La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se planta frente a los intentos del Partido Popular por entorpecer la implementación del plan de ahorro energético decretado por el Gobierno. Ribera ha afirmado en una entrevista para la Cadena Ser que considera una "irresponsabilidad grande" la posición que están adoptando las comunidades autónomas dirigidas por los conservadores respecto al mencionado decreto.

"No hay voluntad de plantear propuestas, sólo de imponer su retirada", ha aseverado contundentemente la también vicepresidenta tercera. Ribera ha explicado la sucesión de "excusas" y reticencias que han ido suscitando los presidentes populares, haciendo especial hincapié en los comentarios de Isabel Díaz Ayuso.

La ministra hace alusión a un tuit publicado por la presidenta madrileña en el que aseguró que "Madrid no se apaga". Ayuso amenazó, en un primer momento, con no aplicar el plan porque "genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo", para posteriormente amagar con llevar la medida ante el Tribunal Constitucional (TC).

Ribera sostiene, no obstante, que "nadie ha pedido apagar la capital" y, es más, recalca que no es competencia de la Administración General del Estado que Madrid esté o deje de estar iluminado. Pone en duda que las comunidades reticentes se hayan leído la nueva norma y opina que "lo que objetan no tiene ningún sentido". Ribera ya ha transmitido en más de una ocasión la desconfianza que le genera la posición del PP respecto a esta situación "extremadamente delicada". "Parece que hay una invitación a no cumplir", sospecha.

La vicepresidenta tercera reitera que el ministerio está a disposición de las comunidades y pone en valor los esfuerzos llevados a cabo para cooperar. Ante las críticas esgrimidas por los consejeros de turismo, energía y comercio sobre la dificultad de su implementación y los perjuicios económicos, "se convocó una reunión con los directores generales técnicos, que son quienes pueden resolver las dudas técnicas", afirma. 

Posteriormente, ante la reclamación de la presencia de ministros en dicha reunión, "se organizó un encuentro con los ministros de industria y transición económica" para que se pudieran plantear dudas. Pero "no hubo dudas". "Tampoco hubo propuestas", confirma.

Ribera insiste en que la ley es clara y asegura que "no se pretende sancionar, sino encauzar".​ "No creo que nadie vaya a imponer multas de forma inmediata, habrá que hacer un análisis de por qué no se está cumpliendo", responde cuando se le pregunta sobre qué ocurrirá si los comerciantes incumplen la regla.

En este sentido, la ministra confía en que los gobiernos vayan incorporando las medidas, si bien deja claro que si "pasan los días y eso no está ocurriendo o si mañana hay un problema serio porque en algún sitio se no aplica masivamente ninguna de las medidas, evidentemente nos pondríamos en contacto inmediatamente con la comunidad autónoma". Recuerda que el Constitucional prevé el posible choque de competencias entre administraciones. 

Con todo, se muestra positiva y espera que de cara a la validación del decreto en el Congreso dentro de un mes "todos los partidos" entiendan "la necesidad de esta norma". El paquete de medidas de ahorro energético pretende, entre otras cosas, que edificios administrativos, espacios comerciales así como estaciones de autobús, tren y aeropuertos ajusten sus termostatos para que no queden por debajo de los 27 grados en verano ni superen los 19 grados en invierno; con el objetivo de afrontar la actual crisis energética que golpea a Europa, donde la "situación es crítica y puede haber un corte de gas por parte de Rusia en cualquier momento".