suprimir la competencia a las discotecas del Grupo". Se trata del Testigo Protegido 32, quien "trabajó durante 12 o 13 temporadas para el Grupo Cursach Ocio" y testificó ante el Juzgado Nº12 el 2 de marzo de 2017. Reproducimos a continuación dos páginas de su testimonio muy reveladoras:

"Aforo superior al permitido sin inspecciones policiales"

Que al declarante le chocaba que, cuando empezó a trabajar en el Grupo Cursach [el aforo] fuera muy superior al permitido, y sin embargo no tenían inspecciones policiales. Que el declarante empezó a entender esta situación cuando Xisco (cree que se apellida Alguacil, pero es el director de BCM) le daba consignas del estilo a "el jueves no nos traigas a tanta gente porque va a haber una inspección, va a haber redada, etc.". Esto se lo dijeron al dicente en una ocasión, pero lo ha oído en muchas más ocasiones hablando los trabajadores entre ellos o el declarante con los jefes el Grupo Cursach. Que además del declarante había otros trabajadores que traían grupos de menores a las discotecas y que sabe que ellos también recibían las mismas instrucciones que el declarante en el sentido de no llevar grupos porque iba a haber inspecciones porque así se lo oía comentar sobre todo a Pedro LLOBERA. Esta manera de actuar la ha observado el declarante hasta la actualidad.

Que el declarante presenció cómo Sbert suprimía la competencia a las discotecas del grupo controlando no solamente a la patrulla verde como ha dicho anteriormente, sino controlando a la policía local del área de tráfico a quién daba "instrucciones" de que los autocares que llevaban clientes a locales tales como Level o Pachá Son Caliú, de que les dieran el alto y les revisaran documentación, etc. y multaran a las empresas de manera que los turistas no llegaban a sus destinos porque los autocares quedaban retenidos durante mucho tiempo, con lo que se perdía la noche. Mientras esto ocurría era frecuente ver a Sbert por los alrededores controlando a los policías locales para que cumplieran con la estrategia a la que se ha referido.

Que con esta maniobra, Sbert consiguió hundir Pachá Son Caliú y así conseguir la marca "Pachá" y traerla a Palma. De tal manera que Pachá Son Caliú dejó de ser competencia para Pachá Palma, de la que obtuvo la concesión la marca.

"Fraude a la Seguridad Social por trabajadores sin contrato"

Que en todo el tiempo que ha estado trabajando para el Grupo, nunca vio que se hicieran inspecciones policiales, y sin embargo sí que oía a sus jefes cómo eran preavisados de que iban a producirse inspecciones controladas. Tampoco, y cómo sí ha ocurrido en otras discotecas, no se producían controles de alcoholemia en las inmediaciones. Estos controles solían sucederse por ejemplo el Pachá de Son Caliú.
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Pero el Testigo Protegido 32 agregó una nueva denuncia merecedora de inspección: fraude a la Seguridad Social por las condiciones laborales de los empleados del Grupo Cursach, que trabajaban sin contrato, sin vacaciones y sin prestaciones de la Seguridad Social.

Que muchos de los trabajadores, incluido el dicente, estaban trabajando sin contrato laboral, sin horarios, sin días libres, sin vacaciones, sin derecho a prestaciones de la seguridad social y su salario se lo entregaba Pedro LLOBERA en mano en un sobre. El dicente percibía unos 120€ por noche para él, pero recibía el dinero de los grupos estudiantiles que luego le entregaba a Pedro. Este dinero era unos 85 euros por cada niño y era válido para tres noches (una noche en cada discoteca); cada tres días acudían unos 1400 niños; esto es aproximadamente unos 260.000 euros en unos 20 días que se llevaba el grupo por los grupos estudiantiles. Como el dicente habría unos 35 trabajadores que llevaban grupos similares con un nivel aproximado al del dicente, lo que supone que cada uno de ellos, como media, aportaba para el Grupo unos ingresos de 260000 euros cada 20 días de verano, lo que viene a ser unos 9 millones de euros cada 20 días.

Estos ingresos tan solo son durante el mes de junio con los viajes de estudiantes (fin de curso y similar).​

WhatsApps y llamadas internas admitiendo el fraude

Estas denuncias son coincidentes con las de otros empleados del Grupo Cursach, como el Testigo Protegido 27, a las que también ha tenido acceso Público, pero que no agregamos aquí para no extendernos todavía más. En cualquier caso, es difícil de explicar que la Agencia Tributaria no emprendiera una inspección a fondo de las empresas del Grupo con semejantes testimonios, no digamos ya si se añade a todo ello la abundante documentación contable aportada por el Grupo de Blanqueo, intervenida en los ordenadores de los gerentes de cada sala.

Además, las investigaciones policiales agregaron un millar de páginas de mensajes internos de WhatsApp y de llamadas telefónicas interceptadas entre los gerentes del Grupos y Sbert o el propio Cursach, reconociendo la defraudación fiscal masiva que estaban practicando.

Pues Hacienda no sólo rehusó investigar a fondo las cuentas del Grupo Cursach, sino que –ya en 2018– se empleó a fondo en desacreditar a la Policía mediante un informe demoledor que fue utilizado por el juez Florit y el fiscal Juan Carrau para archivar esas actuaciones. Y lo hicieron sin consultar previamente a los agentes policiales que habían efectuado la investigación.

Eso sí, se abrió una causa contra esos policías por la supuesta filtración del atestado en el que se detallaban todos esos hechos, y el ruido mediático provocado tapó la sorprendente exoneración fiscal absoluta del Grupo Cursach.