Rufián negoció con Calvo y Lastra que el Gobierno no pidiera al Constitucional la suspensión de la ley catalana de vivienda

El presidente del Grupo Republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, negoció el pasado viernes hasta última hora con la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo y la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, que el Ejecutivo evitara reclamar la suspensión de la ley de vivienda catalana en su recurso al Tribunal Constitucional. Así lo explican fuentes del grupo republicano a Público. El diputado de ERC viajaba a Galicia a presentar su libro El 15M facha, mientras tenían lugar las conversaciones telefónicas con las dirigentes socialistas.

El momento es muy delicado. El Gobierno espera aprobar pronto en Consejo de Ministros los indultos a los dirigentes independentistas en prisión. Este gesto es un punto de partida para reiniciar la mesa de diálogo con el Govern y explorar una etapa de distensión en el conflicto catalán. Es la apuesta de Pedro Sánchez desde Madrid y de Pere Aragonès desde Barcelona. Ambos son conscientes de que cualquier paso en falso puede resultar crucial.

Todos los gestos son muy importantes y que el Gobierno recurra al Tribunal Constitucional una ley aprobada por el Parlament de Catalunya no es un buen precedente. El Gobierno se excusa en que está obligado a presentar recurso. "Es imposible no recurrir", ha asegurado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Y es que el Consell de Garanties Estatutàries dictaminó el pasado agosto que la ley era incompatible con la Constitución y el Estatut de Catalunya.

Según explican fuentes de ERC, tuvo lugar el viernes la conversación entre Rufián y Calvo y Lastra para que el Gobierno eliminara la petición de supresión de la ley en su recurso. Esto lo ha vendido Ábalos ante la prensa como "un gesto importante" hacia la Generalitat.

Por otro lado, desde distintos grupos de la mayoría de la investidura que sostiene al Gobierno de coalición, así como desde Unidas Podemos, afean al PSOE que no salga adelante una ley similar a nivel estatal, lo que haría que se terminara el conflicto de competencias con la ley catalana. El punto de fricción es el que mantiene bloqueada la ley en el seno del Gobierno: la regulación del precio de los alquileres. Motivo, además, por el que hoy han protestado con una cacerolada frente a la sede del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, colectivos a favor del derecho a la vivienda como el Sindicato de Inquilinas.